Los últimos días el país ha sido sacudido por el impacto informativo del procesamiento del Jefe de la Custodia Presidencial.

Ha sido un episodio sorpresivo y particularmente mortificante para el Presidente. En torno a Alejandro Astesiano había rumores que le llevaron a pedir dos veces sus antecedentes al Ministerio del Interior. La información no revelaba ningún procesamiento como el que más tarde apareció y había sido ocultado. Era un hombre de confianza que había estado cerca de la familia desde el gobierno del Dr. Lacalle Herrera. A la luz de los acontecimientos está claro que fue un error mantenerlo en esa cercanía. El Presidente hizo fe y esa confianza fue defraudada. Sobró buena fe pero faltó prudencia.

Un error es un error y no otra cosa. Asumimos que es importante por la cercanía con el Presidente, pero esa situación nos lleva también a la certeza de la salud institucional de nuestra República. A la comprobación incuestionable de la transparencia.

El protagonista del nefasto episodio fue investigado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, servicio subordinado al Poder Ejecutivo. No obstante, ni ese servicio ni la fiscal a la que se le dio cuenta de la situación, alertaron al Presidente. Este fue el primer sorprendido y ello nos permite preguntar en cuántos países puede ocurrir algo así. Nadie interfirió en la labor de quien estaba cumpliendo con su deber. No hubiera sido irregular que hubieran dado cuenta a sus superiores. No lo hicieron y esa independencia funcional honra a la Policía y al Estado de Derecho.

El episodio ha adquirido particular resonancia por vincularse con el otorgamiento de pasaportes basados en documentos falsos vinculados a ciudadanos rusos. Desgraciadamente, algunos legisladores del Frente Amplio han intentado afectar el sólido prestigio de nuestro país hablando, hacia el exterior, de graves daños a nuestra reputación. No es nuevo: en los últimos meses se han dedicado, en episodios diversos, a tratar de herir al país abusando de la ignorancia que de nuestra realidad suela haber en el periodismo y algunos organismos internacionales. Es muy triste comprobar ese empeño en dañar. Lo hemos visto en recientes episodios, por ejemplo cuando la elección de la Institución Nacional de Derechos Humanos o el referéndum de la LUC. El prestigio nacional es un patrimonio colectivo que todos debemos cuidar al extremo. Los debates internos, los cuestionamientos, son propios de la vida política, pero esa insistencia de trasladar al exterior presuntas situaciones de inexistentes riesgos institucionales, merecen la mayor condenación.

En cuanto al señor Presidente y su custodia, pensamos que es algo imprescindible que funcione con eficacia. Felizmente en el Uruguay los ex Presidentes podemos caminar por la calle tranquilos. Hay vigilancia en nuestras casas, como es natural, porque muy malo para el clima de seguridad sería advertir que se registraran en ese ámbito agresiones o invasiones. El Presidente en ejercicio, sin embargo, está en otra posición. No tiene el derecho a asumir los riesgos personales que podemos tener cualquier ciudadano. Él es la máxima jerarquía del país. Posee un enorme valor simbólico y no puede estar expuesto a la agresión violenta o aún al manoseo irritante de algún iracundo que procure ridiculizarlo. Entendemos el sentimiento de nuestro Presidente. Lo viví en su momento y si hoy disfruto de una libertad que no tenía entonces, con más razón reitero la obligación de la prudencia.

Dos caras entonces en el episodio penoso: el bochornoso del servidor público que hiere sus deberes; el enaltecedor de una institucionalidad que revalida la ejemplaridad de la democracia uruguaya.