Correo de los Viernes - Mancha sobre la democracia

Mancha sobre la democracia

Viernes 16 de mayo de 2025. Lectura: 2'

Lo sucedido el pasado domingo con el exintendente y candidato a la Intendencia de Soriano, Guillermo Besozzi, no puede pasarse por alto ni relativizarse. Que en Uruguay —país que ha hecho de la calidad de su sistema electoral un símbolo de orgullo cívico— un ciudadano habilitado haya sido disuadido de ejercer su derecho al voto por temor a represalias judiciales es gravísimo. Y que hasta hoy no haya una explicación contundente, lo es aún más.

Estamos hablando de un caso que, como bien lo expresó el politólogo Oscar Botinelli, roza con claridad los límites de un delito electoral. Y no cualquier delito, sino uno que atenta contra la médula del sistema democrático: el sufragio universal, secreto y obligatorio. No se trata de si uno simpatiza o no con Besozzi. Se trata de principios. De garantías constitucionales. Y de la seriedad de las instituciones.

¿Puede alguien impedirle a un ciudadano votar? La respuesta es clara: no. Y no lo decimos nosotros. Lo establece el artículo 77 de la Constitución, lo reafirman juristas y politólogos de todos los signos. Nadie —ni una jueza subrogante, ni una fiscal, ni un funcionario intermedio— puede coartar el derecho de un ciudadano habilitado a emitir su voto. La única autoridad competente para suspender ese derecho es la Corte Electoral, y únicamente bajo las causales establecidas por ley.

Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Guillermo Besozzi —enfrentado a una causa judicial que todavía no ha sido resuelta— fue advertido de que si ingresaba al circuito que le había sido asignado, ubicado en una dependencia de la Intendencia de Soriano, podría incurrir en una violación judicial. Sus abogados hicieron consultas. Nadie les dio certezas. Ni la Corte Electoral, que se desentendió, ni el Poder Judicial, que optó por no decidir, ni la Fiscalía, cuya titular asegura que no intervino, aunque los abogados sostienen lo contrario.

La fiscal interviniente, consultada por medios de prensa, negó haber participado activamente en impedirle a Besozzi que votara. Pero el abogado Juan Fagúndez, uno de los más reconocidos penalistas del país y defensor del candidato nacionalista, fue categórico: “Sí. Se dijo”. ¿A quién creerle? Esa es una cuestión que solo una investigación formal e imparcial puede resolver.

La democracia se defiende en cada detalle. Y este detalle, aunque haya ocurrido solo en una mesa de votación en Soriano, pone en jaque la credibilidad del sistema entero.

Y eso, simplemente, no se puede permitir.