Correo de los Viernes - Los presos que desaparecen dentro del sistema de Bukele

Los presos que desaparecen dentro del sistema de Bukele

Viernes 18 de setiembre de 2026. Lectura: 5'

Miles de familias salvadoreñas desconocen dónde están presos sus familiares, cuál es su estado de salud e incluso si siguen vivos. Organizaciones internacionales han documentado detenciones en régimen de incomunicación, traslados cuyo destino no se informa y casos que, según los estándares internacionales, pueden constituir desapariciones forzadas. Es la zona más oscura de un modelo de seguridad que ha logrado abatir la violencia criminal en El Salvador.

Hay una diferencia sustancial entre encarcelar a una persona y hacerla desaparecer dentro de una cárcel.

En el primer caso, el Estado priva de libertad a alguien, pero sabe dónde está, informa a su familia, permite que tenga defensa y mantiene algún registro accesible sobre su situación jurídica. En el segundo, la puerta de la prisión se cierra y, del otro lado, puede comenzar el silencio.

Eso es precisamente lo que numerosas familias salvadoreñas denuncian que ocurre desde que Nayib Bukele instauró el régimen de excepción en marzo de 2022.

El balance de la política de seguridad salvadoreña contiene un dato imposible de ignorar: las pandillas que durante décadas aterrorizaron barrios enteros fueron drásticamente reducidas y los homicidios cayeron a niveles antes inimaginables. La Asamblea Legislativa informó en agosto pasado que, desde la aplicación del régimen, el país había acumulado 1.190 días sin homicidios. El oficialismo atribuye esos resultados a la ofensiva contra las estructuras criminales y sostiene que más de 92.000 pandilleros han sido capturados. [https://asamblea.gob.sv/node/14085]

Pero junto a ese resultado existe otro fenómeno, mucho menos exhibido en los videos espectaculares con los que el gobierno suele mostrar sus cárceles.

Amnistía Internacional informó en julio de este año que más de 90.000 personas habían sido detenidas desde el comienzo del régimen de excepción, que al menos 470 habían muerto bajo custodia estatal y que miles de familias seguían buscando información sobre el paradero, el estado de salud o la situación jurídica de sus seres queridos. La organización documentó casos en los que las autoridades ocultaron durante días o semanas dónde se encontraban personas detenidas y otros en los que presos permanecieron encarcelados pese a existir decisiones judiciales firmes que ordenaban su liberación.

No se trata solamente de no poder visitarlos.

En numerosos casos, los familiares no saben siquiera en qué cárcel están.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió testimonios de personas que debieron recorrer distintos establecimientos penitenciarios intentando localizar a sus familiares porque no existía un sistema centralizado y eficaz que les proporcionara esa información. La CIDH señaló además deficiencias y falta de actualización de los registros oficiales y casos en los que, después de enterarse de que un familiar había sido detenido, sus allegados perdieron todo contacto y dejaron de conocer su situación.

Es allí donde la palabra «desaparición» deja de ser una exageración periodística y adquiere un significado jurídico preciso.

El derecho internacional considera desaparición forzada aquellos casos en que agentes del Estado privan de libertad a una persona y posteriormente se niegan a reconocer esa detención u ocultan su suerte o su paradero, dejándola fuera de la protección de la ley. No hace falta que la persona haya sido asesinada ni que permanezca desaparecida durante años. La ocultación de un detenido bajo custodia estatal puede configurar por sí misma esa situación. Human Rights Watch y Amnistía Internacional sostienen que han documentado casos de esas características en El Salvador.

El fenómeno no pertenece solamente a los primeros tiempos del régimen.

En julio de 2026, la propia CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Elmer Concepción Romero Yanes, un salvadoreño deportado desde Estados Unidos el 31 de marzo de 2025. Desde su llegada al país, su familia no pudo conocer directamente dónde estaba, en qué condiciones se encontraba, cuál era su situación jurídica ni su estado de salud. El Estado salvadoreño comunicó a la Comisión información sobre su localización y sostuvo que había actuado diligentemente, pero la CIDH constató que continuaba incomunicado respecto de su familia y sus abogados.

No es un episodio aislado. Human Rights Watch investigó durante 2026 la situación de once salvadoreños deportados desde Estados Unidos y detenidos al llegar a su país. En varios casos las familias pasaron meses sin saber dónde estaban. Recién mediante actuaciones ante la CIDH el gobierno informó que cuatro permanecían en la prisión de Santa Ana y otro en el CECOT. En otros casos, los familiares llegaron a identificar a sus parientes observando fotografías o videos difundidos por el propio gobierno.

Hay algo particularmente perturbador en esa escena: descubrir que un hijo o un hermano sigue vivo porque aparece fugazmente en una filmación propagandística de una cárcel.

El problema tampoco puede despacharse suponiendo que todos los detenidos son pandilleros y, por lo tanto, que nada de esto importa. En 2024 el propio Bukele reconoció que unas 8.000 personas inocentes detenidas durante el régimen de excepción habían debido ser liberadas. Es decir, el mismo sistema admitió que su red de capturas había atrapado a miles que no debían estar presos.

La cuestión, entonces, no consiste en negar un hecho que también es evidente: El Salvador consiguió reducir espectacularmente la violencia de las maras y devolver a buena parte de su población una tranquilidad que durante años parecía imposible.

La cuestión es otra.

¿Qué ocurre después de que el policía cierra la puerta del vehículo y se lleva al detenido?

Un Estado puede detener, investigar, juzgar y condenar. Puede construir cárceles de máxima seguridad y aplicar penas severas a quienes hayan cometido delitos. Lo que no debería existir en un sistema jurídico es una zona intermedia en la que alguien está bajo custodia estatal pero su familia no sabe dónde se encuentra, un abogado no puede verlo y nadie ofrece información fiable sobre su salud o siquiera sobre su situación procesal.

Porque, desde el momento en que el Estado detiene a una persona, se convierte también en responsable de ella.

Y una cárcel no puede ser un lugar donde un ser humano simplemente desaparece.