Los desafíos por venir que la automatización traerá
Viernes 29 de mayo de 2026. Lectura: 12'
Por Gonzalo Durañona
La automatización y la inteligencia artificial prometen una revolución productiva sin precedentes, capaz de transformar desde la industria y la medicina hasta la educación y los servicios. Pero detrás de esa promesa emerge una pregunta inquietante: ¿qué ocurrirá con las sociedades cuando millones de personas dejen de ser necesarias para muchas de las tareas que hoy sostienen el empleo, el consumo y la estabilidad social? En este artículo, el ingeniero Gonzalo Durañona analiza los riesgos, tensiones y desafíos políticos que traerá la nueva economía automatizada, advirtiendo que el verdadero dilema no será tecnológico, sino humano y democrático.
La inteligencia artificial y la robótica están abriendo el camino a aplicaciones que, hasta hace muy poco, pertenecían más al terreno de la ciencia ficción que al de la planificación económica, empresarial o política. La generación de software, por ejemplo, comienza a experimentar reducciones drásticas en tiempos de desarrollo: productos que antes requerían equipos numerosos, grandes inversiones y largos ciclos de implementación podrían volverse viables con equipos mucho más pequeños, asistidos por sistemas capaces de escribir, revisar, probar y documentar código. Aun cuando no conviene asumir mecánicamente cifras absolutas —como una reducción universal del 90%—, sí parece razonable sostener que el apalancamiento con IA reducirá de forma sustantiva los costos de creación tecnológica y hará posibles emprendimientos que hasta ahora no eran redituables.
Este fenómeno no se limitará al software. La inteligencia artificial acelerará prácticamente todas las áreas de la tecnología, la producción y el conocimiento: salud, farmacéutica, biotecnología, genética, agricultura, ganadería, cuidado ambiental, construcción, transporte, banca, sistemas financieros, comercio, entretenimiento, educación, defensa, industria aeroespacial, generación y distribución de energía, logística, diseño industrial, servicios profesionales, administración pública y gestión de infraestructuras críticas. Allí donde exista información, repetición, optimización, simulación o toma de decisiones basada en patrones, la automatización tendrá algo que aportar.
El punto central, sin embargo, no es evaluar únicamente los sistemas de inteligencia artificial disponibles hoy. La verdadera dimensión del cambio aparece cuando se proyecta la evolución probable de estas tecnologías a la luz de lo ocurrido con la informática en las últimas décadas. Basta comparar los sistemas disponibles hace cuarenta, veinte o diez años con los actuales para comprender que la transformación no avanza en línea recta, sino con aceleraciones sucesivas. La computadora de guiado del programa Apolo, por ejemplo, operaba con capacidades ínfimas frente a las de un teléfono móvil contemporáneo. Esa comparación no pretende ser un mero dato curioso: sirve para recordar que lo que hoy parece extraordinario puede volverse común en una década, y rudimentario en dos.
Los modelos actuales de IA todavía cometen errores, inventan información, requieren supervisión humana y no poseen una comprensión plena del mundo. Pero juzgar el impacto social futuro de la automatización únicamente por sus limitaciones presentes sería tan ingenuo como haber juzgado el potencial de internet en los años noventa por la lentitud de una conexión telefónica.
La consecuencia inmediata de este desarrollo acelerado será un desafío creciente para el conocimiento humano. Mantenerse actualizado ya es arduo. En muchas tecnologías de punta, los cursos, certificaciones y prácticas profesionales comienzan a tener una vida útil cada vez más breve. Lo aprendido hace seis meses puede necesitar revisión; lo aprendido hace dos años puede pertenecer a otro paradigma. Esta volatilidad erosiona una de las promesas tradicionales de la educación moderna: la idea de que una formación profesional podía sostener una trayectoria laboral durante décadas. En la nueva economía tecnológica, la formación deja de ser una etapa de la vida para convertirse en una condición permanente de supervivencia laboral.
Pero el problema más profundo no es educativo, sino social. El aumento acelerado de la productividad hará que donde antes se necesitaban diez personas, tal vez se necesiten tres; y, en algunos casos, quizás una sola persona preparada, con las herramientas adecuadas, pueda realizar el trabajo de diez. Las otras nueve no desaparecen como problema económico ni moral. Siguen necesitando un ingreso para subsistir, para sostener a sus familias, para consumir, pagar impuestos, aportar a los sistemas previsionales, sentirse útiles, mantener vínculos sociales y participar de la vida colectiva.
Allí aparece el núcleo del conflicto. Los trabajadores desplazados no son tuercas descartables de un motor productivo que ya no las necesita. Son ciudadanos. Tienen derechos, responsabilidades, expectativas y, sin duda, algo que decir sobre las condiciones bajo las cuales deberán sobrevivir y cuidar a los suyos. Una sociedad que trate a millones de personas como excedente operativo no estará modernizando su economía: estará erosionando las bases de su legitimidad política.
El contrato social al que nos sometemos supone, entre sus entendidos más elementales, que la vida en sociedad ofrece algún grado razonable de sustento, protección, pertenencia y previsibilidad. No se trata de garantizar igualdad absoluta ni de negar la competencia, el mérito o la innovación. Se trata de algo más básico: evitar que el orden económico deje a una parte sustantiva de la población sin lugar funcional dentro del sistema. Cuando ese supuesto se rompe, la sociedad se asoma al abismo de la barbarie. No porque desaparezca la tecnología, sino porque desaparece la razón por la cual muchos aceptarían obedecer las reglas.
No es intención de este artículo profetizar lo que ocurrirá de aquí a cinco, diez o veinte años. La historia muestra que las transformaciones tecnológicas también crean nuevas ocupaciones, nuevos mercados y nuevas formas de organización. La pandemia de 2019 alteró, en pocos meses, una noción que parecía casi incuestionable: la presencialidad laboral como requisito general del trabajo profesional. Del mismo modo, la inteligencia artificial podría generar paradigmas laborales que hoy no somos capaces de imaginar plenamente.
También se habla de avances potencialmente extraordinarios en medicina, longevidad y calidad de vida. Si la biotecnología, la genética, la farmacología asistida por IA y la medicina personalizada aceleran sus resultados, la esperanza de vida podría experimentar transformaciones históricas. Eso alteraría todos los paradigmas actuales: edad de retiro, sistemas previsionales, organización familiar, ciclos educativos, consumo, herencia, vivienda y sentido mismo de la carrera laboral. Nuestras categorías presentes podrían volverse insuficientes para interpretar un futuro cada vez más cercano.
Pero la posibilidad de nuevos paradigmas no debe servir como excusa para la inacción. Sin regulaciones ni contrapesos, también se abre la puerta a rentabilidades extraordinarias concentradas en muy pocos actores. Bancos que pueden prescindir de buena parte de su personal; hospitales con menos enfermeros, técnicos y médicos; industrias sin obreros; empresas de entretenimiento con menos actores, guionistas o músicos; transporte sin conductores; comercios sin vendedores; guerras sin soldados; oficinas sin administrativos; atención al cliente sin operadores humanos.
La pregunta incómoda es evidente: ¿quién consumirá todo eso? ¿Quién tendrá ingresos suficientes para transportarse, ver series, comprar una vivienda, adquirir medicamentos, ahorrar en un banco o contratar servicios, si ya no hay bancarios, operarios, actores, conductores, administrativos, técnicos ni vendedores? Una economía que automatiza la producción pero destruye masivamente la capacidad de consumo termina enfrentando una contradicción estructural. Puede producir más, con menos gente, pero para un mercado socialmente debilitado.
A esta tensión podríamos llamarla la paradoja de la productividad sin demanda: cuanto más eficiente se vuelve el sistema al reducir trabajo humano, más riesgo corre de destruir la base social que sostiene sus propios ingresos. No es una crítica moral abstracta al lucro. Es una advertencia económica: una empresa puede mejorar sus márgenes reduciendo personal, pero si ese comportamiento se generaliza en toda la economía, la demanda agregada cae, la conflictividad social aumenta, la presión política se intensifica y el propio entorno de negocios se vuelve inestable.
La automatización abre así dos frentes simultáneos. Por un lado, el aumento de la productividad puede permitir que, incluso reteniendo parte importante de la masa laboral, las empresas incrementen considerablemente sus márgenes. Con mejores herramientas, mejores procesos y mayor capacidad analítica, una organización podría producir más, vender mejor, reducir errores, acelerar decisiones y mejorar la calidad de sus servicios. Ese escenario permite imaginar una transición virtuosa: trabajadores más productivos, empresas más rentables y sociedades más ricas.
Por otro lado, si las empresas optan por prescindir abruptamente del 30%, 50% o 70% de sus trabajadores, pueden obtener en el corto plazo márgenes hasta hoy inalcanzables. Pero ese camino, seguido masivamente, puede convertirse en una forma de suicidio sistémico. La ganancia individual de cada empresa contribuye a una crisis colectiva que termina afectando a todas. Es la vieja tensión entre racionalidad individual y racionalidad social: lo que parece eficiente para un actor aislado puede ser destructivo cuando todos lo imitan.
Allí entra la necesidad de regulación estatal. No como reflejo antitecnológico ni como defensa nostálgica de trabajos que quizá ya no tengan sentido económico, sino como mecanismo de transición, estabilidad y preservación del orden democrático. Las regulaciones a la avaricia, la ambición desmedida y la concentración del poder no son anomalías del sistema liberal; son parte de las condiciones que permiten su existencia. Las leyes antimonopolio, las normas contra el dumping, la tributación progresiva, los derechos laborales y los marcos de competencia existen porque un poder económico sin límites puede volverse incompatible con el Estado de derecho.
Un conglomerado suficientemente poderoso podría colocarse por encima de la autoridad tributaria, condicionar a la justicia, capturar reguladores, influir de forma desproporcionada en la opinión pública y convertirse finalmente en un riesgo para el propio sistema de gobierno. La automatización extrema puede intensificar ese peligro si concentra capital, datos, infraestructura, capacidad computacional y control productivo en manos de muy pocos actores.
Ese riesgo sobre la opinión pública merece una atención específica. Los algoritmos diseñados con fines poco transparentes o directamente malintencionados pueden afectar la capacidad de los ciudadanos de formarse una visión objetiva de la realidad. Pueden reforzar sesgos, instalar pensamientos dogmáticos, manipular emociones o incluso distraer a la gente de los asuntos principales mediante estímulos personalizados, entretenimiento superficial o información deliberadamente orientada. La táctica de confundir, dividir o desviar la atención no es nueva; lo nuevo es que la inteligencia artificial puede potenciarla con una escala, velocidad y precisión inéditas.
La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que la IA generativa tiene, por ahora, mayor potencial de transformar tareas que de reemplazar ocupaciones completas, pero esa conclusión no elimina el riesgo: lo desplaza hacia la calidad del trabajo, la distribución de beneficios y la desigualdad entre quienes logren complementar sus capacidades con IA y quienes queden fuera de esa transición. La OCDE también señala que la IA puede mejorar productividad, calidad laboral y seguridad ocupacional, pero insiste en la urgencia de actuar para gestionar sus efectos sobre el empleo.
La cuestión no es, entonces, si debemos frenar la inteligencia artificial. Ese planteo sería inútil y probablemente indeseable. La pregunta correcta es otra: ¿cómo impedimos que una revolución productiva termine convertida en una crisis de ciudadanía? ¿Cómo hacemos para que el ser humano no sea tratado como un repuesto obsoleto, sino como conductor, beneficiario y juez político de la transformación? Las respuestas posibles no son simples, pero algunas líneas resultan inevitables. Será necesario discutir moratorias parciales en sectores sensibles, impuestos o contribuciones vinculadas a ganancias extraordinarias por automatización, programas masivos de reconversión laboral, reducción gradual de jornadas, nuevas formas de reparto de productividad, fortalecimiento de la educación continua, protección de trabajadores desplazados, incentivos a empresas que aumenten productividad sin destrucción abrupta de empleo, y marcos de responsabilidad para sistemas autónomos en áreas críticas.
También habrá que revisar los sistemas previsionales y tributarios. Si el trabajo humano pierde peso relativo como fuente de valor económico, no parece sostenible financiar al Estado y a la seguridad social casi exclusivamente sobre salarios y consumo de trabajadores. Una economía altamente automatizada necesitará nuevas formas de capturar parte del valor generado por máquinas, algoritmos, datos e infraestructuras digitales. No para castigar la innovación, sino para preservar el ecosistema social que la hace posible.
Hay, además, un riesgo político más oscuro. En escenarios extremos, Estados debilitados o capturados podrían recurrir a sistemas autónomos de vigilancia, control y represión para contener a sociedades empobrecidas, frustradas o al borde de la inanición. Llegado ese punto, el contrato social ya habría sido roto. El Estado de derecho se habría vaciado de contenido y lo que quedaría sería una forma tecnificada de gobierno de facto: orden sin legitimidad, eficiencia sin justicia, estabilidad aparente sobre una base de alta fragilidad.
Conviene detenerse antes de entrar en ese espiral brutal. No para negar los riesgos, sino para pensar qué está todavía en nuestras manos. El futuro no está escrito. La automatización puede ser una herramienta de emancipación, reducción de trabajos peligrosos, mejora sanitaria, abundancia material y expansión del conocimiento. Pero también puede convertirse en una maquinaria de exclusión, concentración, manipulación y disciplinamiento social. La diferencia no estará solamente en la tecnología, sino en la política, la cultura institucional y la capacidad de anticipación de nuestras sociedades.
Se abre una nueva época. Podemos llamarla economía aumentada por inteligencia artificial, economía algorítmica, economía automatizada o nueva economía de la inteligencia productiva. El nombre es secundario. Lo decisivo es comprender que esta transición exigirá sistemas políticos lúcidos, vigilantes y capaces de proponer contrapesos antes de que la crisis estalle. Regular no será impedir el progreso; será darle cauce humano. Distribuir parte de la productividad no será atacar a la empresa; será proteger el mercado, la democracia y la paz social que permiten que las empresas existan.
La automatización traerá riqueza, eficiencia y descubrimientos que hoy apenas podemos imaginar. Pero ninguna sociedad puede sostenerse si millones de personas concluyen que el futuro no tiene lugar para ellas. La pregunta de fondo no es cuántas tareas podrán hacer las máquinas, sino qué lugar nos daremos los seres humanos en un mundo donde muchas de nuestras tareas actuales dejarán de necesitarnos.
Está en nuestras manos decidir si la inteligencia artificial será el instrumento de una nueva prosperidad compartida o el acelerador de una fractura social irreversible. La tecnología puede cambiar las condiciones materiales de la vida, pero no puede reemplazar la decisión política y moral de reconocernos como ciudadanos, no como piezas descartables de un sistema productivo. Esa será, probablemente, una de las grandes discusiones sociológicas, económicas y democráticas de nuestro tiempo.
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