Correo de los Viernes - Las fosas de la memoria selectiva

Las fosas de la memoria selectiva

Viernes 2 de octubre de 2026. Lectura: 7'

Por Santiago Torres

La justa búsqueda de los desaparecidos de las dictaduras del Cono Sur y de las víctimas del franquismo convive con un silencio mucho más espeso sobre los enterramientos producidos por el terror comunista. El lago artificial de Yemva, excavado sobre una fosa del Gulag, y el desmantelamiento del museo que debía conservar esa memoria muestran que hay huesos que todavía incomodan.

Las fosas comunes no tienen ideología. La tuvieron quienes las cavaron, quienes arrojaron cuerpos dentro de ellas y quienes después procuraron borrar toda huella. Los muertos, en cambio, quedaron reducidos a huesos sin nombre, privados incluso del derecho elemental a una sepultura.

En Argentina, Chile y Uruguay se habla —con razón— de los enterramientos clandestinos de las últimas dictaduras militares. Se buscan restos, se realizan excavaciones, se cotejan muestras genéticas y se reclama a quienes puedan aportar información que rompan el silencio. Cada cuerpo recuperado devuelve una identidad, ofrece alguna respuesta a una familia y restituye una parte de la verdad histórica.

En España, las fosas de la represión franquista ocupan desde hace años un lugar central en el debate político, académico y periodístico. También corresponde que así sea. Miles de personas fueron ejecutadas y enterradas clandestinamente durante la Guerra Civil y la prolongada dictadura de Francisco Franco.

Sin embargo, casi nunca recibe una atención equivalente la represión practicada en la zona republicana. Paracuellos del Jarama, donde alrededor de 2.500 presos fueron asesinados por fuerzas vinculadas al aparato de seguridad republicano entre noviembre y diciembre de 1936, permanece como el caso más conocido, pero está lejos de haber adquirido la misma significación pública.

No se trata de establecer una contabilidad destinada a compensar unos crímenes con otros. Una fosa no absuelve a la siguiente. Los asesinatos de la retaguardia republicana no justifican los del franquismo, del mismo modo que la derrota del nazismo no convierte en aceptables los crímenes de Stalin. La memoria deja de ser un deber moral cuando selecciona a sus víctimas según la filiación política de los verdugos.

La asimetría resulta todavía más evidente cuando se observa el tratamiento de la represión comunista. Mientras las fosas latinoamericanas o españolas generan políticas públicas, películas, documentales, homenajes y una abundante producción periodística, buena parte de los gigantescos cementerios clandestinos soviéticos permanece fuera de la conversación occidental. No porque falten restos, documentos o testimonios, sino porque su incorporación plena al relato obligaría a reconocer que el comunismo no fue solamente un ideal generoso deformado por algunos excesos: allí donde conquistó el poder, construyó un aparato sistemático de persecución, deportación, trabajo esclavo y muerte.

El caso del lago de Yemva ofrece una imagen difícil de olvidar.

Yemva es una pequeña ciudad de la República de Komi, en el norte de Rusia, a más de mil kilómetros de Moscú. Su nombre significa “agua limpia” en lengua komi. La población creció alrededor de un campo de trabajos forzados instalado en 1928. Desde allí, los prisioneros fueron utilizados para talar bosques y construir vías férreas en condiciones extremas, con temperaturas que podían descender hasta 50 grados bajo cero.

En la década de 1980, una empresa local decidió abrir un estanque artificial y acondicionar una playa. Las excavadoras removieron entonces restos humanos y fragmentos de ataúdes. La obra, sin embargo, no se detuvo. Se llenó el pozo con agua procedente de manantiales subterráneos, se instalaron sombrillas y vestuarios, y durante décadas los habitantes se bañaron sobre lo que había sido un enterramiento colectivo de prisioneros del Gulag.

En 2021, un incendio de pastizales dejó nuevamente al descubierto huesos humanos. Los investigadores determinaron que el lugar había funcionado entre 1930 y 1950 como una “fosa común no oficial para prisioneros del Gulag”. Se encontraron restos de al menos tres personas y, cuando historiadores de la región llegaron al sitio, comprobaron que no era necesario realizar una búsqueda demasiado cuidadosa: había costillas y huesos pélvicos prácticamente en la superficie.

Pese a ello, el lugar continúa sin una placa, una cruz o un memorial. Una primera decisión judicial ordenó examinar la zona y volver a sepultar los restos, pero fue posteriormente revocada. Las autoridades terminaron alegando que no existían pruebas suficientes para afirmar que se tratara de víctimas del Gulag. En 2026 se colocó un cartel que prohibía bañarse, aunque los vecinos siguieron entrando al agua. Yemva continúa su vida alrededor de un lago que devuelve, periódicamente, los huesos sobre los que fue construido.

El caso no constituye una anomalía. Según las estimaciones que difundía el Museo de Historia del Gulag de Moscú, unos 20 millones de personas pasaron por campos, colonias penales y prisiones soviéticas entre 1930 y 1956. Aproximadamente cuatro millones fueron condenadas por razones políticas, más de dos millones murieron bajo custodia estatal y otros seis millones padecieron traslados forzosos a regiones remotas.

La geografía del antiguo imperio soviético está atravesada por esos cementerios. En Butovo, cerca de Moscú, más de 20.000 personas fueron ejecutadas en apenas catorce meses durante el Gran Terror de 1937 y 1938. En el bosque de Sandarmokh, en Karelia, miles de víctimas de más de medio centenar de nacionalidades fueron fusiladas y enterradas en centenares de pozos. En Katyn, la policía secreta soviética asesinó en 1940 a cerca de 22.000 oficiales, policías, funcionarios e integrantes de la élite intelectual polaca. Moscú atribuyó durante décadas aquel crimen a los nazis y solamente reconoció su responsabilidad en 1990.

El historiador Yuri Dmitriev dedicó buena parte de su vida a identificar a las víctimas de Sandarmokh. Reunió nombres, reconstruyó expedientes y ayudó a centenares de familias a conocer el destino de sus antepasados. Hoy cumple una condena de quince años en una colonia penitenciaria, luego de procesos judiciales que las organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran una represalia por su trabajo.

La Rusia de Vladimir Putin no restauró el comunismo, pero recuperó buena parte de la visión imperial y del culto al poder asociados a la Unión Soviética. Para ese relato, Stalin puede ser presentado como un gobernante severo que industrializó el país y condujo la victoria sobre el nazismo. Sus millones de víctimas se convierten, en cambio, en un obstáculo incómodo.

Eso explica lo ocurrido con el Museo de Historia del Gulag de Moscú. Fundado en 2001 por el antiguo disidente Anton Antonov-Ovseenko, era la principal institución estatal rusa dedicada a documentar las represiones soviéticas. En noviembre de 2024 fue clausurado por supuestas infracciones de seguridad contra incendios. Dos meses después fue destituido su director, Roman Romanov. Distintas fuentes señalaron que el conflicto se había precipitado cuando se negó a modificar y censurar una exposición sobre las purgas estalinistas.

Lo que inicialmente se presentó como un cierre temporal terminó revelando su verdadero alcance. En 2026 se retiraron las colecciones sobre el Gulag y se anunció que el edificio albergaría un nuevo Museo de la Memoria. Pero esa memoria ya no estaría dedicada a las víctimas del terror soviético, sino al llamado “genocidio del pueblo soviético”, a los crímenes nazis, a los experimentos japoneses y a la “misión liberadora” del Ejército Rojo. No se amplió el relato: se sustituyó una memoria por otra.

La operación es transparente. Allí donde antes se mostraban los uniformes de los prisioneros, los documentos de las condenas y los objetos recuperados de los campos, se instalará una narración en la cual la Unión Soviética aparece exclusivamente como víctima y libertadora. Los muertos de Stalin deben retirarse para que nada perturbe la continuidad entre la gloria soviética y el nacionalismo ruso contemporáneo.

Pero la selectividad no es únicamente rusa. En buena parte de Occidente y de América Latina persiste una indulgencia cultural hacia los crímenes cometidos en nombre del comunismo. El antifascismo continúa funcionando, demasiadas veces, como una absolución retrospectiva. Se repudian —correctamente— los golpes militares, el franquismo y las dictaduras de derecha, pero se buscan atenuantes, contextos o silencios cuando los verdugos actuaron bajo la bandera roja.

No hay razón moral que justifique esa diferencia. Las víctimas no adquieren mayor o menor dignidad según hayan sido asesinadas por militares latinoamericanos, falangistas, milicianos republicanos o agentes de la NKVD. El dolor de una familia no cambia con el color del uniforme ni con las consignas pronunciadas por quienes realizaron la ejecución.

La memoria auténticamente democrática debe ser universal. Tiene que reclamar los restos escondidos en los cuarteles uruguayos y los enterrados en los campos españoles; los desaparecidos de Argentina y Chile y los muertos de Paracuellos; los oficiales polacos de Katyn y los prisioneros anónimos cuyos huesos emergen en las orillas de Yemva.

El problema no es que se hable demasiado de unas fosas. El problema es que todavía se acepta hablar demasiado poco de las otras.