La ministra Cristina Lustemberg quedó atrapada en una tormenta política que no deja de crecer: renuncias en cadena en el MSP, una escandalosa rebaja de sanción a una anestesista condenada por mala praxis —luego destituida por Orsi y Sandra Lazo— y la polémica autorización a la cuestionada empresa ITHG exponen una gestión marcada por la improvisación, las contradicciones y el desgaste acelerado.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, atraviesa una de las peores semanas desde su llegada al cargo. A la seguidilla de renuncias y al creciente desorden interno en el Ministerio de Salud Pública (MSP), se sumó ahora un episodio que golpeó de lleno la credibilidad institucional del gobierno: la insólita rebaja de sanción a una anestesista condenada por mala praxis, posteriormente destituida por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en el Hospital Militar.
El episodio dejó a Lustemberg atrapada entre la indignación pública, la presión parlamentaria y las contradicciones dentro del propio gobierno. Y como si fuera poco, en paralelo estalló otra polémica: la autorización otorgada por el MSP a la empresa de ambulancias ITHG para operar un seguro parcial de emergencia médica, pese a que esa firma había sido cuestionada anteriormente por dirigentes y jerarcas frenteamplistas.
La imagen que queda es devastadora: un ministerio sin conducción clara, con criterios erráticos y decisiones que parecen tomadas a espaldas de la transparencia y del sentido común.
El caso de la anestesista: una rebaja de sanción que escandalizó al país
El caso que hoy persigue a Lustemberg tiene origen en la muerte de una paciente tras una operación de vesícula en el Hospital Militar. La anestesista involucrada fue condenada judicialmente por mala praxis y enfrentaba sanciones administrativas severas.
Sin embargo, el MSP resolvió rebajar de manera drástica la sanción inicialmente prevista. La decisión provocó estupor inmediato, tanto dentro como fuera del sistema político, especialmente porque poco después el Ministerio de Defensa —con las firmas de Lazo y Orsi— terminó destituyendo directamente a la profesional.
La contradicción fue demoledora: mientras el MSP suavizaba el castigo, Presidencia y Defensa entendían que la gravedad del caso ameritaba la expulsión de la médica del Hospital Militar.
La magnitud del escándalo obligó incluso a la propia Lustemberg a admitir públicamente que el procedimiento está bajo revisión. “Estamos revisando todo el proceso”, declaró la ministra ante las críticas crecientes.
No fue una admisión menor. Fue, en los hechos, el reconocimiento de que algo salió extraordinariamente mal dentro del MSP.
Durante su comparecencia en comisión del Senado, Lustemberg llegó a afirmar que el episodio la afectó “muchísimo”. Pero el problema político ya excede lo emocional: lo que está bajo cuestionamiento es la capacidad de conducción de una cartera que parece actuar sin coherencia institucional.
El Senado volverá a citar a la ministra, mientras desde la oposición ya se manejan posibles derivaciones políticas y hasta jurídicas.
Un ministerio en estado de ebullición
La crisis por la anestesista no ocurre en el vacío. Se suma a una cadena de conflictos y renuncias que han deteriorado el funcionamiento del MSP desde el inicio de la gestión.
La salida masiva de integrantes de una comisión honoraria vinculada al ministerio encendió alarmas sobre el clima interno y sobre la capacidad de articulación política de Lustemberg.
En lugar de transmitir orden y autoridad técnica, el ministerio aparece envuelto en improvisación, rectificaciones permanentes y creciente fragilidad política.
La oposición ya comenzó a evaluar incluir la gestión de Lustemberg en la eventual comisión investigadora sobre ASSE. Incluso dirigentes blancos no descartan acciones penales relacionadas con algunas actuaciones administrativas recientes.
La autorización a ITHG: otro frente explosivo
Como si el caso de la anestesista no fuera suficiente, el MSP abrió otro foco de tormenta política con la autorización otorgada a la empresa de ambulancias ITHG para crear un seguro parcial de emergencia médica.
La decisión generó fuertes cuestionamientos porque la empresa había sido anteriormente observada y criticada incluso desde sectores vinculados al Frente Amplio.
La polémica no es sólo por el fondo de la autorización, sino también por las formas: escasa transparencia, ausencia de explicaciones convincentes y una sensación creciente de discrecionalidad administrativa.
En cualquier administración seria, después de semejante acumulación de errores, contradicciones y decisiones inexplicables, habría consecuencias políticas inmediatas. Pero en el MSP parece imponerse otra lógica: la de los parches, las revisiones tardías y los daños consumados.
Un desgaste acelerado
Lustemberg llegó al ministerio construyendo una imagen de solvencia técnica y sensibilidad social. Pero la realidad de gestión comenzó a erosionar rápidamente ese capital político.
Hoy enfrenta un escenario delicado: cuestionamientos parlamentarios, crisis internas, decisiones bajo sospecha y un episodio particularmente grave que expuso fracturas dentro del propio gobierno.
La situación se volvió todavía más incómoda porque el contraste entre las decisiones del MSP y las adoptadas por Orsi y Lazo dejó a la ministra completamente expuesta. Mientras Defensa y Presidencia actuaron con dureza ante la anestesista condenada, Salud Pública aparecía reduciendo sanciones y luego intentando explicar lo inexplicable.
Y cuando un ministerio debe salir a “revisar todo el proceso” después de que el escándalo estalla públicamente, el problema ya no es administrativo. El problema es político.
