Las operaciones del Frente Amplio
Viernes 27 de febrero de 2026. Lectura: 3'
Por Luis Hierro López
Bajo una retórica moderada en la superficie, el oficialismo despliega una estrategia sistemática de desgaste contra dirigentes de la oposición: denuncias sin sustento, campañas coordinadas en redes y una narrativa que prioriza la descalificación política por encima del debate institucional.
Por debajo del tono coloquial del presidente Orsi, el Frente Amplio despliega maniobras de todo tipo para ensuciar a dirigentes de la coalición republicana.
Lo ocurrido con la senadora suplente que replicó un mensaje de las redes que era ofensivo contra un colega suyo, el senador Javier García del Partido Nacional, no fue un hecho aislado ni casual, sino que responde a una vieja estrategia frenteamplista: insultar, sembrar sospechas, tirar la piedra, decir una mentira y luego poner cara de inocente. La senadora replicó un mensaje difamatorio del señor Eduardo Preve, que es conocido por sus dislates militantes. La senadora presentó excusas —eso no es pedir disculpas— y todo el Frente siguió adelante, incluso aquellos dirigentes que venían “a jerarquizar” la política.
Como ha señalado el exlegislador y profesor de Derecho Constitucional Eduardo Lust, se trata de campañas orquestadas e insistentes. No son arrebatos sueltos de uno u otro dirigente, sino actitudes colectivas que, con esa disciplina que los liberales no profesamos, repiten los militantes hasta el cansancio. En el caso del puerto, que Lust relata, el Frente Amplio hizo denuncias penales y administrativas ante el Poder Judicial, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ante la Oficina de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas. En todas esas instancias, los reclamos de los dirigentes frenteamplistas fueron rechazados por falta de fundamentos; es decir, perdieron como en la guerra. Sin embargo, y sin que se arrepintieran, hicieron una conferencia de prensa en la que sostuvieron que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo les había dado la razón, torciendo los hechos vergonzosamente.
Es que lo que moviliza a estos ciudadanos no es el afán de justicia, sino, efectivamente, un propósito político: el de enchastrar públicamente a los integrantes del anterior gobierno, tratando de demostrar que son corruptos o indecentes.
Lo mismo ocurre con las lanchas patrulleras, donde el gobierno parece actuar apremiado por encontrar culpables más que cuidando el interés nacional, que claramente indica que hay que renegociar el contrato más que rescindirlo. El país todavía está pagando por el intempestivo cierre de Pluna dispuesto por el gobierno del señor Mujica, lección que el oficialismo debería tener presente. Pero, en vez de repasar serenamente los antecedentes, el gobierno arremete en términos políticos y no jurídicos.
La historia reciente no se puede reescribir. Por malos manejos del Frente Amplio, debió renunciar un vicepresidente de la República y fueron procesados un ministro de Economía y el presidente del Banco República. De esos hechos extraordinarios e incomparables nadie se olvida, aunque el oficialismo haga campañas masivas de difamación en las redes.
No es buen camino para la República el que ha emprendido el oficialismo. Sería oportuno que el presidente Orsi controle a esos dirigentes más preocupados por el barro que por el gobierno.
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