Lustemberg contra las cuerdas
Viernes 22 de mayo de 2026. Lectura: 7'
 La ministra Cristina Lustemberg no sólo desató una crisis política al reducir la sanción a la anestesista condenada por mala praxis. También omitió informar al Parlamento que el MSP dejó vencer el plazo para responder la demanda judicial presentada por la profesional, una negligencia que expone al Estado a una posición de extrema debilidad jurídica y agrava las sospechas de descontrol, opacidad e irresponsabilidad en la conducción de la cartera.
La situación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dejó de ser un episodio administrativo aislado para transformarse en una crisis política de creciente magnitud. La decisión de reducir la sanción a la anestesista condenada por mala praxis —un caso que terminó con una pediatra de 41 años fallecida tras pasar diez meses en estado vegetativo— abrió un frente que combina cuestionamientos éticos, jurídicos y políticos, y que amenaza con erosionar seriamente la autoridad de la jerarca dentro y fuera del Parlamento.
La resolución de Lustemberg de reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional de la anestesista provocó un terremoto institucional dentro del propio Ministerio de Salud Pública. La decisión implicó apartarse del criterio de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que había recomendado mantener la sanción original. La reacción fue inmediata: once de los trece integrantes de esa comisión presentaron su renuncia.
“No podemos creer lo que está sucediendo”, escribió una de las médicas integrantes de la comisión en un mensaje citado por El País en una nota de Joaquín Silva publicada ayer. La profesional agregó que se retiraba luego de 14 años de trabajo en ese ámbito y definió el episodio como “una pena profunda”. La frase sintetiza el impacto interno que tuvo una resolución percibida por numerosos actores médicos como una señal de indulgencia frente a un caso gravísimo de mala praxis.
Lejos de disipar las dudas, las comparecencias parlamentarias de Lustemberg profundizaron el malestar opositor. El 6 de mayo, ante la Comisión de Salud Pública del Senado, la ministra fue categórica: “Por ahora, asesorada, no voy a cambiar la decisión que tomé”, declaró.
Sin embargo, apenas una semana más tarde, durante su paso por la comisión homóloga de Diputados, el tono cambió abruptamente. Allí afirmó que estaba “revisando todo el proceso” y “evaluando cada una de las decisiones” tomadas. Para la oposición, la contradicción fue evidente. Más aún cuando, de acuerdo con la investigación periodística de Joaquín Silva en El País, la ministra omitió informar que el MSP había dejado vencer el plazo para contestar la demanda presentada por la anestesista ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Ese punto es particularmente delicado. La omisión procesal coloca al ministerio en una situación de seria debilidad jurídica y alimenta la percepción de desorden administrativo dentro de la cartera. El episodio ya no se limita entonces al contenido de la resolución, sino que se extiende a la capacidad de gestión política y técnica del ministerio.
El senador Martín Lema fue uno de los más críticos. Sostuvo que en la comparecencia anterior “no fueron claras las explicaciones ni las respuestas” vinculadas a las renuncias en la Comisión Honoraria de Salud Pública. Por eso, anunció que buscarán una nueva convocatoria parlamentaria para “precisar respuestas”.
Desde Diputados, el nacionalista Federico Casaretto fue todavía más duro. Afirmó que la ministra “no está sólida en este tema” y acusó al MSP de haber actuado con opacidad. “La ministra ocultó en el Parlamento el fallo de la cartera ante la demanda que la anestesista cursó ante el TCA”, sostuvo.
Casaretto incluso deslizó un escenario de descontrol interno dentro del ministerio: “Los servicios jurídicos del MSP le tendieron una zancadilla y no le avisaron que no habían contestado a la demanda, porque no puedo creer que la ministra oculte una información así al Parlamento”.
La gravedad política del asunto llevó además a que la coalición resolviera incorporar este episodio a la comisión investigadora sobre ASSE que pretende impulsar en Diputados. La oposición entiende que el caso agrega “más oscuridad” a la gestión de Lustemberg, en palabras del propio Casaretto recogidas por El País.
En el Partido Colorado también crecieron las señales de alarma. El senador Robert Silva cuestionó especialmente la inseguridad jurídica generada por las declaraciones contradictorias de la ministra. “A mí me llama la atención que la ministra haya dicho, y consta en actas, que «por ahora, en función de los antecedentes» que tiene, mantenía la resolución. Pues esto genera toda una incertidumbre jurídica”, declaró a El País.
Silva fue más allá y puso en duda la viabilidad legal de cualquier marcha atrás. “Es muy raro pensar que un recurso jerárquico se pueda revertir”, afirmó. Y remató con un cuestionamiento institucional de fondo: “Ella no tiene competencia sancionatoria en este caso; la que la tiene es la Comisión Honoraria de Salud Pública”.
La acumulación de episodios comienza a configurar un problema político mayor para el gobierno de Yamandú Orsi. Lo que inicialmente parecía una discusión técnica sobre una sanción administrativa derivó en renuncias masivas, sospechas de irregularidades procesales, contradicciones públicas y una ofensiva parlamentaria que amenaza con instalar el tema durante semanas.
Y la crisis política de Cristina Lustemberg sumó ahora un componente todavía más delicado: la madre de la paciente fallecida presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética Médica contra la ministra y contra la anestesista condenada por homicidio culposo. El episodio traslada el conflicto desde el plano estrictamente administrativo y parlamentario hacia una dimensión ética e institucional que golpea directamente la credibilidad de la conducción sanitaria.
Rosario Barrera, madre de la pediatra de 41 años que murió tras permanecer diez meses en estado vegetativo luego de una intervención en la que se comprobó mala praxis, sostuvo en su presentación que la decisión de Lustemberg de reducir la sanción a la anestesista “no puede considerarse éticamente neutra ni meramente administrativa”.
La denuncia adquiere especial relevancia porque introduce un argumento que ya comenzaba a instalarse en ámbitos políticos y técnicos: la idea de que el problema dejó de ser únicamente jurídico para transformarse en una cuestión de confianza institucional. El escrito presentado ante el Colegio Médico sostiene explícitamente que “cuando una autoridad sanitaria reduce una sanción de esta naturaleza y, como consecuencia, pierde el respaldo del órgano técnico que intervino en el proceso, la cuestión deja de ser exclusivamente jurídica y pasa a comprometer la confianza ética en la conducción sanitaria”.
La referencia apunta directamente a la renuncia de once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, una fractura institucional sin antecedentes recientes y que continúa proyectando sombras sobre la resolución adoptada por la ministra.
La presentación también incorpora otro elemento políticamente incómodo para el gobierno: la contradicción entre organismos del propio Estado. Mientras el Ministerio de Salud Pública redujo la sanción profesional, el Ministerio de Defensa resolvió dar de baja a la anestesista condenada. Según la denuncia, esa divergencia “exige una explicación institucional clara, completa y documentada”.
El texto además vuelve sobre uno de los aspectos más sensibles del caso: la omisión del MSP al dejar vencer el plazo para responder la demanda presentada por la anestesista ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Para la denunciante, esa irregularidad se suma a una “secuencia de decisiones, omisiones y contradicciones institucionales” que justifican un análisis ético-deontológico específico sobre la actuación de Lustemberg.
Con esta nueva ofensiva, el problema político de la ministra escala un peldaño más. Ya no se trata solamente de cuestionamientos opositores o de tensiones parlamentarias: ahora es la propia familia de la víctima quien coloca bajo escrutinio ético a la máxima autoridad sanitaria del país.
Y eso modifica el eje de la discusión. Porque cuando una ministra comienza a ser cuestionada no sólo por lo que resolvió, sino también por la legitimidad ética de cómo actuó el Estado bajo su conducción, el desgaste deja de afectar únicamente una decisión puntual y empieza a erosionar la autoridad política de toda la gestión sanitaria.
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