Correo de los Viernes - Médicos en alquiler: la ficción solidaria de Cuba

Médicos en alquiler: la ficción solidaria de Cuba

Viernes 27 de marzo de 2026. Lectura: 4'

Durante más de medio siglo, Cuba vendió al mundo la épica de sus “brigadas médicas” como un gesto de altruismo revolucionario. Hoy, esa narrativa se desmorona: detrás del discurso solidario emerge un sistema de exportación de profesionales que genera divisas para el régimen bajo condiciones cuestionadas y mientras la propia salud en la isla se derrumba. Lo que se presenta como cooperación es, en rigor, un negocio. Y ya no alcanza la retórica para disimularlo.

Durante décadas, el régimen cubano ha construido una de sus más eficaces herramientas de proyección internacional sobre un relato tan emotivo como funcional: el del “internacionalismo médico”. Desde los años sesenta, y con mayor sistematicidad a partir de los noventa tras la caída de la Unión Soviética, las llamadas “brigadas solidarias” de médicos cubanos fueron presentadas como la expresión más noble de una revolución que, aun en la escasez, exportaba salud a los rincones más pobres del mundo.

Ese relato, sin embargo, ha envejecido mal. Y hoy, frente a la acumulación de evidencia, se cae a pedazos.

Lo que en sus orígenes tal vez pudo haber tenido componentes genuinos de cooperación, derivó con el tiempo en un sistema estructurado de exportación de servicios profesionales controlado férreamente por el Estado cubano. Un sistema que no solo se transformó en fuente de divisas del régimen —por encima incluso del turismo— sino que además se sostiene sobre condiciones laborales que diversos organismos y gobiernos han calificado como coercitivas y propias de la trata de personas.

El mecanismo es conocido, aunque durante años se lo haya preferido ignorar: los médicos son enviados al exterior bajo contratos firmados entre Estados; el país receptor paga sumas millonarias por esos servicios; y el profesional recibe apenas una fracción de ese dinero. El resto —la parte sustantiva— queda en manos del gobierno cubano. A ello se suman restricciones severas: retención de pasaportes, vigilancia política, limitaciones para viajar con sus familias y sanciones —incluida la prohibición de regresar a Cuba por años— para quienes abandonen la misión.

No se trata, entonces, de un programa de solidaridad, sino de un esquema estatal de intermediación laboral que captura la renta del trabajo médico bajo condiciones de fuerte asimetría y control. La “brigada” es, en los hechos, una exportación de mano de obra calificada bajo tutela política.

La prueba más elocuente de esta naturaleza económica —y no altruista— del sistema es la reacción furibunda del régimen cubano ante los intentos de Estados Unidos de persuadir a distintos países para que cancelen o revisen estos acuerdos. Si se tratara de un acto desinteresado de cooperación humanitaria, su eventual interrupción sería, en todo caso, una pérdida simbólica. Pero no lo es: es un golpe directo a una de las principales fuentes de ingresos del Estado cubano. De ahí la virulencia de las respuestas oficiales y la movilización diplomática para sostener los convenios, como se ha visto recientemente en América Latina y el Caribe.

En paralelo, comienzan a acumularse cuestionamientos desde los propios países receptores. Investigaciones sobre irregularidades contractuales, opacidad en los pagos y condiciones laborales de los profesionales cubanos han encendido alertas. Incluso gobiernos ideológicamente afines han debido salir a justificar públicamente la continuidad de estos programas frente a crecientes críticas.

Pero hay una dimensión aún más reveladora —y profundamente incómoda para la narrativa oficial—: el deterioro del propio sistema de salud dentro de Cuba. Mientras el régimen y sus voceros insisten en exhibir a la medicina cubana como un emblema de la revolución, la realidad en la isla muestra hospitales en ruinas, escasez crónica de insumos, falta de medicamentos básicos y un éxodo constante de profesionales. La paradoja es brutal: un país que exporta médicos al mundo mientras su población enfrenta un sistema sanitario colapsado.

Esa contradicción no es casual. Es la consecuencia directa de un modelo que prioriza la generación de divisas sobre la atención interna. Los médicos que faltan en Cuba están, muchas veces, en misiones en el exterior. Y los recursos que podrían destinarse a mejorar el sistema doméstico son absorbidos por un Estado que utiliza la salud como mercancía.

En este contexto, resulta particularmente llamativo —cuando no directamente incomprensible— que sectores políticos en Uruguay, especialmente dentro del Frente Amplio y su entorno, persistan en sostener el relato de la “solidaridad” cubana. Más aún cuando es un hecho conocido que Cuba cobró por cada médico enviado al país en el marco de estos programas.

No hay aquí filantropía ni cooperación desinteresada. Hubo —y hay— contratos, transferencias de dinero y un esquema de intermediación estatal que lucra con el trabajo de sus profesionales. Llamarlo solidaridad no es solo una simplificación: es una distorsión deliberada.

A esta altura, la discusión ya no debería girar en torno a simpatías ideológicas, sino a hechos verificables. Y los hechos son claros: el sistema de misiones médicas cubanas es un negocio de exportación de servicios que se sostiene sobre condiciones cuestionables y que ha servido durante décadas para financiar a un régimen que, puertas adentro, no logra garantizar ni siquiera la calidad del sistema de salud que proclama como su mayor logro.

Persistir en la ficción, frente a esta evidencia, no es ingenuidad. Es complicidad narrativa con una de las operaciones más exitosas —y más cínicas— del aparato de propaganda del castrismo.