Lo pasajero y lo importante
Viernes 21 de noviembre de 2025. Lectura: 4'
Por Julio María Sanguinetti
El mundo está incendiado, nos están llegando las chispas, pero nuestros debates uruguayos parecen estar lejos de todo.
Como en un cenáculo jurídico, nos hemos pasado varios meses discutiendo lo obvio: que el presidente de ASSE adolecía de unas incompatibilidades como las que han experimentado muchos jerarcas a lo largo de los años. La Constitución es bien clara y solo un empecinamiento gubernamental mantuvo ese tema en el tapete, como si nos estuviéramos jugando la vida. Lo que se hizo al final debió reconocerse el primer día.
Al mismo tiempo, transcurre otro debate jurídico, este de real envergadura: la construcción de las lanchas patrulleras oceánicas, imprescindibles para el ejercicio de nuestra soberanía en el mar territorial, donde es notorio que pesca quien quiere, en perjuicio de intereses principalísimos del país.
Se arrancó, en tono dramático, con una acusación de estafa y fraude al astillero español contratado para construir las dos embarcaciones. Resultaba algo totalmente apresurado, cuando había dos oficiales uruguayos que hacía dos meses venían monitoreando la construcción, que efectivamente se venía cumpliendo en el astillero Cardama. No estábamos delante de un estafador que nos había embaucado y no estaba haciendo los buques ni invirtiendo nada o cosa parecida. Se trataba del cumplimiento más fiel o menos fiel de un contrato: asunto de abogados y técnicos navales.
La piedra del escándalo fue que la garantía ofrecida efectivamente no existía. Por supuesto, es un contrato accesorio, que funcionaría si no se cumpliera el principal. Se hizo de lo accesorio algo principal y ahí andamos de juzgado en juzgado, en una extrañísima situación, porque las lanchas se siguen construyendo, el contrato continúa vigente y el propio Presidente dice que por el momento no hay anulación, pese a que ese fue el anuncio inicial. Es más, en este mismo período de gobierno se hicieron pagos importantes, reconociéndose por lo tanto que el contrato se estaba ejecutando.
Lo importante aquí son las patrulleras oceánicas. No podemos seguir como estamos, regalando nuestro mar. La más elemental sensatez —y creemos en la sensatez del Presidente— es buscar un arreglo. El galimatías jurídico solo nos llevará a una formidable frustración del objetivo principal. Si el tema es una garantía, se trataría de lograr que aparezca alguna y no dudamos de que, involucrado como ya está hasta el propio gobierno de Galicia, que es muy importante, de algún modo se encontrará. El otro camino será perder 30 millones de dólares, frustrar esfuerzos, quedarse con barcos a medio construir y el problema real sin resolver. Lo dice la experiencia.
Entretanto, estamos delante de enormes desafíos. Uno que va creciendo es el de la inseguridad, ya no en términos de ciudadanía sino de integridad del Estado. No es que la estadística nos dé números peores, sino que el Estado mismo está en cuestión. El asalto a la casa de la Fiscal de Corte y las amenazas al Instituto Nacional de Rehabilitación son expresiones de soberbia delictiva que le plantean directamente un desafío al Estado. Sus servidores están en riesgo de vida, como en cualquiera de los países que veíamos lejos hasta ahora.
No dudamos de que la policía esté cumpliendo su tarea. Pero esto va más allá. Es todo el Estado. Son los tres poderes. Y el tema se complica cada día porque la dimensión social es muy profunda. Tenemos que pensar que ya hay mucha gente que por poco dinero es contratada para servir al narcotráfico y sus aledaños. Los desocupados tecnológicos, que crecen día a día, son las víctimas de su desesperación.
Soluciones mágicas no hay. La única prevención real es el trabajo, la estabilidad familiar y la educación. Lo urgente es la represión y ella debe organizarse, sin temores ni tibiezas. Lo que requiere es el compromiso colectivo, la comprensión de los medios de comunicación y el compromiso de fiscales y jueces. La policía, sola contra el mundo y sometida al escrutinio permanente de ser juzgada por cualquier traspié, difícilmente alcanzará. No estamos proponiendo salirnos de la ley, pero sí aplicarla con el criterio que la emergencia nos impone a todos.
No estamos seguros de que el país tenga conciencia de lo que tenemos delante.
Un Uruguay en los titulares es un Uruguay sin la inversión generadora de empleo. Así de claro. Los países grandes tienen más capacidad de resistencia, nosotros no. Si hoy tenemos el PBI per cápita mayor de la región es porque la estabilidad política y la seguridad jurídica nos han dado un crédito mayor al que nuestra escala estaría sugiriendo a los inversores. Donde esto se ponga en cuestión, el futuro se empieza a cerrar.
Como se ve, hay asuntos pasajeros, cuestiones importantes, pero también verdaderos dilemas existenciales.
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