Edición Nº 1096 - Viernes 4 de setiembre de 2026

Los “tragamonedas” huelen mal

Durante la gestión de Vázquez, se redactó un proyecto de ley -que no prosperó en el Parlamento-que prohibía totalmente las tragamonedas ilegales. Pero esa iniciativa no contó con apoyo y se redactó una fórmula de transacción, según la cual se habilitaría el funcionamiento de hasta tres maquinitas en bares y cantinas, a cambio del pago de un impuesto de dos unidades reajustables (hoy $ 1.342) por mes y por slot. Pero tampoco el oficialismo asegura los votos necesarios para su aprobación.

El diario El Observador informó que hay legisladores que sostienen que detrás de las vacilaciones del gobierno hay intereses espurios.

El senador Jorge Saravia dijo que, además de lo pernicioso del juego clandestino, tiene la sospecha de que se pueda estar lavando dinero a través de esa actividad que no tiene control estatal. El legislador hizo un pedido de informes al Ministerio de Economía -que hasta ahora no respondió- sobre las acciones tomadas por la Dirección Nacional de Casinos para enfrentar al juego ilícito.

Por su parte, el diputado Jorge Gandini había dicho que los fabricantes de esos slots financian campañas políticas y que le "consta" que "tienen relación" con Asamblea Uruguay, sector liderado por el vicepresidente Danilo Astori; la CAP-L del ministro Eleuterio Fernández Huidobro; y el Nuevo Espacio del senador Rafael Michelini

Según estimaciones oficiales, hay 18 mil slots truchos instalados en almacenes, bares y quioscos de todo el país, que mueven unos US$ 170 millones al año. Los casinos formales deben informar al Banco Central como actividades sospechosas de lavado de dinero, toda operación o apuesta superior a los US$ 3.000.

Cada uno de esos slots, según datos del gobierno, recauda por mes entre $ 12 mil y $ 16 mil.

Además, y dando cuenta de que todo el negocio de los “slots” huele mal, muy mal, la Federación Nacional del Juego (Fenaju) amplió el miércoles pasado su denuncia penal por la compra en 2011 que hizo la Dirección Nacional de Casinos, mediante remate, de una partida de maquinitas que habían ingresado al país en régimen de admisión temporaria. El caso es investigado por la justicia especializada en crimen organizado. Una resolución del Ministerio de Economía del 5 de abril de 2013 exoneró a Casinos de pagar impuestos por esos slots, informó el viernes el semanario Brecha. El abogado penalista Juan Fagúndez, representante de Fenaju, dijo ayer al diario El Observador que esa exoneración de impuestos "no se puede dar jamás" por ser la Dirección Nacional de Casinos un organismo comercial que no puede recibir ese beneficio. El dirigente de la Fenaju, Leonel Revelese, dijo que esas maquinitas funcionaban en Atlántida de manera ilegal y el Estado las compró a pesar que se trata de "bagayo".

¿Se acuerdan cuando el Frente Amplio hablaba de transparencia?



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