MGAP o cuando gobernar se vuelve un examen ideológico
Por Tomás Laguna
El primer choque entre el Ministro de Ganadería y las gremiales rurales se dio durante la inauguración de la exposición rural de Durazno cuando el presidente de la Sociedad Rural de ese departamento realizó, en presencia del ministro, un encendido reclamo contra el gobierno a raíz de un nuevo impuesto a la tierra. Ni corto ni perezoso el ministro respondió con agresividad sosteniendo que la muestra ganadera es una expresión de la genética y no un evento político, agregando con arrogancia que los temas políticos se dirimieron en octubre. Obviamente en una clara subestimación de las exposiciones ganaderas que, históricamente, han tenido por objetivo final reflejar los reclamos que el sector puede tener en cada ocasión frente al gobierno de turno.
Ocurre hoy que los motivos de desencuentro de la producción con el gobierno obedecen a dos vertientes muy distintas. Por un lado, y natural con cualquier gobierno, es que las diferencias surjan por los efectos de la orientación macro económica sobre las políticas sectoriales. Pero hoy existe una segunda vertiente de desencuentro. Es la antojadiza aplicación de medidas de corte ideológico y en consecuencia consideradas políticamente correctas en desmedro de determinados actores de la economía. Un claro ejemplo es la imposición a la tenencia de tierra. En este segundo caso es que se inscribe la reinstalación del impuesto a primaria sobre la propiedad rural como elemento de choque entre el ruralismo y el gobierno.
Esta dicotomía en los orígenes de las medidas de gobierno que son reclamadas desde la producción, pone al ministro del ramo en dos canchas distintas al momento de defenderlas. Resulta razonable que el ministro sectorial se alinee con la conducción macroeconómica decidida por su par del gabinete, dónde puede argumentar que a través de la misma se impone el interés general sobre el particular, aún cuando puede discutirse si el interés particular de la producción no hace a la larga al de toda la economía. Pero al final de cuentas es una discusión que puede darse sobre bases racionales y objetivas. Lo que suele ser incómodo para el ministro sectorial es defender medidas de claro corte político ideológico que no se compadecen con otra racionalidad que la sesgada visión de grupos ideologizados respecto de la propiedad de los bienes de producción. Estamos nuevamente ante el caso del impuesto de Primaria aplicado sobre la tierra.
Dijimos hace ya un tiempo que el hecho de que un sector pujante de la economía se vea exonerado de un impuesto que paga el resto de la sociedad vuelve a este vulnerable ante las críticas de quienes no lo integran, y por lo tanto lo transforman en objetivo político de quienes medran con el resentimiento. Insólita y sorpresivamente el senador Agazzi argumentó en estos días que el impuesto de Primaria debería eliminarse porque “es ridículo que exista un impuesto para cada cosa, ¿porqué para Primaria y no para la UTU?” Agregó que el impuesto de Primaria “lo pagarán los propietarios de los inmuebles rurales que ya están pagando otros impuestos, hubiera sido mejor aumentar el IRAE a los que ya lo pagan”. Por una vez coincidimos plenamente con el senador Agazzi. Es correcto que resulta un absurdo tributario crear impuestos con destinos específicos, pero más correcto aún es que la tributación al agro debe ser sobre la renta y no con impuestos ciegos sobre los bienes de producción.
¿Por qué no defiende esta racionalidad que golpea el Ministro Aguerre, sabiendo que la comparte? La razón es sencilla, no hay funcionario más obsecuente con los postulados ideológicos que aquellos que no provienen del cerno de la izquierda tradicional, y obviamente tampoco los comparten en su fuero más íntimo. Agazzi no tiene porqué dar explicaciones a nadie de sus convicciones ideológicas, no así quienes ocupan cargos sin venir de la propia militancia histórica de cualquiera de los grupos que integran el conglomerado pluripartidista. Es incómodo y hasta peligroso para el Ministro Aguerre oponerse a un precepto político como el enarbolado en la campaña electoral por el electo presidente Vázquez, cuando en el facilismo de su demagogia habitual, cargó contra los propietarios de la tierra. Fue entonces que le vino de perlas el argumento de hacerlos pagar Primaria. Tampoco en su oportunidad se animó el Ministro Aguerre a hacer causa de su discrepancia con el impuesto al patrimonio de bienes rurales. Hubiera quedado instantáneamente invalidado en el ejercicio de su cargo.
En el ejercicio del gobierno, estas obsecuencias con el evangelio incubado desde la misma gestación del conglomerado izquierdista pueden ser hasta más peligrosas que entenderse con funcionarios del propio cerno de la causa de la lucha de clases. Aún así muchos siguen creyendo que es una ventaja mantener en el MGAP un ministro empresario y terrateniente en un gobierno proto-marxista.
Mientras tanto, y en la habitual desprolijidad y contradicción que es típica al gobierno del conglomerado, siguen sin definir si el impuesto lo pagarán los propietarios de más de 300 has (los estigmatizados en el discurso político e incluidos en el pre concepto “terratenientes”) o los propietarios cuyos inmuebles rurales tienen valores reales al año 2014 menores a $ 650.775, lo que se equivaldría a 54 hás (según el mensaje en el proyecto de ley). Esto agregó más presión a la caldera, y gremiales rurales que aducen representar a pequeños productores también se plantaron contra la medida. Situación difícil de manejar por el ministro Aguerre, embretado por una cuestionada representatividad político ideológica por la que debe dar examen en cada salida pública que hace.
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