Como explica Paul Ricoeur, hay una "memoria obligada" de muy difícil definición pero que normalmente alude a los episodios fundacionales de una nación o bien a episodios de tal magnitud y unanimidad en el juicio, que no pueden olvidarse tanto por razones de justicia como de responsabilidad cívica. Este último sería el caso, por ejemplo, del Holocausto judío, al que no le han faltado algunos historiadores negacionistas, pero que ha merecido, desde los Juicios de Núremberg, un muy fuerte consenso internacional.

Al lado de esas memorias hay una tentación peligrosísima, que es lo que él llama "el abuso de la memoria", cuando se impone una "memorización forzada" que decreta la conmemoración desde la autoridad del Estado. Todorov, en una obra ejemplar sobre tema, describe este "abuso", que intenta "el control de la memoria propio de los regímenes totalitarios" o de "todos los celosos de gloria". "Los relatos de la memoria", dice, "son demasiado grandes como para confiarlos al entusiasmo o a la cólera".

Como han explicado estos filósofos, el abuso de la memorias incluye siempre un "abuso del olvido" y con esto nos aproximamos a comentar un proyecto -del Frente Amplio- que pretende imponer una policía del pensamiento, condenando "cualquier declaración o manifestación pública que niegue, justifique o minimice las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 y el 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985".

En la exposición de motivos se dice que "el negacionismo busca negar la historia y establecerse como única visión verídica". Es una definición rotunda del propio proyecto de ley, que es eso precisamente, imponer desde el Estado una versión "única" de episodios históricos aun sujetos a interpretación por ser parte de un largo proceso de violencia política. Realmente asombra el intento solo concebible en un régimen fascista o comunista.

Sustantivamente, el "abuso de memoria" lo que pretende establecer es un olvido coactivo de que el fenómeno terrorista no fue sólo del Estado sino que nació de organizaciones que, en plena democracia, se lanzaron a una revolución armada que pretendía sustituir el régimen institucional del país. Inspirados en la revolución cubana, cuando ésta ya se había proclamado comunista, entre 1963 y 1973 llevaron al país a una real situación de guerra. "Supuesta guerra", dice la misma farragosa exposición de motivos, como si no fuera el Parlamento, oficialmente, el que declaró el "estado de guerra interno" en abril de 1972, luego del asesinato simultáneo de cuatro ciudadanos, dos militares, un policía y un prestigioso profesor, en una típica acción destinada, precisamente, a sembrar el "terror". Lo mismo decía, en 1971, el mismísimo "Correo Tupamaro": "a cinco meses de las elecciones estamos en guerra".

Las acciones encuadraban estrictamente en el concepto de "terrorismo". Secuestrar al Embajador británico reclamando la libertad de los procesados por la justicia ordinaria, ¿qué es? Secuestrar intachables comerciantes como Ricardo Ferrés o políticos cercanos al Presidente como el Dr. Pereira Reverbel, ¿qué es? Secuestrar el Cónsul General de Brasil para poner al país en vilo frente a la dictadura brasileña, ¿qué es? Asesinar fríamente a un modesto trabajador rural por haber tenido la mala suerte de ver a un grupo tupamaro salir de una "tatucera", ¿qué es? La historia es conocida. Ella no exculpa de ningún modo a los golpistas de febrero de 1973. Su responsabilidad es inocultable. Pero hablar del golpe de Estado e ignorar diez años de asaltos, secuestros y asesinatos, que sacaron a los militares de los cuarteles, es una manipulación absoluta de los hechos históricos. Un mayúsculo abuso del olvido.

En medio de esta construcción de un "relato" se insiste una vez más en la tesis que ya parcialmente lograron consagrar legalmente, de que el periodo de facto empezó el 13 de junio de 1968 cuando se decretaron medidas prontos de seguridad. Como se sabe, estas son una medida constitucional, que depende del Parlamento y que se mantuvieron por su decisión. En 1971 hubo elecciones libres y da la casualidad que las gana el gobierno. En lo personal, el Presidente Pacheco obtiene para su reelección (no consagrada por el plebiscito conjunto) el mayor caudal de votos de la elección. Como dijo el General Seregni de él "hay que reconocer su inteligencia: es cierto, con la complicidad del sector político, pero nunca transgredió la Constitución y la ley".

Volvemos al olvido: febrero de 1973, cuando todo el Frente, y especialmente el Partido Comunista, celebraban los comunicados 4 y 7 de los militares sublevados contra el poder civil. El 10 de febrero, en medio de la insubordinación, con los tanques en la calle, el diario "El Popular" decía: "nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre poder civil y poder militar; que la divisoria es entre oligarquía y pueblo, y que dentro de éste caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo, para terminar con el dominio de la rosca oligárquica. Por qué nos parece, en general, positivo el documento de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de determinadas salvedades...". Hoy parece surrealista, leer estos pronunciamientos, como los de la CNT. Pero todo está publicado y ya nadie puede borrarlo.

Febrero se saltea ¿No es, sin embargo, el momento en que luego del Pacto de Boisso Lanza el poder civil queda subordinado al poder militar?

El Partido Comunista, que arrastra hoy a todo el Frente, por vía directa (o indirecta a través del PIT.CNT), está machaconamente dispuesto a insistir con la tergiversación de la historia a través de una memoria falsa. Desvían el debate hacia aquel tiempo, pretendiendo invocar una convicción democrática que no tuvieron.

Lo triste es que muchos que le siguen no advierten que están a punto de caer en el fascismo. Razón por la cual, cuanto más insistan más nos encontrarán para preservar la verdad histórica.