Edición Nº 1073 - Viernes 20 de marzo de 2026

Medidas y anuncios con gusto a poco

Viernes 20 de marzo de 2026. Lectura: 6'

El gobierno de Yamandú Orsi anunció un paquete de medidas para simplificar trámites en el comercio exterior y reducir costos administrativos, en una primera señal de su agenda de competitividad. El ministro Gabriel Oddone sostuvo que el camino no pasa por el tipo de cambio sino por reformas microeconómicas que mejoren la eficiencia del Estado y del sector productivo. Aunque los cambios apuntan en la dirección correcta, su alcance es limitado y la verdadera prueba llegará con el proyecto de ley de competitividad e innovación que el gobierno promete enviar al Parlamento el 31 de mayo. 

El Poder Ejecutivo anunció un conjunto de medidas orientadas a mejorar la competitividad de la economía uruguaya y a simplificar los trámites que enfrentan las empresas, especialmente en el comercio exterior. El paquete fue presentado por el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, quienes adelantaron además que el gobierno enviará al Parlamento, antes del 31 de mayo, un proyecto de Ley de Competitividad e Innovación.

Las medidas anunciadas no requieren aprobación legislativa y apuntan a reducir costos administrativos, agilizar procedimientos y facilitar la operatoria del comercio exterior. Según estimó el Ministerio de Economía, su aplicación implicará ahorros cercanos a los 20 millones de dólares anuales para el sector privado, lo cual luce a una gota de agua en el océano. No es que esté mal: es que es muy poco.

Un diagnóstico compartido: Uruguay lento y caro

En la presentación, Orsi reconoció que el país enfrenta problemas en materia de clima de negocios, aun cuando mantiene fortalezas institucionales y macroeconómicas.

Uruguay es reconocido como un país de certeza jurídica, con reglas claras y estabilidad macroeconómica. Pero hay otra cara de esta realidad, fundamentalmente cuando hablamos de clima de negocios, comercio exterior y posibilidad de inversión”, afirmó.

El presidente admitió que, en varios aspectos, el país es percibido como “un poco lento para tomar algunas decisiones” y que, para algunos actores económicos, puede aparecer como un país “caro” o con partes del Estado que están más para dificultar que para facilitar.

Por eso, explicó, el objetivo del gobierno es avanzar hacia un país más ágil y con menos costos administrativos para la actividad económica, manteniendo al mismo tiempo controles eficaces.
No es desregular, sino mejorar lo regulado y controlar mejor”, afirmó el presidente Orsi, lo cual fue minutos después reafirmado por el ministro Oddone al señalar que “no es una agenda de desregulación, sino de mejora de la matriz de regulación”.

Competitividad sin devaluación

Desde el punto de vista económico, Oddone dejó claro que la estrategia del gobierno no pasará por instrumentos macroeconómicos como el tipo de cambio.

El tipo de cambio no es la variable sobre la cual nosotros vamos a trabajar para mejorar la competitividad. Es inefectivo y tiene consecuencias en la inflación, por lo tanto en la economía de las personas”, sostuvo.

El ministro explicó que Uruguay ya realizó gran parte de los ajustes macroeconómicos necesarios durante las últimas décadas, logrando estabilidad, previsibilidad y baja inflación. Por eso, el enfoque del gobierno se concentrará ahora en reformas microeconómicas, lo cual —en tanto enfoque— es sin lugar a dudas correcto.

El enfoque que tenemos en este gobierno es de reformas microeconómicas”, afirmó.

Según Oddone, muchos de los problemas que hoy afectan la competitividad estuvieron durante años disimulados por un contexto inflacionario más alto.

Con inflaciones de 8%, 10% o 20%, estos fenómenos estaban desapercibidos. Hoy, con una inflación por debajo del 4%, el agua bajó y estamos todos en ropa interior”, graficó.

Las cuatro medidas inmediatas

El paquete de medidas administrativas anunciado se concentra en la simplificación de trámites vinculados al comercio exterior:

1. Eliminación de la intervención previa de la DGI en importaciones. Actualmente algunas operaciones requieren trámites previos ante la Dirección General Impositiva. Con la nueva modalidad, el control se realizará de forma posterior, mediante una mejor coordinación entre la DGI y la Dirección Nacional de Aduanas. Esto reducirá certificados, tiempos de gestión y costos administrativos para los operadores.

2. Eliminación del soporte papel en el comercio exterior. Toda la documentación pasará a gestionarse exclusivamente en formato electrónico. Hoy muchas operaciones obligan a almacenar documentación física durante años, lo que implica costos logísticos y administrativos.

3. Facilidades de pago en las importaciones. Los tributos asociados al comercio exterior podrán pagarse hasta 30 días después de liberada la mercadería, en lugar de hacerlo antes de retirarla. Según Oddone, esta medida reducirá el costo financiero de las operaciones y mejorará la liquidez de las empresas.

4. Reducción de costos aduaneros. Se eliminarán los precintos electrónicos en determinados tránsitos —como los ferroviarios o los realizados por operadores económicos calificados— y se reducirá el tiempo de devolución de tributos a exportadores, que pasará de 210 a 30 días en algunos casos. Además, se limitarán las verificaciones físicas a operaciones que surjan de análisis de riesgo.

La reforma que vendrá

Las medidas anunciadas forman parte de una agenda más amplia que el gobierno pretende consolidar en la Ley de Competitividad e Innovación, cuyo envío al Parlamento está previsto para el 31 de mayo.

El proyecto incluirá capítulos vinculados al comercio exterior, la regulación de la competencia, la innovación y la simplificación de trámites administrativos. Para su elaboración, el Ministerio de Economía abrió un proceso de consultas con diversos sectores sociales y académicos.

La intención es identificar reformas que permitan mejorar la eficiencia del Estado, facilitar la inversión y modernizar algunos marcos regulatorios que hoy afectan la actividad económica.

Un comienzo necesario, pero todavía muy modesto

El diagnóstico oficial es difícil de discutir. Uruguay tiene estabilidad macroeconómica, instituciones previsibles y reglas de juego relativamente claras, pero enfrenta problemas persistentes de costos, burocracia y lentitud administrativa que afectan su competitividad.

En ese contexto, las medidas anunciadas van —reiteramos— en la dirección correcta. Reducir trámites, digitalizar procedimientos y aliviar costos financieros para el comercio exterior son cambios razonables y largamente reclamados por el sector productivo.

Sin embargo, también es cierto que se trata de ajustes administrativos de alcance limitado. Pueden mejorar la operativa cotidiana de muchas empresas, pero difícilmente alteren por sí solos los factores estructurales que condicionan la competitividad del país.

Por eso, el verdadero test llegará con el proyecto de ley que el gobierno promete presentar a fines de mayo. Si el paquete legislativo logra abordar con mayor profundidad los problemas regulatorios, de competencia y de innovación que afectan a la economía uruguaya, estas primeras decisiones podrán verse como el inicio de una agenda reformista.

Por ahora, las medidas anunciadas resultan necesarias, pero inevitablemente dejan gusto a poco. El país necesita reformas más ambiciosas para ganar agilidad y productividad. La expectativa está puesta, entonces, en que el proyecto que llegará al Parlamento el 31 de mayo tenga la audacia que esta primera batería de decisiones apenas insinúa. La afirmación del presidente Orsi, ratificada por el ministro Oddone, de que no se trata de desregular, no permite que seamos muy optimistas, pero quedamos a la espera...



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