Lula ganó la Presidencia, pero no el poder
Viernes 6 de noviembre de 2026. Lectura: 8'
 La reelección de Lula da Silva dejó una paradoja política en Brasil: mientras el presidente obtuvo un nuevo mandato en las urnas, la derecha consolidó su presencia en el Congreso. La relación entre ambos poderes será decisiva para la gobernabilidad del país a partir de 2027.
La ajustada victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, por 51,79% contra 48,21% de los votos válidos, resolvió quién ocupará el Palacio del Planalto durante los próximos cuatro años. Pero las elecciones del 25 de octubre dejaron planteada otra cuestión, posiblemente tan importante como la primera: quién tendrá la capacidad efectiva de orientar las decisiones del gobierno brasileño.
Porque Lula ganó la Presidencia, pero las fuerzas políticas situadas a su derecha consiguieron una representación parlamentaria que condicionará severamente su margen de maniobra. El resultado configura una situación de poderes divididos, en la que el Ejecutivo deberá negociar buena parte de sus iniciativas con sectores que no comparten su programa y, en algunos casos, se identifican abiertamente con la oposición bolsonarista.
No se trata de una circunstancia desconocida en Brasil, cuya historia reciente está marcada por el llamado presidencialismo de coalición. Sin embargo, la nueva correlación de fuerzas presenta características que podrían hacer particularmente compleja la tarea del presidente reelecto.
Un Congreso que mira hacia la derecha
Las cifras son elocuentes. En la Cámara de Diputados, integrada por 513 miembros, el Partido Liberal (PL), principal expresión parlamentaria del bolsonarismo, contará con 121 bancas y será la primera fuerza política. Sumado al partido Novo, reunirá 131 diputados. Según la clasificación ideológica utilizada por Folha de S.Paulo, aproximadamente el 59% de los diputados electos pertenece a partidos de derecha, frente a un 24% de izquierda.
En el Senado, el panorama resulta todavía más significativo. Los partidos identificados con la derecha reúnen 49 de los 81 escaños, mientras que el PL dispondrá de 29 senadores, convirtiéndose también en la primera bancada de esa cámara.
Esos 49 votos equivalen exactamente a los tres quintos necesarios para aprobar reformas constitucionales en el Senado, aunque naturalmente cualquier modificación de la Constitución requiere también las mayorías correspondientes en Diputados y acuerdos políticos que no pueden darse por descontados.
La importancia del resultado trasciende la aprobación o el rechazo de leyes. El Senado brasileño interviene en la confirmación de autoridades fundamentales, incluidos los ministros del Supremo Tribunal Federal, y posee atribuciones decisivas en materia de control institucional.
Por consiguiente, la nueva composición parlamentaria no sólo puede limitar las iniciativas de Lula, sino también otorgar a la oposición una capacidad de intervención considerable sobre asuntos que durante los últimos años han provocado intensas controversias políticas y judiciales.
El poder del centrão
Entre la izquierda gubernamental y la oposición bolsonarista se encuentra el heterogéneo conjunto de partidos conocido como centrão, cuya característica principal no es una identidad ideológica uniforme, sino su disposición a negociar acuerdos parlamentarios y espacios de participación en el gobierno.
Partidos como el PSD, MDB, União Brasil, Progressistas y Republicanos contienen sectores con orientaciones y compromisos diferentes. Algunos han acompañado iniciativas de Lula, mientras otros mantienen vínculos estrechos con la derecha.
La experiencia demuestra que las mayorías legislativas brasileñas no se construyen exclusivamente sobre afinidades programáticas. Los ministerios, las designaciones administrativas, las inversiones territoriales y las enmiendas presupuestales constituyen instrumentos habituales de negociación entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Lula conoce perfectamente ese funcionamiento. Pero cuanto mayor sea su dependencia de esos acuerdos, más difícil resultará preservar íntegramente las prioridades originales de su programa.
La negociación política es inherente a cualquier democracia. El problema aparece cuando la supervivencia de las mayorías parlamentarias exige compromisos permanentes que pueden terminar desdibujando la orientación del gobierno.
Dos presidencias decisivas
El primer gran examen político llegará el 1º de febrero de 2027, cuando se elijan las autoridades de ambas cámaras.
El gobierno tiene interés en mantener interlocutores con los que pueda negociar, particularmente Hugo Motta en Diputados y Davi Alcolumbre en el Senado. Ninguno representa una adhesión incondicional al presidente, pero ambos han demostrado capacidad para articular acuerdos entre fuerzas diferentes.
En cambio, una conducción del Senado identificada directamente con la oposición bolsonarista podría modificar sustancialmente las condiciones de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El presidente del Senado posee importantes facultades sobre la agenda parlamentaria, el tratamiento de medidas provisionales, las nominaciones presidenciales y los procedimientos de control político. No es un cargo meramente protocolar.
Por eso, la disputa por esas autoridades puede convertirse en una negociación tan trascendente para el futuro gobierno como las propias elecciones presidenciales.
Los gobernadores, otro factor de poder
La dificultad no termina en Brasilia. Las elecciones también dejaron un mapa estadual en el que predominan las fuerzas de derecha y centroderecha.
El PL gobernará seis estados, incluidos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Rio de Janeiro. Republicanos tendrá cuatro gobernaciones, entre ellas las de São Paulo y Minas Gerais, dos estados fundamentales por su peso económico y demográfico.
El Partido de los Trabajadores, por su parte, conservará cuatro gobernaciones, todas en el Nordeste. El PSD, con cinco estados, tendrá una posición particularmente relevante para las negociaciones federales.
Esta distribución territorial constituye otro condicionamiento para el presidente. En un país federal como Brasil, los gobernadores tienen influencia sobre las políticas de seguridad, infraestructura, educación y desarrollo regional, además de contar con importantes vínculos con sus respectivas representaciones parlamentarias.
Naturalmente, la pertenencia a partidos diferentes no supone necesariamente una confrontación permanente. Los gobiernos estaduales necesitan mantener relaciones de cooperación con la administración federal, cualquiera sea su orientación política.
Pero el predominio territorial de fuerzas ajenas al PT agrega una dimensión adicional a la negociación que Lula deberá desarrollar durante su próximo mandato.
La economía no admite demasiadas demoras
A estas dificultades políticas se agrega un desafío económico que puede resultar determinante.
La reacción negativa de los mercados financieros después de la reelección presidencial puso de manifiesto la preocupación de los inversores por el rumbo fiscal, la evolución de la deuda pública y la continuidad de las políticas económicas.
La cuestión no consiste simplemente en satisfacer las expectativas de los mercados, sino en asegurar condiciones de estabilidad que permitan sostener la inversión, el crecimiento y el empleo.
Un gobierno que necesita negociar permanentemente sus decisiones presupuestales con un Congreso fragmentado enfrenta dificultades adicionales para ofrecer señales consistentes sobre su orientación económica.
Por otra parte, las exigencias de disciplina fiscal pueden entrar en tensión con compromisos sociales y programas de gasto que constituyen elementos centrales de la identidad política del PT.
El problema adquiere especial importancia porque cualquier ajuste relevante necesitará respaldo parlamentario, precisamente cuando la nueva composición del Congreso otorga mayor influencia a fuerzas con prioridades económicas diferentes.
Una oposición con responsabilidades
El resultado electoral también plantea interrogantes para la derecha brasileña.
La derrota presidencial de Flávio Bolsonaro no significó una desaparición del bolsonarismo como fuerza política. Por el contrario, su presencia parlamentaria y territorial demuestra que conserva una representación considerable.
Pero disponer de instrumentos institucionales para condicionar al Ejecutivo supone también asumir responsabilidades por las decisiones que adopte el Congreso.
La oposición podrá fiscalizar, modificar o rechazar iniciativas gubernamentales. También podrá impulsar su propia agenda legislativa, particularmente en asuntos vinculados con la seguridad pública, el sistema judicial y la política económica.
La cuestión será hasta qué punto las distintas fuerzas parlamentarias consiguen articular acuerdos sobre asuntos de interés nacional, sin renunciar a sus diferencias políticas.
Tampoco debe confundirse el predominio numérico de partidos de derecha con la existencia de un bloque parlamentario homogéneo. Las divergencias entre el bolsonarismo, los sectores conservadores tradicionales y las fuerzas del centrão pueden resultar tan importantes como sus coincidencias.
El verdadero significado de las urnas
Las elecciones brasileñas produjeron dos mandatos políticos simultáneos. Uno, inequívoco, otorgó a Lula la continuidad en la Presidencia. El otro estableció una representación legislativa y territorial en la que predominan fuerzas que no pertenecen a su espacio político.
Ambos resultados poseen legitimidad democrática y deberán encontrar mecanismos de convivencia institucional.
La capacidad de Lula para construir acuerdos será decisiva, pero también lo será la disposición de las distintas fuerzas parlamentarias a ejercer sus atribuciones dentro del funcionamiento regular de las instituciones.
Brasil no enfrenta necesariamente una situación de ingobernabilidad. Su sistema político ha demostrado en otras oportunidades una considerable capacidad de negociación entre partidos de orientaciones diferentes. Pero tampoco puede suponerse que la experiencia y las habilidades políticas del presidente bastarán para superar automáticamente las dificultades.
La gran paradoja de estas elecciones es que Lula consiguió el respaldo popular necesario para continuar gobernando, mientras una parte sustancial del electorado entregó a sus adversarios instrumentos decisivos para condicionar ese gobierno.
Las urnas resolvieron quién será el presidente. La política tendrá que resolver cómo podrá gobernar.
|
|
 |
Un ministerio innecesario y peligroso
|
Un Papa y un Presidente
|
Gonzalo Moratorio, una vida al servicio de los demás
|
La Semana
|
La economía vuelve a encender las alarmas
|
Homenaje a Jorge Sapelli
|
La estabilidad no alcanza
|
El costo de la inacción
|
Conaprole: US$ 400 millones anuales de costos y el peso de la conflictividad laboral
|
El que las hace, las paga
Luis Hierro López
|
Una vergüenza para la democracia uruguaya
Santiago Torres
|
Nacionalidad completa, sin ciudadanos de segunda
Elena Grauert
|
¿Será que llegó la reivindicación del glifosato?
Tomás Laguna
|
Garantizar el suministro eléctrico también exige pensar el precio
Fitzgerald Cantero Piali
|
La intolerancia disfrazada de virtud
Juan Carlos Nogueira
|
Israel debe definir sus fronteras antes que otros lo hagan
Eduardo Zalovich
|
La salud que llega antes que la enfermedad
Angelina Rios
|
Oscar Larroca, peleador callejero de la cultura
Eduardo Irigoyen García
|
Faltan veredas
Alicia Quagliata Rienzi
|
La visita de León XIV: historia, presente y futuro del Uruguay laico
Alvaro Valverde Urrutia
|
Fui, soy y seré
Susana Toricez
|
Paraguay: cayó Peña, pero la ANR conserva el poder
|
La factura de las urnas
|
Corea del Norte y el mayor robo de la historia
|
Lula ganó la Presidencia, pero no el poder
|
Frases Célebres 1105
|
Así si, Así no
|
ENTRE DICHOS
|
|
