Correo de los Viernes - Las instituciones están por encima de los partidos

Las instituciones están por encima de los partidos

Viernes 30 de octubre de 2026. Lectura: 3'

La fortaleza de la democracia uruguaya no reside solamente en su tradición de convivencia, sino en la independencia de sus instituciones y en la vigencia de los límites al poder. Defenderlas exige anteponer el interés republicano a las conveniencias partidarias de cada momento.

Uruguay tiene motivos legítimos para enorgullecerse de su tradición democrática. En una región donde las instituciones suelen quedar sometidas a los vaivenes de la política, nuestro país ha sabido construir una cultura de respeto a las reglas, alternancia pacífica en el poder y convivencia entre adversarios. No es una conquista menor ni una virtud que pueda darse por definitivamente adquirida.

Esta semana, la celebración de los 50 años del semanario Búsqueda ofreció una imagen particularmente elocuente. El presidente Yamandú Orsi compartió un encuentro con los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, en el que los tres reivindicaron, desde sus respectivas perspectivas, la libertad de prensa y los valores de nuestra convivencia democrática.

La escena merece destacarse. Pero también invita a una reflexión: la calidad de una democracia no se mide solamente por la cordialidad de sus dirigentes, sino, fundamentalmente, por la solidez de sus instituciones y su capacidad de resistir las presiones del poder político.

Precisamente por estos días, las negociaciones para renovar las autoridades de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas han quedado empantanadas entre reproches, filtraciones y acusaciones cruzadas. Lo que parecía un acuerdo próximo a concretarse terminó convertido en una nueva controversia política por la insistencia inexplicable en la renovación de la Fiscalía General.

No se trata de cargos cualesquiera. La Corte Electoral custodia la legitimidad de la representación democrática; el Tribunal de Cuentas controla la legalidad de la gestión financiera del Estado; y la Fiscalía General desempeña un papel esencial en la persecución de los delitos. Su independencia, real y percibida, constituye una garantía para todos los ciudadanos.

Es perfectamente legítimo que los partidos negocien la integración de organismos cuya conformación exige acuerdos políticos. Así lo establece nuestro ordenamiento institucional y así ha funcionado históricamente la democracia uruguaya. Pero una cosa es alcanzar entendimientos que aseguren pluralismo, idoneidad e independencia, y otra muy distinta reducir las designaciones a un intercambio de posiciones entre oficialismo y oposición.

La exigencia republicana obliga a distinguir ambas situaciones. Los organismos de contralor no son prolongaciones del gobierno ni instrumentos de la oposición. Tampoco constituyen recompensas partidarias. Son instituciones del Estado cuya autoridad depende, en buena medida, de que sus integrantes comprendan que su primera lealtad corresponde a la Constitución y a las leyes.

Esta convicción debe comprometer a todos. Quienes hoy gobiernan deben recordar que mañana podrán estar en la oposición; quienes hoy ejercen la oposición deben actuar con los mismos criterios que reclamarían si estuvieran en el gobierno. La defensa de las instituciones pierde legitimidad cuando se invoca exclusivamente en función de la conveniencia política.

La tradición batllista ha hecho de la construcción institucional una de sus principales señas de identidad. Su legado no consiste simplemente en determinadas reformas o realizaciones de gobierno, sino también en una concepción del Estado sometido al Derecho, con garantías para las minorías, controles efectivos y límites al ejercicio del poder.

En tiempos de creciente polarización, cuando en tantos países se pretende confundir la victoria electoral con una autorización para ocupar todos los espacios del Estado, esa tradición adquiere renovada vigencia. Ganar una elección confiere el derecho a gobernar, pero no otorga la propiedad de las instituciones.

Uruguay tiene la fortuna de conservar una cultura democrática que otros países han perdido o nunca consiguieron consolidar. Preservarla requiere algo más que discursos y fotografías de convivencia. Exige acuerdos responsables, autoridades idóneas, controles independientes y la disposición de todos los partidos a aceptar que existen principios superiores a sus intereses circunstanciales.

Porque las instituciones no pertenecen a quienes transitoriamente ejercen el poder. Pertenecen a la República y, por consiguiente, a todos los ciudadanos.