Llegó la hora
Edición Nº 1000 - Viernes 26 de julio de 2024. Lectura: 3'
Por Consuelo Pérez
La seguridad pública no pasa solamente por la ausencia o disminución del crimen, sino que debe apuntar al fortalecimiento de la convivencia, con el Estado como protagonista responsable de las acciones necesarias.
Es muy claro, pues los datos lo confirman a diario, que durante los quince años de miradas indulgentes del Frente Amplio hacia el delito, los fracasos fueron la constante, pues se incrementó constantemente el crimen, deteriorándose además todos los aspectos de la convivencia pacífica. Y es muy difícil revertir ese camino. Lo vemos a diario.
El innegable cambio que se viene produciendo en los años de gobierno de Coalición es irrefutable, pues los datos así lo indican, pero obviamente es insuficiente. Y se manifiesta a diario en la balacera del día, en los llamados ajustes de cuentas y en el sufrimiento de inocentes, víctimas directas o potenciales de esta ausencia de convivencia pacífica.
Es obvio que la represión y disuasión siempre deben estar presentes cuando es necesario, a pesar de la lluvia de piedras que generalmente ocasiona, prueba tangible de las metástasis que han crecido impunemente en quince años.
Pero primero hay que potenciar la atención a las víctimas, en los hechos y en su potencialidad. Y luego, para que se pueda hablar de prevención, la rehabilitación es la única herramienta posible, donde es fundamental motivar y encausar la participación ciudadana, que es la receptora de las políticas públicas y es donde se evidencia o no la posible y deseada confianza en el sistema, en el Estado, en nosotros mismos.
Las respuestas en territorio para acercar el Estado a la población se han comenzado a transitar en experiencias inéditas, como lo es el Centro Casavalle. Como decíamos, rehabilitación y reinserción de los infractores son fundamentales, y se ha avanzado en ello. Hoy existen oficinas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dentro del sistema carcelario. Se implementaron cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), se fomenta el trabajo carcelario, y hasta se instaló una UTU. Existen también mecanismos de trabajo y aporte al BPS en el marco del Plan Dignidad, diseñado por el ex ministro Larrañaga. Por supuesto que es un logro fundamental el apoyo que brinda la LUC a la policía, y la población así lo refrendó dos veces.
Y no es menos importante la reforma educativa, pues allí, ni más ni menos, arranca la cuestión. Y el Partido Colorado es garantía de continuidad en ese aspecto.
Por lo antedicho, también en materia de seguridad pública, llegó la hora del Partido Colorado. Porque es quien ha construido este país en lo que respecta a políticas sociales concretas contemporáneas, donde los CAIF y las escuelas de tiempo completo son dos ejemplos contundentes, y porque la asignatura pendiente, que son los homicidios, pasa por un parámetro indispensable, que es la gestión y reorganización de una policía que sea proactiva, y esos aspectos son columna vertebral de la propuesta colorada.
El acontecer de diversas circunstancias nos permite apreciar cada vez más claramente que “la Naturaleza es sabia” y que el posicionamiento como protagonista del Partido Colorado, de la mano de la gestión, el conocimiento y el batllismo como base, es solo cuestión de tiempo, y de trabajo responsable.
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