Los fiscales
Viernes 7 de agosto de 2026. Lectura: 4'
Por Luis Hierro López
Perú es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir cuando en un país la Justicia pierde confiabilidad y prestigio y permite que los fiscales pasen a ser protagonistas públicos de primera línea, otorgándoles el poder de hacer acusaciones con fuerte intencionalidad política y sin que los jueces ejerzan su oposición o contención.
El Código del Proceso Penal tuvo en Perú una reforma sustantiva en 2004, en sintonía con lo que ocurrió en varios países latinoamericanos, entre ellos Uruguay. Para reforzar, supuestamente, la acción del Estado frente a la delincuencia, el nuevo modelo procesal impuso la predominancia de los fiscales, restándoles facultades de investigación a la Policía y a los jueces. Esa novedad coincidió en Perú con un período de profunda inestabilidad gubernamental y con un avance de la antipolítica, provocado por la proliferación de varios casos de corrupción. Algunos fiscales creyeron ser los abanderados de la moral e iniciaron cruzadas públicas contra varios líderes, usando a la prensa en vez de los tribunales.
Hasta hace poco tiempo, era usual encontrar en los medios a un abogado acusador o a un fiscal anunciando que a algún jerarca o líder le corresponderían veinte o treinta años de cárcel, antes de fundamentar cuál sería el delito que se le imputaría. Hubo una especie de saña colectiva encabezada por juristas de poca monta que tuvieron una efímera ola de popularidad. En algunos momentos, dos de esos fiscales fueron las personas más conocidas del Perú y desde algunos medios se les proclamaba para ser presidentes.
Esa situación se vio agravada por un sistema que tiene muchas carencias y contradicciones, en el cual la prisión preventiva puede estirarse durante mucho tiempo, recluyendo a personas que pasan años en la cárcel, sin condena, y que luego resultan ser inocentes.
En ese clima es que hay que analizar la extraña situación ocurrida con la actual presidente, Keiko Fujimori, y con el expresidente Ollanta Humala, los dos procesados por supuestos delitos y con penas de prisión. Keiko estuvo en total cuarenta meses detenida y el recientemente liberado Ollanta Humala, 25 meses. En el caso de Keiko, un tribunal de apelaciones decretó nulo el procesamiento y el Tribunal Constitucional, que ejerce la última instancia, hizo lo mismo respecto a Ollanta Humala. Ambos habían sido acusados por lavado de activos y por haber recibido en forma ilícita dinero proveniente de empresas para sus campañas electorales. Ese financiamiento ilegal no pudo probarse y, además, las acusaciones en sí mismas no pudieron sustentarse, porque violentaron el principio de la irretroactividad de la ley, ya que la legislación en esa materia cobró vigencia en forma posterior a los hechos denunciados.
Similar situación ocurre con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que sufrió prisión domiciliaria y a quien se le confiscaron sus bienes sin que la Fiscalía haya podido comprobar sus denuncias. Hace poco, y cuando ya se estaban agotando todos los plazos procesales, un juez reclamó al fiscal que fundamentara su hipótesis, lo que dio lugar a un escrito de 70 páginas –que tuve la oportunidad de leer en Lima– en el que únicamente se utilizan verbos en condicional. El acusado “habría”... “es posible que”... “en esas condiciones puede interpretarse”. Al final del escrito, el fiscal sostuvo que PPK servía los intereses del capitalismo, intentando con ello demostrar que había cometido delitos o que, por lo menos, era muy sospechoso. Ante la falta de pruebas, la Justicia archivó el asunto, tras años de investigaciones y acusaciones por la prensa, con el consiguiente manoseo de los nombres y de las investiduras.
Hay otros ejemplos de jerarcas procesados y condenados en los que las pruebas fueron suficientes y los procedimientos se ajustaron a la legalidad, pero estas tres menciones alcanzan para advertir sobre una situación de desborde institucional que Perú vivió –y que ahora está superando– por haber experimentado en forma novelera y perniciosa una reforma que ha resultado negativa o, por lo menos, polémica en varios países.
Mezclar los procedimientos judiciales con la política, permitir el protagonismo público de los fiscales, sospechar al barrer de todos los líderes políticos y admitir el derrumbe de las garantías procesales son procesos que le hacen daño a la democracia. En términos más concretos, la experiencia que han vivido casi todos los países latinoamericanos demuestra que ha sido un error recortar las facultades de investigación que la Policía debe tener y haberles dado a los fiscales la potestad acusatoria excluyente, excesos que deben corregirse.
Sobre la politización de la Fiscalía en Uruguay ya hemos escrito varios de los columnistas de Correo. Habría que tomar nota de lo ocurrido en Perú.
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