María Dolores no es un asunto cerrado
Edición Nº 1106 - Viernes 13 de noviembre de 2026. Lectura: 2'
 La Cámara de Diputados resolvió remitir a Fiscalía las actuaciones de la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores. El acuerdo parlamentario no disipa las graves dudas sobre la legalidad de la operación ni sobre la responsabilidad política de quienes la aprobaron.
Por 96 votos en 98, la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución que dispone remitir a Fiscalía todas las actuaciones de la comisión investigadora sobre la adquisición de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). El acuerdo entre el Frente Amplio, la Coalición Republicana y Cabildo Abierto permitió superar las diferencias entre los informes presentados, aunque de ninguna manera significa que esas discrepancias hayan desaparecido.
La operación, por US$ 32,5 millones, continúa rodeada de cuestionamientos que el oficialismo no ha logrado despejar convincentemente. La oposición denunció posibles violaciones constitucionales, conflictos de interés de integrantes del directorio del INC, ausencia de estudios técnicos oportunamente incorporados al expediente y un precio de adquisición superior a los valores de referencia. A ello se suma que el Tribunal de Cuentas observó la compra por insuficiencia de disponibilidad presupuestal.
Tampoco puede olvidarse el origen político de la decisión, anunciada durante el velatorio del expresidente José Mujica y vinculada, según las actas examinadas por la oposición, con un homenaje a su memoria. Los recursos públicos, sin embargo, no están para financiar homenajes partidarios, por respetables que puedan resultar las figuras homenajeadas.
A las dudas sobre la legalidad y conveniencia de la compra se agregan las relativas a sus resultados. El proyecto original contemplaba 16 tambos, luego reducidos a seis. Y, según denunció ayer el diputado nacionalista Diego Echeverría, todavía no funciona ninguno de ellos. Es una afirmación que las autoridades deberían esclarecer con información precisa sobre el estado de ejecución del emprendimiento.
La Fiscalía ya investigaba el caso a partir de una denuncia presentada en setiembre de 2025. Ahora recibirá también los antecedentes parlamentarios. Corresponderá a la Justicia determinar si existieron responsabilidades penales, sin prejuzgar sobre su resultado.
Pero hay algo que conviene subrayar: la eventual inexistencia de delitos no significa que una decisión administrativa haya sido acertada, legalmente irreprochable o políticamente responsable. Son planos distintos que no deben confundirse.
El Parlamento concluyó su investigación. La Justicia deberá hacer su trabajo. Entretanto, el gobierno sigue debiendo explicaciones sobre una inversión millonaria que, lejos de haber quedado justificada, continúa bajo un serio manto de interrogantes.
María Dolores no es un asunto cerrado. Y mucho menos un asunto aclarado.
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