Correo de los Viernes - María Julia Muñoz o la infamia como arma política

María Julia Muñoz o la infamia como arma política

Viernes 30 de octubre de 2026. Lectura: 6'

La exministra frenteamplista María Julia Muñoz acusó al senador Javier García de recibir dinero del astillero Cardama, sin presentar una sola prueba que respalde semejante imputación. No se trata de una discrepancia política ni de una opinión desafortunada, sino de un ataque gravísimo a la honorabilidad de una persona. La irresponsabilidad de quien ocupó importantes cargos de gobierno resulta tan inadmisible como el silencio complaciente de quienes deberían condenar sin ambigüedades semejante conducta.

En política se puede discutir todo. Se pueden cuestionar decisiones, denunciar irregularidades, exigir investigaciones y reclamar responsabilidades. Lo que no se puede hacer, sin degradar hasta límites intolerables la convivencia democrática, es acusar públicamente a una persona de corrupción sin aportar la menor prueba. Eso es precisamente lo que acaba de hacer la exministra María Julia Muñoz con el senador nacionalista Javier García.

Durante una entrevista en el canal dc streaming de El Observador, Muñoz afirmó que “en el Partido Nacional hubo mucho robo para la corona” y vinculó directamente el financiamiento electoral de la Lista 40 con el astillero español Cardama. “Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo. Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está?”, expresó. Y fue todavía más lejos: “Yo digo que hubo guita solventando la 40, solventando a Javier García”.

Es difícil concebir una acusación más grave formulada con semejante ligereza. Una exministra de Estado, que debería conocer mejor que nadie el valor de la responsabilidad institucional, se permite imputar la recepción de dinero proveniente de un supuesto entramado de sobornos basándose, aparentemente, en que una lista electoral tuvo demasiada publicidad para su gusto.

¿Dónde están los documentos? ¿Dónde las transferencias bancarias? ¿Dónde los testimonios? ¿Dónde el más mínimo elemento objetivo que permita sostener una acusación de semejante magnitud? No apareció ninguno. Lo único que ofreció Muñoz fue su propia sospecha, transformada alegremente en sentencia condenatoria.

Pero la exministra no se detuvo allí. También aseguró que el expresidente Luis Lacalle Pou conocía la existencia de coimas durante su administración. “Sabía que en su gobierno había coimas, obviamente. ¿Cómo no lo va a saber?”, declaró muy jarifa. Nuevamente, la misma fórmula: una afirmación categórica, ninguna demostración y una desfachatez verdaderamente asombrosa.

El caso Cardama puede y debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. Si hubo irregularidades administrativas, incumplimientos contractuales o responsabilidades políticas, corresponde establecerlas. Y si existieron delitos, deberán determinarlo los tribunales. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes ocuparon los más altos cargos del Estado.

Pero entre cuestionar una contratación pública y acusar a un exministro de recibir sobornos existe un abismo moral y jurídico que Muñoz decidió atravesar sin vacilaciones. Una garantía cuestionada no constituye prueba de una coima. Una controversia contractual no demuestra financiamiento electoral ilícito. Y una sospecha personal, por más vehementemente que se exprese, jamás puede sustituir a la evidencia.

Lo ocurrido resulta particularmente repugnante porque no estamos ante una discusión sobre la gestión de Javier García, sino ante un intento de arruinar su reputación personal. Se podrá discrepar con sus decisiones ministeriales, sus posiciones parlamentarias o sus planteos políticos. Todo ello pertenece al terreno legítimo de la controversia democrática. Pero presentarlo ante la opinión pública como un dirigente que recibió dinero espurio, sin demostrarlo, significa pasar deliberadamente de la crítica al enchastre.

La honorabilidad de una persona no es un bien descartable en la lucha partidaria. Detrás del senador hay un ciudadano, una familia y una trayectoria que no pueden quedar a merced de cualquier acusación irresponsable. El daño reputacional puede producirse en segundos; repararlo, aun cuando la falsedad de una imputación quede demostrada, puede resultar imposible.

García respondió anunciando que recurrirá a la Fiscalía. “La inmundicia de las declaraciones de María Julia Muñoz deberá repetirlas en Fiscalía”, escribió. Tiene sobrada razón en exigir que quien formuló semejantes acusaciones asuma la responsabilidad correspondiente. La libertad de expresión no puede convertirse en una patente de corso para destruir honras ajenas.

El Partido Nacional repudió institucionalmente los dichos de Muñoz y exigió una posición del Frente Amplio. Su presidente, Fernando Pereira, procuró tomar distancia señalando que las expresiones de la exministra eran personales y no coincidían con la postura oficial de su colectividad.

Es una aclaración necesaria, pero insuficiente. Porque no alcanza con explicar que Muñoz ya no integra los organismos de dirección del partido. Nadie puede borrar que fue una figura de enorme relevancia en los gobiernos frenteamplistas. Lo exigible no era solamente un deslinde político, sino una condena inequívoca del procedimiento utilizado. Y Pereira, en lugar de hacerlo con toda claridad, prefirió introducir comparaciones con declaraciones de dirigentes nacionalistas, como si los agravios ajenos pudieran atenuar la gravedad de una imputación de corrupción carente de pruebas.

Hay algo profundamente perverso en esta modalidad de confrontación: primero se lanza la acusación, luego se instala la sospecha y finalmente se traslada al acusado la carga de demostrar su inocencia. Es la inversión completa de uno de los principios más elementales del Estado de derecho. Ya no importa demostrar que alguien cometió un delito; alcanza con insinuarlo para que una parte de la opinión pública lo considere culpable.

Eso no es fiscalización democrática. No es valentía política. No es compromiso con la transparencia. Es una práctica de demolición personal que debería avergonzar a cualquiera que reivindique los valores republicanos.

María Julia Muñoz tuvo suficientes responsabilidades públicas como para no poder ampararse ahora en la excusa de un comentario improvisado. Sabe perfectamente lo que significa acusar a un ciudadano de recibir coimas. Y debería saber, también, que la discrepancia política más profunda no autoriza a pisotear la dignidad de nadie.

Tiene, por tanto, dos caminos: presentar las pruebas que respalden sus afirmaciones ante la Justicia o retractarse públicamente y pedir disculpas. Lo que no resulta admisible es arrojar una acusación de semejante gravedad y pretender que todo quede reducido a una opinión más en el interminable intercambio de agravios políticos.

La democracia uruguaya no puede resignarse a que la calumnia sustituya al argumento y el enchastre se convierta en una herramienta legítima de la competencia electoral.

Porque lo verdaderamente escandaloso de este episodio no es que María Julia Muñoz haya atacado a un adversario. Es que alguien que ejerció durante tantos años altas responsabilidades de gobierno demuestre semejante desprecio por uno de los derechos más elementales de cualquier ciudadano: el derecho a no ser acusado públicamente de un delito sin pruebas que lo sustenten.

Y eso, venga de donde venga, merece el más absoluto repudio.