Correo de los Viernes - Los cursos de género: expectativas y realidades

Los cursos de género: expectativas y realidades

Viernes 4 de setiembre de 2026. Lectura: 7'

El apuñalamiento de una estudiante de Medicina por un compañero sobre el que pesaban denuncias de acoso y violencia durante su etapa liceal llevó a colectivos de la Universidad de la República a reclamar formación obligatoria en género. La evidencia aconseja distinguir entre lo que esos cursos pueden aportar y lo que ninguna capacitación aislada está en condiciones de resolver.

El brutal ataque contra una estudiante de 19 años dentro de un aula de la Facultad de Medicina volvió a colocar la violencia contra las mujeres en el centro de la discusión pública. La joven fue apuñalada por un compañero de la misma edad, detenido como presunto autor de un intento de femicidio. Según los testimonios recogidos, estaba obsesionado con ella porque no respondía sus mensajes ni había aceptado salir con él. La intervención de otros estudiantes permitió reducirlo y evitó consecuencias todavía peores.

El episodio adquirió una dimensión aún más inquietante cuando excompañeros y madres de alumnas del Liceo N.º 1 de Salinas afirmaron que durante su etapa en secundaria el joven había protagonizado conductas de acoso, amenazas y tocamientos sin consentimiento. Se trata de denuncias y testimonios públicos, no de hechos judicialmente probados, pero fueron lo suficientemente graves como para que la ANEP dispusiera un informe de Inspección. El decano de Medicina, Arturo Briva, reconoció además que la Universidad no cuenta con un sistema que permita dar “trazabilidad” a esos antecedentes entre los distintos niveles de la enseñanza.

Como reacción, estudiantes, trabajadores y colectivos vinculados a la Universidad de la República reclamaron formación obligatoria en género, según informó la diaria. La Universidad dispuso talleres de reflexión y concientización, aunque aclaró que su participación sería voluntaria. El reclamo es comprensible, pero precisamente porque el problema es grave corresponde preguntar qué efectividad real tienen esos cursos para impedir la violencia contra las mujeres.

¿Un curso obligatorio habría evitado el ataque? No existe base seria para afirmarlo. Tampoco puede asegurarse lo contrario. Lo que sí puede decirse es que, si se confirman las advertencias realizadas durante la etapa liceal, el problema no habría sido únicamente la incapacidad para reconocer ciertas conductas, sino la ausencia de una respuesta eficaz después de que fueron señaladas. Un curso puede ayudar a detectar una señal; no garantiza que la institución actúe cuando la señal aparece.

El primer error consiste en colocar bajo la etiqueta de “cursos de género” actividades completamente diferentes. No es igual capacitar a un policía para evaluar el riesgo de una denunciante que intentar modificar las convicciones de miles de estudiantes o someter a un agresor a un programa de reeducación. En un caso se procura mejorar una competencia profesional; en otro, transformar actitudes; en un tercero, evitar la reincidencia. Cada objetivo exige métodos e indicadores distintos.

La formación de quienes deben recibir denuncias, disponer medidas de protección o atender a las víctimas tiene una utilidad clara. Policías, médicos y docentes necesitan conocer procedimientos y canales institucionales, por lo que la obligatoriedad puede ser razonable. Aun así, las revisiones disponibles muestran que la capacitación mejora sobre todo el conocimiento, la confianza y la capacidad declarada para identificar situaciones de violencia; sus efectos sobre las derivaciones efectivas y la respuesta concreta son mucho menos seguros. Saber qué hacer no garantiza que se haga.

La evidencia es más cautelosa todavía respecto de los cursos generales de sensibilización. Un metaanálisis de Mark V. Roehling, Dongyuan Wu, Mahl Geum Choi y James H. Dulebohn, publicado en 2022 en la revista académica Personnel Psychology, encontró que la capacitación contra el acoso sexual producía un efecto considerable sobre la adquisición de conocimientos, moderado sobre las actitudes y las destrezas, pero muy pequeño sobre su traslación a la conducta real. En la escala empleada por los investigadores, el efecto fue de 1,06 sobre el conocimiento declarativo y de apenas 0,14 sobre los resultados de transferencia. Los participantes aprendían a contestar mejor, pero había pocas pruebas de que después actuaran de manera sustancialmente diferente.

Las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos llegaron a una conclusión semejante: la capacitación puede mejorar el conocimiento de las normas y la identificación de conductas indebidas, pero no se ha demostrado que por sí sola prevenga el acoso o cambie comportamientos y creencias. Advirtió además que los cursos genéricos, obligatorios y concebidos para acreditar el cumplimiento de una exigencia pueden provocar rechazo, reforzar estereotipos o aumentar la tendencia a responsabilizar a las víctimas. Su recomendación fue orientarlos hacia habilidades concretas para intervenir y adaptarlos a cada población.

La obligatoriedad permite llegar a quienes nunca concurrirían voluntariamente, pero resuelve el problema de la presencia, no el de la disposición a aprender. Un estudio sobre cursos obligatorios en universidades estadounidenses encontró pequeñas mejoras en conocimientos y actitudes, pero después de la capacitación las mujeres manifestaron una intención de denunciar una eventual agresión aproximadamente doce puntos porcentuales menor. El curso pudo haberlas hecho más conscientes de los costos y represalias asociados a la denuncia, dejando al descubierto su desconfianza en el sistema que debía protegerlas.

Esto no significa que toda formación fracase. Las experiencias más prometedoras son interactivas, se extienden en el tiempo, practican respuestas ante situaciones concretas y forman parte de intervenciones más amplias. Los programas de espectadores activos, por ejemplo, enseñan a terceros a interrumpir una situación, pedir ayuda o acompañar a la víctima. También existen evaluaciones favorables de programas dirigidos a adolescentes y de iniciativas comunitarias prolongadas. Lo decisivo es que no consisten en una charla aislada ni miden su éxito por la cantidad de certificados entregados.

Una revisión internacional de 52 evaluaciones sobre violencia en el noviazgo halló efectos preventivos en al menos un indicador en la mitad de los casos, pero solo cinco programas mostraron resultados durante un año o más. Otra revisión global, realizada con participación de la Organización Mundial de la Salud y publicada en 2025, examinó 178 estudios de síntesis. Su conclusión fue que la violencia puede prevenirse, pero mediante estrategias que combinan formación, habilidades para la vida, fortalecimiento de las mujeres, intervención comunitaria, servicios accesibles y transformación del entorno. Los tratamientos uniformes impuestos a agresores, en cambio, siguen ofreciendo resultados inconsistentes.

Uruguay posee desde 2017 una legislación que ordena la capacitación permanente del personal educativo y policial en violencia basada en género. Pero la Ley N.º 19.580 no reduce la respuesta estatal a esa formación: también exige protocolos de detección temprana, mecanismos de denuncia, intervención y derivación oportuna, investigación, sanción, registros actualizados y evaluación de las políticas. La capacitación fue concebida como una pieza de un sistema integral, no como sustituto del sistema.

Por eso, ante el reclamo surgido en la Universidad de la República, corresponde definir qué formación se propone, a quiénes estaría dirigida y qué resultado se espera. Si el objetivo es reconocer señales de acoso, conocer dónde denunciar o aprender cómo acompañar a una compañera, el curso puede ser útil. Si se supone que una unidad curricular obligatoria convertirá a un eventual agresor o impedirá por sí misma un ataque, se le estará atribuyendo una capacidad que la evidencia no respalda. Y en el caso de Medicina subsisten preguntas más incómodas: si hubo advertencias en secundaria, ¿fueron registradas?, ¿qué actuaciones se dispusieron?, ¿existió seguimiento?, ¿cómo pueden comunicarse señales de riesgo con las debidas garantías?

Responder esas preguntas obliga a revisar procedimientos, distribuir responsabilidades y asignar recursos. Organizar un curso es más sencillo y visible. De allí el riesgo de que la capacitación funcione como coartada institucional: prueba que se hizo algo, aunque no que ese algo evitará la próxima agresión. La Comisión de Género del Sindicato Médico del Uruguay resumió el problema con precisión: “detectar sin actuar no es prevenir”. Una política seria debe medir intervenciones oportunas, protección efectiva y confianza de las víctimas, no solamente asistentes y respuestas correctas al terminar una clase.

Los cursos de género no son inútiles, pero tampoco son una vacuna contra la violencia. Pueden abrir los ojos de quien no sabía ver, ofrecer herramientas a quien está dispuesto a actuar y fijar los límites que una institución debe defender. No convertirán a todos los asistentes ni detendrán por sí solos a un agresor decidido. Para proteger a las mujeres hacen falta conocimientos, pero también autoridad, recursos, canales confiables, seguimiento y consecuencias. Los certificados prueban que alguien estuvo presente; la prevención comienza cuando las instituciones demuestran qué hicieron con lo que ya sabían.