Correo de los Viernes - Lo que el Estado no vio venir (porque no estaba mirando)

Lo que el Estado no vio venir (porque no estaba mirando)

Edición Nº 1096 - Viernes 4 de setiembre de 2026. Lectura: 5'

Por Marcela Pérez Pascual

Un cuchillo en un aula de Medicina no es solo una tragedia individual. Es la prueba de que dos sistemas, el de salud mental y el de seguridad, están fallando al mismo tiempo.

El martes 1.º de setiembre, un estudiante de 19 años atacó con un cuchillo a una compañera de clase en el anexo de la Facultad de Medicina. La joven, aparentemente, evoluciona físicamente bien. El caso se investiga como tentativa de femicidio, y si esa hipótesis se confirma, no admite matices: cualquier violencia por razón de género merece rechazo absoluto y sin condiciones. Pero limitar la lectura del episodio a esa única clave corre el riesgo de tapar dos fallas estructurales que el hecho también deja al desnudo, y que atraviesan a toda la sociedad uruguaya, no solo a esta aula.

La primera es la salud mental. Según trascendió a partir de declaraciones de su entorno y de fuentes judiciales consultadas por la prensa, el agresor atravesaría problemas de salud mental. El miércoles 2, tras sufrir una descompensación, fue internado en una clínica psiquiátrica y no había podido declarar mientras era evaluado por especialistas. Sin especular sobre lo que todavía no está confirmado —entre otras cosas, si había tenido contacto previo con el sistema—, el episodio vuelve a plantear una pregunta que no es nueva: ¿qué capacidad tiene hoy el sistema de salud mental para detectar, asistir y contener situaciones de riesgo antes de que desemboquen en hechos irreversibles, cuando la transformación prometida por la ley uruguaya hace casi una década sigue incompleta?

La Ley 19.529, de 2017, dispuso el cierre progresivo de las “estructuras asilares y monovalentes” y su sustitución por dispositivos alternativos, con una red de servicios de salud mental integrados en los barrios, cerca de la gente y conectados con el resto del sistema de salud. El plazo para completar ese cambio era, originariamente, 2025, pero en diciembre de ese año, la Ley de Presupuesto extendió ese plazo hasta 2029, antes incluso de que el plazo original se cumpliera. No hubo incumplimiento, hubo una fecha que se corrió hacia adelante.

La última vez que una Rendición de Cuentas destinó fondos específicos a esa transformación fue en 2022, con $240 millones anuales para ASSE y otro tanto para el MSP. En la Rendición de Cuentas que la Cámara de Diputados terminó de aprobar este agosto, la salud mental de la población no mereció una sola línea. La única mención a “salud mental” en todo el proyecto es un artículo que destina $7 millones a un programa de bienestar para el personal policial. Ni ASSE, ni el MSP, ni la red de centros barriales que la ley de 2017 prometió completar aparecen mencionados.

La salud mental uruguaya no carece de ley, ni siquiera de plazo: tiene ley y tiene, desde diciembre, un nuevo plazo hasta 2029. Lo que no tuvo, este año, fue un lugar en la agenda de la Rendición de Cuentas, y esa ausencia es exactamente el tipo de vacío donde un caso como este puede gestarse sin que nadie lo detecte a tiempo.

La segunda falla es la inseguridad, y acá tampoco hace falta interpretar nada: los números son oficiales. El Ministerio del Interior informó que en el primer semestre de 2026 se registraron 195 homicidios en Uruguay, un aumento del 6,6% respecto al mismo período de 2025. Tres de cada cuatro de esos homicidios se cometieron con arma de fuego. Y no hace falta ir a las estadísticas nacionales para ver la otra cara de esa inseguridad: trabajadores de la propia Facultad reconocieron, tras el ataque, que el edificio no cuenta con cámaras en los pisos y que en el momento del hecho había una sola persona de vigilancia, insuficiente para intervenir. Un episodio de violencia extrema pudo desarrollarse dentro de un aula, sin ningún mecanismo institucional de contención, hasta que estudiantes y funcionarias lograron reducir al agresor. Que la reacción inmediata haya recaído en estudiantes y funcionarias de la Facultad, y no en un dispositivo institucional de seguridad capaz de intervenir a tiempo, no es un detalle menor: es la prueba de que la sensación de vulnerabilidad que ya generan las cifras nacionales de homicidios se extendió también a espacios que hasta hace poco se percibían como protegidos.

Ninguna de las dos fallas exime a la otra. Uruguay puede tener, a la vez, una ley de salud mental cuya transformación no encontró lugar este año en la agenda de la Rendición de Cuentas y una infraestructura de seguridad institucional que no logra contener un episodio de violencia ni siquiera dentro de un edificio universitario. Son dos políticas públicas distintas, con responsables distintos, pero comparten el mismo síntoma: promesas normativas bien escritas y una agenda de prioridades que, cuando tiene que elegir, elige otra cosa. El propio decano de la Facultad lo reconoció al anunciar que se reforzarán las medidas de seguridad, un anuncio que llega, como casi siempre, después del hecho y no antes.

Lo ocurrido en la Facultad de Medicina no necesita un culpable ideológico ni una lectura única. Necesita que el Estado deje de tratar la salud mental y la seguridad como capítulos separados de la gestión pública y empiece a tratarlas como lo que son: la misma responsabilidad de proteger a los ciudadanos, antes de que el próximo hecho vuelva a demostrar que no se está cumpliendo.

Sin salud mental accesible y sin seguridad efectiva, no hay prevención, solo el próximo episodio que ya se está gestando en algún lugar que todavía nadie está mirando.