Los ayatolás dan lecciones de derechos humanos
Viernes 16 de octubre de 2026. Lectura: 3'
 En una demostración de cinismo difícil de superar, el régimen iraní, responsable de la matanza de miles de manifestantes, convocó al embajador francés para protestar por la represión policial contra las movilizaciones estudiantiles que sacuden Francia desde hace varias semanas.
Hay noticias que parecen escritas por un humorista, pero que, lamentablemente, son rigurosamente ciertas. El régimen de los ayatolás, que ha convertido la represión, la tortura y el asesinato de opositores en instrumentos habituales de gobierno, acaba de darle a Francia una lección de derechos humanos.
El pasado 6 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní convocó al embajador francés en Teherán, Pierre Cochard, para expresarle su «profunda preocupación» por la actuación policial durante las protestas estudiantiles que se desarrollan en Francia desde mediados de setiembre. Las autoridades iraníes denunciaron «violaciones generalizadas de los derechos humanos» y exigieron a París que respetara las libertades fundamentales y el derecho a manifestarse pacíficamente.
No es una broma. Lo dijo, con toda solemnidad, el gobierno de la República Islámica de Irán.
El mismo régimen que, en enero de este año, desató una represión sangrienta contra sus propios ciudadanos, cuando cientos de miles de iraníes salieron a las calles reclamando libertad y mejores condiciones de vida. Las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes, incluidos menores de edad, y dejaron miles de muertos. Según la organización iraní de derechos humanos HRANA, fueron asesinados al menos 6.488 manifestantes, una cifra recogida por Reuters, aunque no pudo verificarla independientemente.
Human Rights Watch denunció auténticas masacres y, en un informe publicado en setiembre, una misión investigadora de las Naciones Unidas concluyó que la represión iraní había incluido crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinatos, encarcelamientos arbitrarios y torturas.
Pero la violencia no terminó allí. Las autoridades iraníes han continuado persiguiendo a los opositores, encarcelando a miles de personas y ejecutando a manifestantes mediante procedimientos judiciales que ofrecen escasas garantías. Una investigación de Reuters, publicada el 8 de octubre, documentó esta campaña sistemática de intimidación, que alcanza incluso a ciudadanos iraníes exiliados.
Y es precisamente ese régimen el que ahora pretende erigirse en defensor de los estudiantes franceses.
Por supuesto, la actuación de la policía francesa no está exenta de cuestionamientos. Pero hay una diferencia esencial entre una democracia que debe responder por los excesos de sus fuerzas de seguridad y una dictadura que organiza desde el propio Estado la eliminación física de quienes se atreven a desafiarla.
En Francia, los manifestantes pueden protestar, los periodistas pueden denunciar los abusos y las instituciones judiciales pueden exigir responsabilidades. En Irán, quienes protestan arriesgan la vida; quienes denuncian pueden terminar en prisión y quienes imparten justicia están frecuentemente al servicio de los represores.
El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, tuvo incluso el descaro de acusar a Francia de aplicar un «doble rasero» en materia de derechos humanos. Resulta difícil imaginar una expresión más acabada de hipocresía política.
La respuesta francesa no se hizo esperar: París convocó, a su vez, al embajador iraní y calificó las acusaciones de Teherán de provocaciones vergonzosas.
El episodio dejaría lugar a la risa si detrás de semejante impostura no hubiera miles de cadáveres, familias destrozadas y ciudadanos aterrorizados por el aparato represivo de la República Islámica.
Que una dictadura denuncie abusos policiales en una democracia no es, por sí mismo, lo escandaloso. Los derechos humanos son universales, y las denuncias deben juzgarse por sus fundamentos, no por quién las formula. Lo verdaderamente obsceno es que un régimen responsable de masacrar a sus propios ciudadanos pretenda presentarse como autoridad moral en la defensa de las libertades que niega sistemáticamente a su pueblo.
El verdugo no sólo reclama impunidad por sus crímenes. Ahora también pretende dar lecciones sobre cómo deben tratarse las víctimas.
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