Correo de los Viernes - Más que nunca, Ferrero debe continuar

Más que nunca, Ferrero debe continuar

Edición Nº 1106 - Viernes 13 de noviembre de 2026. Lectura: 5'

Las revelaciones sobre Sebastián Marset constituyen un formidable reconocimiento a la integridad de Mónica Ferrero, precisamente por provenir de quien la considera una enemiga. Mantenerla al frente de la Fiscalía se ha convertido, por tanto, en una cuestión de afirmación institucional; una forma de demostrar que el Estado no retrocede ante las amenazas del narcotráfico. Al mismo tiempo, resulta imperioso identificar a los funcionarios que habrían aceptado sus sobornos.

Pocas veces un funcionario público recibe un reconocimiento tan contundente como el que acaba de obtener la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Y pocas veces ese reconocimiento proviene de una fuente tan inesperada: uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos de la región, Sebastián Marset, quien la considera «incorruptible» y, precisamente por esa razón, ordenó amenazarla.

La revelación surge de una investigación del periodista Guillermo Draper, publicada ayer por el semanario Búsqueda, que accedió a documentación presentada ante la Justicia estadounidense en el proceso contra Marset. Los fiscales norteamericanos pretenden incorporar pruebas que muestran cómo el narcotraficante utilizaba sistemáticamente el método de «plata o plomo»: comprar a quienes podían facilitar sus actividades criminales y amenazar o eliminar a quienes se resistían.

Según esos documentos, Marset admitió ante agentes de la DEA que había ordenado amenazar a Ferrero porque era «incorruptible». También reconoció haber organizado el atentado con explosivos contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, perpetrado en mayo de 2020. Los investigadores cuentan, además, con mensajes encriptados en los que el delincuente daba instrucciones para intimidar directamente a la entonces fiscal de Estupefacientes.

No estamos, pues, ante una apreciación favorable de sus colegas o una declaración de respaldo político. Estamos ante el reconocimiento de un delincuente que encontró en Ferrero un obstáculo que no pudo remover mediante la corrupción y al que procuró doblegar por el miedo.

Y ese reconocimiento adquiere una dimensión todavía más dramática después del atentado perpetrado contra su domicilio en setiembre de 2025, cuando delincuentes utilizaron una granada y efectuaron disparos. La eventual responsabilidad de Marset como autor intelectual de aquel ataque sigue siendo materia de investigación, pero la gravedad de lo ocurrido está fuera de discusión.

La propia Ferrero, al conocer las revelaciones, expresó ayer su satisfacción: «Gran orgullo para mi país, más allá de lo personal». Tiene razón. Su integridad no es solamente un mérito individual. Es un activo institucional que pertenece a toda la sociedad uruguaya.

Una continuidad que importa

Estas revelaciones deberían tener consecuencias en el debate político sobre la conducción de la Fiscalía General de la Nación.

Es sabido que el oficialismo ha pretendido sustituir a Ferrero, actualmente en funciones como fiscal de Corte subrogante, mientras que los partidos de la Coalición Republicana han defendido su continuidad. Aunque recientemente el Frente Amplio retiró esa cuestión de las negociaciones por otros cargos institucionales, el asunto permanece sin una solución definitiva.

Lo conocido ahora proporciona un argumento de enorme peso para mantenerla en funciones. No porque ningún funcionario deba considerarse insustituible, sino porque las circunstancias han convertido su permanencia en una señal de resistencia del Estado frente al crimen organizado.

Sería un mensaje profundamente equivocado que una fiscal amenazada por narcotraficantes, precisamente por no dejarse comprar ni intimidar, terminara siendo desplazada en medio de controversias políticas.

El Estado debe proteger a quienes lo defienden. Y debe hacerlo no solamente con medidas de seguridad personal, sino también mediante un respaldo institucional inequívoco.

Los narcotraficantes tienen que saber que amenazar a un fiscal no les permitirá apartarlo, que una granada no modificará las decisiones de la Justicia y que el dinero no compra necesariamente la voluntad de quienes están llamados a perseguirlos.

En este punto, las diferencias partidarias deberían quedar subordinadas a una prioridad nacional. No se puede ceder ante quienes temen y odian a una fiscal precisamente porque cumple con su deber.

Los corruptos deben aparecer

Pero las revelaciones de Búsqueda contienen otro elemento de enorme gravedad que tampoco puede pasar inadvertido.

La Fiscalía estadounidense afirma disponer de pruebas de que Marset pagó sobornos a funcionarios de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela para obtener información privilegiada y protección frente a las autoridades.

En el caso uruguayo, la información conocida todavía no identifica a los funcionarios involucrados. Precisamente por eso resulta indispensable iniciar o profundizar las investigaciones correspondientes, recurriendo a todos los mecanismos de cooperación judicial internacional.

¿Quiénes recibieron dinero de Marset? ¿Qué información le proporcionaron? ¿Qué investigaciones fueron comprometidas? ¿Qué operativos pudieron frustrarse gracias a esas filtraciones? ¿Existen todavía personas vinculadas a esa trama dentro de organismos del Estado?

Son preguntas que exigen respuestas. No se trata de lanzar sospechas indiscriminadas sobre funcionarios públicos, policías o integrantes de los organismos de seguridad, sino de identificar a quienes, si las acusaciones se confirman, traicionaron sus responsabilidades y pusieron las instituciones al servicio de una organización criminal.

La corrupción vinculada al narcotráfico es particularmente peligrosa porque no solamente facilita delitos: destruye desde adentro la capacidad del Estado para combatirlos.

Uruguay no puede conformarse con conocer estas revelaciones a través de un expediente judicial extranjero. Debe investigar, establecer responsabilidades y sancionar a los culpables con todo el rigor de la ley.

La investigación estadounidense expone, en definitiva, las dos caras de una misma realidad: funcionarios que, según los fiscales, se dejaron comprar, y una fiscal que no se dejó doblegar.

La respuesta institucional debe ser igualmente clara en ambos sentidos: perseguir a los corruptos y respaldar a los honestos.

Mónica Ferrero ha demostrado que es posible enfrentar al narcotráfico sin transar con él, aun a costa de gravísimos riesgos personales. Que los propios delincuentes la reconozcan como incorruptible constituye una credencial que ninguna negociación política debería ignorar.

Uruguay necesita funcionarios a los que los narcotraficantes teman, no funcionarios que les teman a los narcotraficantes. Y cuando tiene una fiscal de esas características, debe defenderla y mantenerla en su cargo a capa y espada.