Correo de los Viernes - Las armas de los delincuentes y los derechos de los ciudadanos

Las armas de los delincuentes y los derechos de los ciudadanos

Viernes 30 de octubre de 2026. Lectura: 3'

El nuevo decreto sobre armas y municiones incorpora controles que pueden resultar útiles, pero plantea una cuestión fundamental: si se pretende combatir la violencia armada, los esfuerzos deben concentrarse en los circuitos clandestinos que abastecen a la delincuencia, sin perjudicar a quienes poseen armas legalmente.

El gobierno acaba de aprobar un decreto que modifica la regulación de armas de fuego y municiones, con el propósito declarado de fortalecer los controles, mejorar la trazabilidad y reducir la circulación de armamento utilizado en actividades delictivas.

La norma, impulsada por los ministerios del Interior y Defensa Nacional, establece límites a la adquisición de municiones según las categorías de usuarios, mantiene un máximo general de ocho armas por persona —con restricciones específicas para las armas cortas—, incorpora nuevas exigencias de identificación y registro, regula la recarga de municiones y crea mecanismos de intercambio de información entre los organismos competentes. También contempla las nuevas tecnologías, como la fabricación de armas mediante impresión tridimensional.

Algunas de estas disposiciones parecen razonables. Mejorar la trazabilidad, modernizar los registros y facilitar la coordinación institucional son objetivos atendibles. El problema comienza cuando, bajo el propósito legítimo de combatir la delincuencia, se multiplican las restricciones sobre quienes adquieren y poseen armas dentro de la legalidad.

Las objeciones no son nuevas. Representantes de las armerías, importadores y usuarios de armas han advertido que el mercado formal ya está sometido a controles exigentes y que las limitaciones adicionales pueden perjudicar a tiradores deportivos, coleccionistas y ciudadanos que poseen armas para su legítima defensa, sin afectar significativamente a las organizaciones criminales. El centro de estudios CERES también ha planteado la necesidad de evitar que nuevas exigencias terminen castigando a quienes cumplen las normas.

El gobierno sostiene, por su parte, que el mercado legal constituye una de las fuentes de abastecimiento de los circuitos delictivos, a través de robos, extravíos y desvíos irregulares. No es una preocupación infundada. El reciente informe del Ministerio del Interior, elaborado con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que numerosas armas vinculadas a homicidios habían estado registradas legalmente.

Sin embargo, el mismo estudio revela las dificultades para establecer la procedencia de buena parte del armamento incautado. De 254 armas vinculadas a homicidios en 2024, solamente 54 pudieron cotejarse con los registros correspondientes. Es una base demasiado limitada para extraer conclusiones generales sobre el origen de todas las armas utilizadas por la delincuencia.

Lo verdaderamente relevante es que, cualquiera haya sido su origen, las armas que circulan entre delincuentes lo hacen fuera de la legalidad. Es allí donde debe concentrarse prioritariamente la acción del Estado: en el contrabando, el tráfico clandestino, las redes de comercialización irregular, los robos de armamento y los mecanismos que permiten desviar armas y municiones hacia organizaciones criminales.

Resulta mucho más sencillo controlar a quien compra una caja de municiones en una armería habilitada que desarticular las redes que abastecen a los narcotraficantes. Pero la facilidad administrativa no debería confundirse con eficacia en materia de seguridad pública.

El derecho a poseer armas dentro de las condiciones establecidas por la ley, incluido su uso para la legítima defensa, merece ser respetado. No se trata de promover una circulación indiscriminada de armamento ni de desconocer la necesidad de controles razonables. Se trata, precisamente, de distinguir entre quien cumple la ley y quien la viola.

El desafío no consiste en dificultar cada vez más la vida de los ciudadanos responsables, sino en impedir que los delincuentes accedan a las armas con las que amenazan la vida y la libertad de los demás. Confundir ambos problemas puede producir nuevas regulaciones, pero difícilmente mejores resultados.