Correo de los Viernes - Lustemberg debe irse ya

Lustemberg debe irse ya

Edición Nº 1106 - Viernes 13 de noviembre de 2026. Lectura: 8'

La revelación de que la propia Asesoría Jurídica de Presidencia consideró arbitraria y jurídicamente defectuosa la rebaja de la sanción a la anestesista Inés Miralles termina de derrumbar las explicaciones de Cristina Lustemberg. La ministra defendió durante meses una resolución que ahora su propio gobierno desautoriza. Ni los supuestos hechos nuevos, ni la pretendida inducción a error, ni la renuncia de un subordinado pueden liberarla de su responsabilidad política.

Cuando parecía que el escándalo protagonizado por la ministra Cristina Lustemberg había alcanzado su máxima expresión, una nueva revelación demuestra que todavía quedaba algo más grave por conocer. Según una investigación publicada este jueves por El País, la Asesoría Jurídica de Presidencia de la República no sólo discrepó con los fundamentos utilizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional de la anestesista Inés Miralles: consideró arbitraria aquella decisión y cuestionó su legalidad.

Es decir, ya no estamos simplemente ante una diferencia de criterios entre especialistas, ni siquiera ante una decisión políticamente equivocada. Estamos ante un acto ministerial cuya fundamentación ha sido severamente cuestionada por los propios servicios jurídicos de la Presidencia de la República.

Lustemberg contra Lustemberg. Y ahora, también, Jurídica de Presidencia contra Lustemberg.

Recordemos que la Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto, en diciembre de 2024, una inhabilitación de cinco años a la anestesista Inés Miralles, tras acreditar cuatro graves apartamientos de la lex artis durante la intervención quirúrgica en la que la pediatra María Soledad Barrera sufrió lesiones neurológicas irreversibles. La paciente falleció diez meses después. Sin embargo, el 1.º de octubre de 2025, Lustemberg redujo aquella sanción a tres años.

La decisión provocó la renuncia de once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria. Pero la ministra no retrocedió. Defendió su actuación ante el Parlamento, desoyó las advertencias de especialistas y legisladores y se mantuvo obstinadamente aferrada a una resolución que ahora resulta desautorizada hasta en sus fundamentos jurídicos.

Se derrumba la explicación oficial

La nueva información es demoledora. El informe de Jurídica del MSP, fechado el 28 de octubre y firmado por su entonces director, Martín Esposto, había sostenido que la rebaja original estuvo ajustada a derecho, pero que posteriormente aparecieron hechos nuevos que justificaban reconsiderarla.

La Asesoría Jurídica de Presidencia, en cambio, llegó a una conclusión sustancialmente distinta. Según revela El País, su dictamen del 5 de noviembre consideró que los hechos esenciales ya estaban acreditados cuando se impuso la sanción original. Los cuatro graves apartamientos profesionales habían sido establecidos por la Comisión Honoraria desde diciembre de 2024.

Y, más grave todavía, cuestionó la propia legalidad de la rebaja, por entender que carecía de motivación suficiente: no se habían identificado antecedentes comparables, circunstancias atenuantes concretas ni razones específicas que justificaran disminuir dos años la inhabilitación.

Esto cambia radicalmente el panorama.

Hasta ahora, el MSP sostenía que aquella primera resolución había sido jurídicamente correcta y que una nueva realidad justificaba modificarla. Ahora sabemos que los asesores de Presidencia cuestionaron esa premisa y consideraron que los fundamentos de la rebaja eran insuficientes desde su origen.

Naturalmente, corresponde distinguir el dictamen de una declaración judicial de ilegalidad. Pero eso no disminuye su enorme trascendencia institucional. Son los propios abogados de Presidencia quienes advierten sobre los defectos jurídicos de una resolución firmada y defendida por la ministra.

¿Dónde quedan, entonces, sus reiteradas invocaciones a la proporcionalidad, la razonabilidad y la discrecionalidad administrativa? ¿Cómo pudo utilizar esos principios para desautorizar a los especialistas sin explicar concretamente por qué correspondían tres años y no cinco?

Los principios jurídicos no son fórmulas mágicas que permitan justificar cualquier decisión. Deben aplicarse a los hechos y fundamentarse. Precisamente eso es lo que, según Jurídica de Presidencia, faltó.

Ni hechos nuevos ni errores inocentes

También se desploma la explicación de los famosos «hechos nuevos». Es cierto que la condena penal de Miralles por homicidio culposo, dictada el 18 de diciembre de 2025, fue posterior a la rebaja ministerial. Pero lo sustancial de su comportamiento en el quirófano ya estaba acreditado. Lo que apareció después no convierte en desconocidos los hechos que la Comisión Honoraria había investigado.

Y aun admitiendo que aquella condena y otras actuaciones posteriores constituyeran elementos relevantes para reconsiderar la sanción, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿por qué no se hizo inmediatamente?

Cuando Lustemberg compareció nuevamente ante el Parlamento el 16 de junio de 2026, la sentencia penal ya llevaba casi seis meses dictada. Sin embargo, defendió una vez más su decisión. No manifestó dudas, no reconoció errores, no anunció una rectificación. Siguió en sus trece.

Pero el presidente Yamandú Orsi encontró otra explicación todavía más insólita: la ministra habría sido «inducida a error» por sus asesores jurídicos.

Es un verdadero insulto a la inteligencia de los ciudadanos.

Los informes jurídicos asesoran. Los ministros resuelven. Y son responsables de sus decisiones, especialmente cuando se trata de una médica pediatra que dirige la máxima autoridad sanitaria del país y que cuenta con suficientes conocimientos profesionales para comprender la gravedad de los hechos examinados.

Además, la insistencia presidencial abre una pregunta que nadie ha contestado: ¿fue el informe jurídico el que determinó la decisión de Lustemberg, o fue la decisión política la que encontró luego un fundamento jurídico favorable? No afirmamos que haya sucedido esto último, pero la secuencia de acontecimientos obliga a esclarecer cómo se elaboró aquel asesoramiento y qué instrucciones recibieron sus autores.

Lo que ya no puede sostenerse es que la ministra haya sido una víctima pasiva de un error ajeno, sobre todo cuando dedicó tantos meses a defenderlo.

Y hay otro dato revelador: el informe de Jurídica de Presidencia lleva fecha 5 de noviembre. Por tanto, cuando Orsi salió públicamente a respaldar a su ministra el miércoles 11, ya existía un dictamen que cuestionaba severamente los fundamentos y la legalidad de la primera resolución.

El presidente no puede desconocer la gravedad política de semejante contradicción. Mucho menos pretender resolverla con una explicación tan endeble como la supuesta inducción a error.

El hilo no puede cortarse por el lado más fino

Este jueves se conoció, además, la renuncia de Martín Esposto, director de Servicios Jurídicos del MSP, quien había firmado tanto el informe favorable a la rebaja como el posterior que aconsejó restablecer los cinco años. Según las informaciones difundidas, alegó razones personales y el desgaste provocado por la exposición pública del caso.

Su salida agrega otro capítulo al escándalo, pero de ningún modo lo resuelve.

Esposto deberá explicar las razones de sus informes y las aparentes contradicciones entre ellos. También corresponde esclarecer por qué su primer asesoramiento fue rechazado por Jurídica de Presidencia y cómo se gestó aquella recomendación.

Pero la renuncia del asesor no puede convertirse en una cómoda vía de escape para la ministra.

Fue Lustemberg quien firmó la resolución, quien desautorizó a los especialistas, quien provocó una crisis institucional sin precedentes recientes en la Comisión Honoraria y quien defendió su actuación ante el Parlamento. Ninguna de esas responsabilidades desaparece porque renuncie un funcionario subordinado.

El hilo no puede cortarse por el lado más fino.

Tampoco puede aceptarse la afirmación ministerial de que no hubo perjuicios porque Miralles no estuvo ejerciendo. ¿Y las once renuncias? ¿Y el desprestigio institucional? ¿Y el sufrimiento de una familia que debió luchar durante meses para conseguir que se restableciera la sanción original?

En Correo de los Viernes venimos denunciando desde hace meses estas graves irregularidades, las contradicciones ministeriales y el deterioro de la confianza en la conducción sanitaria. Las revelaciones actuales confirman la pertinencia de aquellos cuestionamientos.

Una interpelación que Orsi debería escuchar

En semejante contexto, la interpelación promovida por el Partido Nacional, que estará a cargo del diputado Federico Casaretto y cuenta con el respaldo del Partido Colorado, es absolutamente imprescindible.

Casaretto ha seguido este asunto con persistencia, señalado las contradicciones y exigido explicaciones cuando el oficialismo pretendía dar por cerrado el episodio. Su iniciativa merece pleno respaldo.

La ministra deberá explicar ante la Cámara de Representantes por qué redujo la sanción, sobre qué fundamentos concretos lo hizo, por qué defendió obstinadamente aquella decisión, qué ocurrió con los informes jurídicos contradictorios y qué responsabilidades se derivan de la renuncia de Esposto.

Pero habrá que ir todavía más lejos. Será necesario esclarecer por qué el presidente, conociendo el severo cuestionamiento de sus propios asesores jurídicos, continúa respaldando a quien dictó y defendió la resolución ahora revocada.

Orsi tiene derecho a confiar en sus ministros. Lo que no tiene es derecho a convertir esa confianza en un salvoconducto para eludir responsabilidades políticas.

La rectificación presidencial fue correcta. Pero llegó tarde, después de innumerables advertencias y de un enorme desgaste institucional. Y ahora, cuando conocemos los fundamentos de Jurídica de Presidencia, resulta todavía más incomprensible que se pretenda mantener a Lustemberg como si nada hubiera ocurrido.

La ministra ha perdido la autoridad política y la credibilidad indispensables para conducir una cartera de la importancia del MSP. Si conserva un mínimo de dignidad política, debería presentar su renuncia. Y si no lo hace, corresponderá a Orsi asumir el costo de mantenerla en el cargo.

Porque lo que comenzó como una decisión ministerial inexplicable terminó convertido en una desautorización jurídica, institucional y política de extraordinaria gravedad.

La propia ministra firmó la revocación de su resolución. Su asesor jurídico renunció. Los abogados de Presidencia cuestionaron la legalidad de la rebaja. Y el presidente, en vez de exigir responsabilidades, insiste en defenderla.

¿Qué más tiene que ocurrir para que Cristina Lustemberg comprenda que su permanencia al frente de Salud Pública es insostenible? No puede seguir exponiendo al presidente Orsi de esta manera, debe irse ya.