Correo de los Viernes - Los piquetes policiales no alcanzan

Los piquetes policiales no alcanzan

Viernes 21 de agosto de 2026. Lectura: 6'

Los recientes episodios protagonizados por hinchas de fútbol en ómnibus del transporte capitalino obligaron a la Policía a anunciar controles preventivos. La medida es necesaria, pero no puede sustituir una investigación profunda que identifique y lleve ante la Justicia a quienes cometieron delitos de extrema gravedad.

Dos episodios ocurridos con apenas una semana de diferencia encendieron todas las alarmas sobre la seguridad de los trabajadores y usuarios del transporte colectivo. Los hechos tuvieron características y grados de gravedad diferentes, pero compartieron un elemento inadmisible: grupos de hinchas pretendieron asumir el control de ómnibus de línea y decidir por sí mismos dónde debían detenerse y qué recorrido debían realizar.

El caso más grave fue, sin duda, el ocurrido el domingo 9 de agosto con el coche 87 de la línea 306 de UCOT. Unos 50 hinchas de Cerro abordaron la unidad en la terminal de ese barrio, cuando todavía viajaban pasajeros, y obligaron al conductor a trasladarlos directamente hasta el Intercambiador Belloni.

De acuerdo con la denuncia del trabajador y del sindicato, al menos dos hombres utilizaron armas de fuego para amenazar al chofer, mientras motocicletas escoltaban al ómnibus y le abrían paso. Durante aproximadamente 40 minutos y a lo largo de unos 13 kilómetros, el conductor debió circular sin realizar el recorrido normal, atravesar semáforos en rojo y mantener incluso las puertas abiertas. En el trayecto, uno de los integrantes del grupo descendió para arrebatarle efectos a una persona que caminaba por la calle y luego volvió a subir a la unidad.

Nada de esto ocurrió a escondidas. El ómnibus recorrió buena parte de Montevideo escoltado por otros vehículos, excediendo velocidades y violando señales de tránsito, sin que ninguna unidad policial lograra interceptarlo. Desde UCOT se alertó al servicio 9-1-1 y la Policía llegó a comunicarse con el conductor, quien no podía hablar libremente y dejó abierta la llamada para que pudiera escucharse lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la comunicación fue interrumpida y la respuesta policial nunca llegó. Por esa razón, el Ministerio del Interior abrió además una investigación administrativa sobre la actuación del Centro de Comando Unificado.

La investigación penal quedó a cargo de Seguridad en el Deporte y de la Fiscalía de Flagrancia. Las autoridades afirmaron que existen decenas de personas identificadas, aunque hasta el lunes 17 no se habían producido detenciones. Fuentes policiales señalaron que el caso se investiga como un delito de violencia privada y no como secuestro, puesto que no se exigió un beneficio como condición para liberar al conductor y a la unidad. También indicaron que todavía no habría pruebas concluyentes sobre el empleo de armas de fuego, más allá de la denuncia del chofer.

Esa discusión jurídica no puede hacer perder de vista la sustancia del episodio. En el lenguaje corriente, el ómnibus, su conductor y sus pasajeros fueron secuestrados: un grupo se apoderó de hecho de la unidad, impuso su voluntad mediante amenazas y obligó al trabajador a conducir hacia un destino determinado. La calificación penal definitiva corresponderá a la Fiscalía y a la Justicia, pero no hay eufemismo capaz de disminuir la gravedad de lo sucedido.

Una semana después se produjo un segundo episodio, esta vez en el coche 65 de la línea 2 de COETC, que trasladaba desde Plaza Colón a unos 30 hinchas de Peñarol. En este caso existen versiones sustancialmente diferentes.

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte denunció que el conductor había sido objeto de amenazas verbales, hostigamiento psicológico y una presión extorsiva para modificar su recorrido. Según el sindicato, el trabajador quedó en estado de nervios y debió recibir asistencia médica.

Sin embargo, cuando compareció ante la Policía, el chofer presentó un relato distinto. Reconoció que algunos pasajeros habían dicho inicialmente que dejaría de hacer paradas porque iban a “secuestrar el ómnibus”, pretensión que rechazó. Más adelante, dos hinchas le solicitaron que no circulara por avenida Centenario ni pasara cerca del Gran Parque Central, donde supuestamente se desarrollaría una actividad de Nacional, para evitar un eventual enfrentamiento entre parcialidades. El conductor declaró que no fue amenazado, que aceptó el desvío para evitar un mal mayor y que los hinchas descendieron en 8 de Octubre sin causar daños ni lesionar a ningún pasajero. Tampoco quiso presentar una denuncia penal.

Ante esas diferencias, la Policía sostuvo que, prima facie, no habría existido delito y que el episodio no era comparable con el protagonizado por los hinchas de Cerro. No obstante, decidió mantener abierta una investigación para determinar si corresponde informar a la Fiscalía.

Es razonable no equiparar automáticamente ambos casos. La investigación debe establecer qué ocurrió en la unidad de COETC, sin sustituir las pruebas por conjeturas ni ignorar la presión que puede ejercer sobre un trabajador la presencia de una treintena de hinchas. Pero incluso si el desvío fue finalmente acordado, permanece un principio que no admite excepciones: ninguna patota tiene derecho a determinar el recorrido de un ómnibus público, suspender sus paradas o imponer al conductor decisiones que no le corresponden.

Como respuesta a estos episodios, el Ministerio del Interior anunció que instalará “piquetes” policiales sorpresivos en los recorridos que, de acuerdo con la información de inteligencia, puedan transportar grupos capaces de provocar incidentes. También se reconstruirá la unidad Bus Seguro, con investigadores encubiertos dentro de algunas unidades, y se creará un ámbito permanente de coordinación entre la Policía, la Asociación Uruguaya de Fútbol y los sindicatos del transporte. A ello se sumará la instalación o reactivación de cámaras y botones de pánico conectados con los sistemas de seguimiento de la Intendencia de Montevideo.

Son medidas necesarias y, en buena medida, inexplicablemente demoradas. Los trabajadores del transporte no pueden quedar librados a su suerte cada vez que un grupo de hinchas decide desplazarse hacia un estadio. Tampoco los pasajeros pueden quedar convertidos en rehenes involuntarios de quienes confunden el apoyo a un club con una autorización para intimidar, destruir o delinquir.

Pero los piquetes, las cámaras, los botones de pánico y los policías encubiertos son instrumentos de prevención. No sustituyen la investigación de los delitos ya cometidos ni exoneran a las autoridades de determinar por qué falló de manera tan estrepitosa la respuesta estatal en el episodio del 306.

La investigación sobre aquel hecho debe ser sustantiva, profesional y llevada hasta sus últimas consecuencias. Deben analizarse las cámaras públicas y privadas, los registros del Sistema de Transporte Metropolitano, las comunicaciones con el 9-1-1, los videos difundidos en las redes sociales y todos los testimonios disponibles. También debe establecerse la responsabilidad de quienes amenazaron al conductor, de quienes acompañaron armados a la unidad, de quienes organizaron el traslado y de quienes cometieron otros delitos durante el recorrido.

El anuncio de piquetes policiales no es óbice para que esa investigación continúe hasta identificar plenamente a los responsables y reunir las pruebas necesarias para que sean debidamente formalizados. No se trató de una travesura de hinchas exaltados ni de un desorden menor alrededor de un partido de fútbol. Se trató de conductas que pueden configurar violencia privada, privación de libertad, amenazas, rapiña y otros delitos graves. Si, después de semejante demostración de impunidad, todo terminara apenas en reuniones, anuncios y personas “identificadas”, el mensaje para las barras sería devastador: que todavía pueden apoderarse de un ómnibus, aterrorizar a sus ocupantes y llegar tranquilamente al estadio sin responder ante la Justicia.