Correo de los Viernes - Los políticos deciden mal y la gente lo percibe

Los políticos deciden mal y la gente lo percibe

Viernes 18 de setiembre de 2026. Lectura: 9'

Por Juan Carlos Nogueira

El deterioro de la aprobación del gobierno no beneficia automáticamente a la oposición. Juan Carlos Nogueira examina algunos de los sesgos y mecanismos que pueden conducir a malas decisiones políticas y terminar erosionando la confianza en todo el sistema.

El descontento que muestran las encuestas debería inquietar a todo el sistema político uruguayo. Según Opción Consultores, la desaprobación del gobierno pasó de 19% al comienzo del mandato a 57%, mientras la aprobación cayó de 30% a 19%. La oposición tampoco parece capitalizar el deterioro: según Factum, su desaprobación alcanza 46%.

Pero hay otro dato todavía más revelador. En diciembre de 2025, Factum preguntó quién estaba actuando mejor, si el gobierno, la oposición o ninguno de los dos. La respuesta fue 26%, 13% y 59%, respectivamente. La opción “ninguno” había sido elegida por 54% cuatro meses antes.

Los uruguayos parecen estar retirando su confianza tanto al gobierno como a la oposición. No se trata de un rechazo a la democracia ni a las instituciones. Es, más bien, una creciente desconfianza hacia la política y hacia quienes la ejercen.

¿Por qué ocurre?

Las malas decisiones políticas no solo nacen de la ignorancia, de la conducta inapropiada o de la incompetencia. Muchas veces intervienen mecanismos que distorsionan el proceso de decisión. Aunque quienes gobiernan suelen ser personas rectas, inteligentes, informadas y experimentadas, no son inmunes a los sesgos que afectan a todos. Incluso alguien que actúa racionalmente puede contribuir a una decisión irracional del conjunto.

Además de estos mecanismos, existe otra dimensión: las conductas viciadas de quienes toman las decisiones. Quedará para el próximo artículo.

Los ejemplos que siguen corresponden a decisiones recientes del gobierno de Orsi. No son mecanismos exclusivos de este gobierno, pero permiten verlos funcionando en situaciones concretas.

Las ciencias del comportamiento han mostrado que tomar decisiones no es un proceso puramente racional. Daniel Kahneman demostró que incluso personas inteligentes e informadas están expuestas a sesgos que pueden distorsionar sus juicios. La mente humana utiliza atajos que suelen ser útiles, pero que también pueden llevar a errores sistemáticos.

Una de las principales causas de los errores en la toma de decisiones es el sesgo de confirmación. Consiste en buscar las pruebas que nos dan la razón y prestar menos atención a las que nos contradicen.

La compra de la estancia María Dolores ofrece un buen ejemplo. Para sus defensores pesaron el valor productivo, los objetivos de colonización y la incorporación de tierras al Instituto Nacional de Colonización. Para sus críticos, el precio, las condiciones de la operación y las observaciones del Tribunal de Cuentas.

Todos pueden tener argumentos válidos. El problema empieza cuando la evidencia ya no sirve para decidir, sino para justificar lo que ya se decidió.

La política también suele convertirse en una lucha por obtener y conservar el poder. En ese contexto pueden operar tanto el modelo maquiavélico, que subordina la racionalidad a la consecución de determinados intereses, como el razonamiento motivado, mediante el cual se seleccionan e interpretan los argumentos de acuerdo con las conclusiones que se desea sostener.

El resultado suele ser similar: las decisiones dejan de evaluarse primordialmente por lo que conviene al Estado y pasan a justificarse según conveniencias políticas, ideológicas o de determinados grupos de interés.

Cardama es un ejemplo. El gobierno decidió rescindir el contrato de construcción de dos patrulleros oceánicos, argumentando irregularidades y problemas de cumplimiento. La oposición cuestionó la decisión y la interpretó como una utilización política del episodio.

Más allá de quién tenga razón, queda una pregunta: ¿dónde termina la decisión de Estado y dónde comienza la pelea partidaria? Cuando una misma decisión puede verse como una medida administrativa o como un arma política, distinguir una cosa de la otra se vuelve difícil.

El debate sobre los combustibles es otro ejemplo. Una misma decisión puede ser presentada como defensa del consumidor cuando la toma un partido y como demagogia cuando la toma el adversario. Al final, el ciudadano se pregunta cuánto hay de razón económica y cuánto de conveniencia política.

El mismo ejemplo permite observar otro sesgo: la aversión a la pérdida. Nos cuesta asumir un costo hoy, aun cuando evitarlo pueda resultar más caro mañana.

La decisión de no trasladar a los consumidores el aumento que sugería el precio de paridad de importación para los combustibles puede tener fundamentos económicos o sociales. Pero el costo de aumentar se ve inmediatamente; el costo de no aumentar puede aparecer mucho después.

El ciudadano puede entonces preguntarse si la decisión buscó resolver el problema o simplemente evitar el costo político de resolverlo.

Hay otro mecanismo, el llamado costo hundido: permitir que lo que ya se invirtió condicione lo que conviene hacer después.

En Cardama, una vez rescindido el contrato, la discusión no debería ser cuánto se gastó, sino cuánto valor puede recuperarse y cuánto costará obtener por otra vía la capacidad que se buscaba adquirir. Lo gastado no obliga a continuar. Pero tampoco cabe actuar como si nunca hubiera existido.

Hay una variante todavía más política del costo hundido: el costo de reconocer un error. Cuanto más se ha defendido una decisión, más difícil puede resultar admitir que fue equivocada.

Casupá lo ilustra. El Frente Amplio lo defendió durante años como alternativa a Neptuno/Arazatí y, una vez en el gobierno, decidió impulsarlo. En 2025, Ortuño llegó a afirmar que el proyecto era una realidad y que estaba resuelta su concreción pese a las observaciones de alto riesgo ambiental de la entidad que financia el proyecto (CAF, Banco de Desarrollo de América Lalina y el Caribe).

Ese costo político puede hacer que resulte más fácil seguir adelante que admitir que hay que cambiar de rumbo, incluso cuando aparecen razones para cambiar de rumbo.

Otro mecanismo menos visible es el sesgo de statu quo: la tendencia a mantener las cosas como están porque cambiarlas exige asumir un costo.

La situación de los militares privados de libertad lo ejemplifica. El tema lleva años en discusión. Hubo proyectos, mayorías, cambios de gobierno y nuevas iniciativas. Pero el problema sigue regresando al Parlamento.

No hace falta tener una posición determinada sobre el asunto para advertir el problema. Mantener lo que existe suele ser políticamente más fácil que cambiarlo. Y cuando el ciudadano ve un problema que todos reconocen y nadie resuelve, termina perdiendo confianza en el sistema.

Dentro de un grupo también puede ocurrir que mantener la cohesión o la adhesión a una ideología termine siendo más importante que cuestionar las propias ideas. Es el fenómeno conocido como pensamiento grupal.

El debate sobre las AFAP ofrece un ejemplo. El Instituto Cuesta Duarte ha sostenido durante años una posición crítica sobre el régimen de ahorro individual y ha producido argumentos técnicos que respaldan la postura del PIT-CNT.

Otro ejemplo más reciente es la negativa a declarar la esencialidad en el conflicto de TCP en el puerto. La decisión muestra cómo una determinada visión ideológica puede terminar delimitando las alternativas consideradas, aun frente a la pérdida de competitividad estratégica del puerto de Montevideo. Y hay una paradoja adicional: el Estado es propietario del 20% de TCP.

Cuando ese tipo de propuestas llega a influir en las decisiones del gobierno, el ciudadano termina preguntándose si se están defendiendo sus intereses o los de una determinada concepción política.

Nassim Nicholas Taleb agregó otra dimensión. Muchas decisiones se toman como si el mundo fuera más predecible de lo que realmente es. En sistemas complejos, como la economía o la política, los efectos inesperados pueden superar ampliamente los cálculos iniciales. Una mala decisión puede surgir entonces tanto de una mente sesgada como de una excesiva confianza en la propia capacidad de anticipar el futuro.

Uno de los sesgos que menciona Taleb es el exceso de confianza. La situación actual de la seguridad pública presenta un ejemplo típico. El gobierno presentó un Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 con 135 medidas, unas 65 ya en ejecución. Sin embargo, los homicidios aumentaron 6,6% durante el primer semestre de 2026.

Otro ejemplo de exceso de confianza puede encontrarse en las proyecciones de crecimiento utilizadas por el Ministerio de Economía. Para 2025 se proyectó un crecimiento del PBI de 2,6%, pero el resultado fue 1,8%. Para 2026, el gobierno estimó inicialmente un crecimiento de 2,2%, mientras que la mediana de las expectativas relevadas por el Banco Central descendió posteriormente a 1,6%. Lo más grave es que el gasto se planificó sobre la base de proyecciones optimistas.

El ciudadano no cuenta medidas ni evalúa planes. Lo que le importa es saber si vive más seguro y si la economía funciona. Cuando el discurso oficial transmite confianza, pero la realidad no acompaña, la distancia entre ambas cosas termina convirtiéndose en desconfianza.

Taleb también menciona el cortoplacismo. Esto es resolver lo urgente, aunque la factura quede para después.

La discusión sobre las AFAP resulta ilustrativa. Durante el Diálogo Social sobre la seguridad social se planteó modificar profundamente el papel de las administradoras. Finalmente, la reacción de los mercados hizo que el gobierno diera marcha atrás, manteniendo el ahorro individual y la existencia de las AFAP. Pero el incidente dejó serias dudas respecto a si las consecuencias de la primera decisión fueron debidamente sopesadas en el corto y largo plazo.

Ninguno de los ejemplos presentados implica necesariamente que los gobernantes sean incompetentes, deshonestos o malintencionados. Estos mecanismos pueden operar incluso sobre personas inteligentes, honestas y convencidas de estar haciendo lo correcto. Claro que si, además, aparecen conductas viciadas, el problema es todavía mayor.

Lo más preocupante es que varios de estos mecanismos pueden superponerse. Una decisión que fue tomada por razones políticas, es defendida por razones ideológicas, sostenida porque ya se ha invertido demasiado en ella y, finalmente, mantenida porque reconocer el error tiene un costo político demasiado alto.

No resulta extraño, entonces, que los ciudadanos lo perciban. Allí puede estar parte de la desaprobación que muestran las encuestas. Cuando los ciudadanos perciben que las decisiones políticas responden cada vez menos a la realidad y cada vez más a intereses partidarios o ideológicos, la pérdida de confianza termina alcanzando a todo el sistema.

La calidad de un sistema político no depende de que sus gobernantes nunca se equivoquen. Eso es imposible. Depende de que pueda detectar errores, corregirlos y limitar sus consecuencias. Los sistemas más resistentes no son aquellos que predicen correctamente el futuro, sino aquellos capaces de sobrevivir cuando la realidad se impone a sus predicciones.

Y si la política deja de escuchar a la realidad, tarde o temprano los ciudadanos dejan de escuchar a la política.

En el artículo del próximo viernes abordaré otros factores conductuales que también inciden en la desaprobación.