Correo de los Viernes - Lo que los autos eléctricos nos enseñaron sobre los impuestos

Lo que los autos eléctricos nos enseñaron sobre los impuestos

Viernes 10 de julio de 2026. Lectura: 4'

Por Darío Peña

La revisión del régimen tributario para los vehículos eléctricos reabrió un debate que trasciende esa tecnología. La experiencia de los últimos años demuestra que la presión fiscal influye directamente sobre las decisiones de los ciudadanos y obliga a preguntarse si el sistema impositivo uruguayo sigue siendo coherente con los objetivos de desarrollo y movilidad que el propio país se fijó.

Quienes siguen esta columna saben que habitualmente escribo sobre cuestiones vinculadas al ambiente y al desarrollo sostenible. Sin embargo, la cuestión ambiental nunca fue una disciplina aislada. La energía, el transporte, la economía y la tributación forman parte del mismo sistema de decisiones públicas. Por eso, el reciente ajuste en el régimen tributario de los vehículos eléctricos merece una reflexión que va mucho más allá de un decreto puntual.

En los últimos años, Uruguay utilizó la política fiscal como una herramienta para impulsar la movilidad eléctrica. La exoneración del IMESI redujo de forma significativa el costo de acceso a esta tecnología y contribuyó a acelerar su adopción. A eso se sumó un elemento igual de relevante, aunque menos visible. El vehículo eléctrico sustituye un combustible que está gravado con IMESI e IVA por electricidad que no soporta ese impuesto selectivo. El resultado fue claro. Para muchos usuarios, moverse en un vehículo eléctrico era sustancialmente más barato.

Ese proceso dejó una enseñanza que no debería subestimarse. Cuando el Estado reduce la carga tributaria sobre la movilidad, la demanda responde con rapidez. Si algo aprenden quienes trabajan en políticas públicas, es que los impuestos no solo financian al Estado, también condicionan decisiones cotidianas.

Cuando una persona compra un automóvil nuevo en Uruguay paga IVA e IMESI. Desde el punto de vista jurídico se trata de tributos distintos, con hechos imponibles diferentes definidos por la ley. No hay doble imposición en sentido técnico. Esa aclaración es correcta y necesaria. Sin embargo, en la realidad económica el ciudadano no compra categorías jurídicas que generan apasionados debates en las universidades; compra un vehículo. Sobre esa misma decisión recaen simultáneamente dos impuestos al consumo. Uno general y otro selectivo. Luego, cuando un vehículo convencional comienza a circular, cada carga de combustible vuelve a estar gravada con IVA e IMESI. El resultado es una estructura tributaria donde la movilidad soporta una carga acumulativa en dos momentos distintos del mismo proceso económico.

Durante décadas esto se justificó bajo la lógica de que el automóvil era un bien asociado a mayor capacidad contributiva o incluso como un bien de carácter suntuario. Sin embargo, esa premisa se ha debilitado con el tiempo. Hoy el automóvil es una herramienta de trabajo y de vida cotidiana. Permite acceder al empleo, a la educación y a servicios básicos en un territorio donde la movilidad pública no siempre ofrece alternativas suficientes. Asimismo, la mayoría de los vehículos no se adquieren al contado, sino mediante financiamiento a largo plazo. Cuesta cada vez más sostener la idea de que estamos frente a un bien de lujo.

Llamativamente, fue la propia política ambiental la que evidenció esta transformación. Al reducir la carga tributaria sobre los vehículos eléctricos, el Estado mostró que el acceso a la movilidad se vuelve más amplio cuando el sistema fiscal acompaña. Tal vez el mayor experimento de alivio fiscal sobre el transporte no haya sido una reforma tributaria clásica, sino una política ambiental aplicada a la tecnología.

En ese contexto debe leerse el reciente cambio en el régimen del IMESI para vehículos eléctricos. Desde el punto de vista estrictamente jurídico puede discutirse si se trata del aumento de un tributo o de la reducción de una exoneración. No obstante, en términos económicos es innegable que hay un aumento de la carga tributaria efectiva sobre determinados vehículos eléctricos que hasta ahora estaban exonerados. Más allá de los tecnicismos que el gobierno pretenda instalar, estamos frente a un incremento en la presión fiscal sobre la movilidad eléctrica.

Este cambio se produce en sentido inverso a la tendencia que el propio país había venido construyendo durante años en materia de transición energética. Uruguay ha dado señales consistentes de utilizar la tributación como incentivo para la descarbonización del transporte. Este ajuste introduce una señal distinta, que al menos merece ser discutida con honestidad intelectual.

Es momento de preguntarse si el sistema tributario actual sigue siendo coherente con los objetivos que el propio país se propuso en materia energética y ambiental. Quizás la discusión no deba limitarse a cuánto recauda el Estado, sino cómo recauda y qué efectos sobre las conductas genera en el camino. La movilidad eléctrica evidenció fácticamente que la tributación puede ser una herramienta poderosa para orientar cambios estructurales.

El debate sobre los vehículos eléctricos abre una discusión más amplia que Uruguay no debería seguir postergando. Sin desconocer la necesidad de recaudar, un sistema tributario moderno debería ser más simple y menos distorsivo. Hay impuestos que hoy se acumulan sin una razón clara sobre la vida de la gente y que terminan encareciendo decisiones básicas. Si el objetivo es mejorar la calidad de vida, el camino no puede ser seguir agregando cargas sobre lo cotidiano, sino empezar a aliviarlas donde ya no tienen una justificación real.