Correo de los Viernes - Melgar bajo la lupa de Torre Ejecutiva

Melgar bajo la lupa de Torre Ejecutiva

Edición Nº 1095 - Viernes 28 de agosto de 2026. Lectura: 8'

La gestión de la comunista Micaela Melgar al frente del INDA acumula cuestionamientos y acaba de recibir una señal política difícil de minimizar: el presidente Yamandú Orsi se negó a convalidar el resultado de una millonaria licitación para suministrar alimentos a refugios y comedores y el expediente regresó al MIDES. En Torre Ejecutiva hay disconformidad con la jerarca. Detrás del episodio administrativo también cabe preguntarse cuánto pesa la creciente batalla por espacios de poder entre el MPP y el Partido Comunista.

No se trata simplemente de una firma que todavía no llegó. El presidente Yamandú Orsi no convalidó el orden de prelación surgido de una licitación gestionada por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), que dirige desde marzo de 2025 la exdiputada y dirigente del Partido Comunista del Uruguay Micaela Melgar. Como consecuencia, el expediente volvió al Ministerio de Desarrollo Social, órgano jerarca del instituto, y quedó en manos del ministro Gonzalo Civila (PS). El procedimiento, por tanto, no concluyó. Así lo informó El País, que agregó un dato político todavía más significativo: en la cúpula del gobierno existe disconformidad con la gestión de Melgar y una serie de episodios habría venido erosionando el respaldo con que contaba en Torre Ejecutiva.

La decisión de Orsi merece ser respaldada. Cuando se manejan aproximadamente US$ 24 millones de dinero público, y más todavía cuando están en juego alimentos destinados a personas vulnerables, las formalidades administrativas no son una molestia burocrática: constituyen la garantía elemental de que nadie puede disponer de recursos públicos antes de que la autoridad competente haya adoptado una resolución válida.

El llamado cuestionado fue abierto el 3 de setiembre de 2025 para adquirir hasta 3.600.000 comidas elaboradas refrigeradas, por un monto estimado de $ 972 millones. Una de las participantes, Fedir S.A., que opera comercialmente como Delibest y es proveedora histórica del Estado, denunció ante Presidencia el 11 de agosto una serie de presuntas irregularidades. Entre ellas sostuvo que, durante el proceso, la Comisión Asesora de Adjudicaciones formuló pedidos de aclaración que habrían permitido a otros oferentes completar o modificar sus propuestas y cuestionó también la forma en que fueron ponderados sus antecedentes. Son, naturalmente, afirmaciones de la empresa interesada y como tales deben ser consideradas mientras la administración no concluya su análisis.

Pero hay un punto mucho menos opinable. Según la documentación presentada por Fedir y la información recogida tanto por El País como por El Observador, el INDA comenzó en agosto a operar de acuerdo con el nuevo reparto de comidas pese a que la licitación todavía no había sido adjudicada. El 3 de agosto se habría instruido a los proveedores para entregar determinadas cantidades conforme al orden de prelación propuesto. El propio MIDES confirmó a El Observador que la licitación aún no estaba adjudicada.

Ese es el corazón verdaderamente inquietante del asunto. No hace falta aceptar todos los argumentos de Fedir para advertir el problema. Una cosa es que una empresa discuta los puntajes recibidos porque pretende obtener una mayor porción del negocio. Otra muy distinta es que un organismo público comience a comportarse como si existiera una adjudicación cuando la decisión administrativa que debía darle sustento todavía no existe.

Fedir fue colocada última en el orden de prelación y, de concretarse la distribución prevista, pasaría de suministrar unas 6.800 comidas diarias a aproximadamente 1.900. La firma afirma que hubo una ponderación incorrecta de antecedentes y que el mecanismo terminó beneficiando especialmente a Indunet S.A., empresa que, según la denunciante, no tenía experiencia anterior en viandas frescas. También señaló que un ministro del Tribunal de Cuentas realizó una observación respecto de la valoración del rubro antigüedad.

La controversia se volvió todavía más turbia después de la denuncia. Fedir presentó el 18 de agosto un nuevo escrito, esta vez ante el MIDES, afirmando que sus entregas comenzaron a ser sometidas por el INDA a “inspecciones extraordinarias y exhaustivas” que, según la empresa, no eran habituales. No hay elementos disponibles para afirmar que se tratara de una represalia y sería irresponsable presentarlo como un hecho demostrado. Pero la secuencia temporal —denuncia ante Presidencia y controles excepcionalmente rigurosos inmediatamente después— hace inevitable que se plantee la pregunta.

Tampoco corresponde convertir a Fedir en una víctima angelical. En marzo de este mismo año su planta fue suspendida preventivamente después de que un control bromatológico detectara listeria y el INDA debió disponer el descarte de 5.710 viandas destinadas a programas sociales. La empresa volvió a quedar habilitada días después. El episodio demuestra que los controles sobre Fedir no sólo son legítimos sino necesarios; lo que debe esclarecerse ahora es si los controles recientes respondieron a criterios técnicos normales o si el trato cambió como consecuencia del conflicto administrativo.

La misma prudencia debería aplicarse a las denuncias de Fedir sobre sus competidores. La empresa aseguró haber documentado viandas con vencimiento el mismo día de entrega cuando el pliego exigiría una vida útil mínima de 48 horas, alimentos transportados en cajones plásticos en lugar de recipientes isotérmicos, fruta sin el proceso previo de higienización y problemas de rotulado, además de vehículos que no habrían sido declarados en las ofertas. Son acusaciones suficientemente graves como para investigarlas, pero siguen siendo por ahora acusaciones de uno de los oferentes.

El problema para Melgar es que el episodio no aterriza sobre terreno virgen. Ya el año pasado el INDA había quedado expuesto durante su comparecencia ante la comisión bicameral de alimentación cuando presentó información desactualizada sobre inseguridad alimentaria. Ante el señalamiento del senador Martín Lema, una técnica del organismo reconoció: “La presentación no es correcta” y “cometimos errores”. Puede tratarse de una equivocación técnica, pero sumada ahora a un procedimiento licitatorio de semejante volumen que llegó hasta el despacho presidencial sin obtener la convalidación requerida, ayuda a explicar que la valoración política de la gestión haya empeorado.

Y allí aparece una segunda dimensión que no conviene ignorar. Micaela Melgar no es solamente una directora técnica del INDA: es una dirigente comunista. Fue diputada por la lista 1001, integró la dirección de la Unión de la Juventud Comunista y pertenece al PCU, sector que ocupa varios lugares sensibles en el actual gobierno. Orsi, en cambio, proviene del MPP, que es largamente el sector electoralmente más poderoso del Frente Amplio y tiene en la Secretaría de Presidencia, con Alejandro Sánchez, uno de los centros decisivos del Poder Ejecutivo.

La relación entre ambas corrientes dista de ser apacible. El País ya ha descrito expresamente “la disputa” entre el MPP y los comunistas, visible primero en el plebiscito de la seguridad social y luego en la propuesta del PCU de gravar al 1% más rico, iniciativa que produjo molestia en la cúpula gubernamental. En abril, además, Búsqueda informó que fuentes del Ejecutivo interpretaban determinadas críticas al MIDES como expresión de un malestar del Partido Comunista con la gestión de Civila. Y esta misma semana la posibilidad planteada desde Presidencia de decretar la esencialidad en el conflicto portuario volvió a enfrentar la posición de Alejandro Sánchez con la de dirigentes comunistas.

¿Es entonces la devolución de este expediente una nueva batalla entre el MPP y el PCU? No existe evidencia que permita afirmarlo. Y sería un error degradar un problema administrativo serio convirtiéndolo sin pruebas en una mera operación sectorial. Pero sería igualmente ingenuo analizar el episodio como si ocurriera en un gobierno sin internas. En política, los errores de gestión rara vez permanecen aislados de las relaciones de poder. Cuando un jerarca comienza a perder respaldo, su filiación sectorial importa; y cuando quienes deben decidir sobre su continuidad o corregir sus decisiones pertenecen a otro de los grandes polos de la coalición, la lectura política resulta inevitable.

Incluso puede ocurrir que ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo: que exista una mala gestión que justifique por sí misma el freno presidencial y que esa debilidad sea aprovechada en una disputa más amplia por la conducción del gobierno y del Frente Amplio.

Por ahora hay una certeza mucho más importante que cualquier especulación interna. Yamandú Orsi hizo lo que correspondía: no puso su firma debajo de un procedimiento rodeado de demasiadas interrogantes y devolvió el expediente al MIDES para que se revise. En un gobierno al que no le han faltado episodios de desprolijidad, corresponde reconocer cuando el presidente decide poner un límite.

Ahora el MIDES debe aclarar qué ocurrió, determinar si el INDA comenzó efectivamente a ejecutar una contratación antes de que existiera adjudicación, responder los cuestionamientos sobre los puntajes, comprobar o descartar las denuncias sanitarias contra otros proveedores y explicar el motivo de los controles extraordinarios realizados a Fedir.

Y después habrá una pregunta política que Orsi y Civila deberán contestar: si lo ocurrido es simplemente un expediente mal llevado que puede corregirse o si confirma algo más profundo, aquello que ya se comenta dentro de la propia Torre Ejecutiva: que la gestión de la comunista Micaela Melgar al frente del INDA dejó de ofrecer las garantías políticas y administrativas que un organismo de esa importancia exige.