Antes del permiso
Edición Nº 1092 - Viernes 7 de agosto de 2026. Lectura: 3'
Por Alicia Quagliata
El avance de la represa de Casupá sin la Autorización Ambiental Previa reabre un debate de fondo sobre el respeto al marco legal en la ejecución de las grandes obras públicas. La arquitecta Alicia Quagliata Rienzi sostiene que invertir el orden de los procedimientos debilita los controles ambientales y compromete la fortaleza institucional del Estado.
El gobierno ya expropió tierra y ya lanzó la licitación internacional para construir la represa de Casupá, con cuatro consorcios precalificados compitiendo por la obra. Todavía no tiene la Autorización Ambiental Previa que exige la ley: el trámite sigue a estudio en el Ministerio de Ambiente, y el propio organismo dice que recién adjudicará la licitación cuando ese permiso esté firme.
Luego de casi treinta años de experiencia en proyectos, sabemos que un estudio ambiental previo no es un trámite decorativo: es el momento en que un proyecto se vuelve viable, se tiene claro qué bosque se pierde, qué pasa con el agua corriente abajo, si hay una forma de hacer la misma obra con menor impacto. Ese estudio existe justamente para poder decir que no, o para exigir cambios, antes de que haya plata comprometida y máquinas en el campo.
Cuando el Estado expropia, licita y contrata primero, y deja el estudio para después, ese estudio deja de ser una revisión seria y pasa a ser un trámite que solo puede confirmar lo que ya se decidió.
Y acá el territorio que está en juego no es un descampado cualquiera. Es tierra productiva de la cuenca del Santa Lucía, la misma cuenca que ya carga con el abastecimiento de toda el área metropolitana y que llegó estresada a la crisis de 2023. Inundarla para construir un embalse es una decisión sin vuelta atrás: se pierde monte nativo, se desplaza a productores que ven cómo su campo cambia de valor según a quién le tocó negociar primero, y se apuesta a un modelo de calidad de agua que los propios técnicos del Ministerio de Ambiente consideraron insuficiente. Ese tipo de intervención sobre el territorio exige un análisis preciso.
Lo que no podemos dejar pasar es que el atajo se lo tome el Estado. Un privado que arranca una obra sin permiso se expone a una multa, a que le detengan la obra o, en los casos más graves, a la clausura, de forma casi automática. Un organismo público está sujeto al mismo marco legal, pero nadie se lo hizo cumplir de oficio: la única forma de exigirlo fue que legisladores, productores y organizaciones llevaran el reclamo a la Justicia. Acá el que se salteó el orden es el propio organismo público, con la tierra y los recursos de todos. No hay obra hídrica, por necesaria que sea, que justifique que el Estado se gobierne por la urgencia en lugar de por la ley. Ese principio, tan simple, es la diferencia entre un país de instituciones y uno donde las normas se acomodan según convenga.
No piden que un juez decida si la represa conviene. Piden algo mucho más elemental: que el Estado cumpla con lo que la ley le exige a cualquiera antes de construir. Que haya hecho falta llegar a un tribunal para reclamar eso, dice más sobre el estado de nuestras instituciones que cualquier informe técnico sobre el embalse.
El permiso va antes de la obra, no después. Invertir ese orden no es un detalle de gestión: es la señal de un Estado que decide primero y pregunta después. Ese es el problema de fondo. No la represa.
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