Correo de los Viernes - Las OPV y el gatopardismo del poder político

Las OPV y el gatopardismo del poder político

Edición Nº 1069 - Viernes 20 de febrero de 2026. Lectura: 5'

Por Juan Carlos Nogueira

La rescisión del contrato por las OPV revela cómo una necesidad estratégica puede naufragar en la disputa partidaria, donde el cambio de gobierno transforma una política de Estado en blanco político y deja postergada la defensa del interés nacional.

Uruguay necesita patrulleros oceánicos para control de pesca ilegal, vigilancia del mar territorial, lucha contra el narcotráfico y búsqueda y rescate marítimo. Es una necesidad estratégica ampliamente aceptada por todos los partidos. Sin embargo, el proyecto fracasó. Luego de licitaciones caídas, proveedores discutidos, acusaciones de procesos mal diseñados, el presidente Orsi anunció la rescisión del contrato.

Desde el inicio advertí debilidades relevantes en la adjudicación y las comuniqué al comandante en jefe de la Armada y al ministro de Defensa del momento. El proveedor tenía bajo capital, poco personal, infraestructura limitada y ninguna experiencia en OPVs. A mi entender, señales de riesgo suficientes como para exigir revisiones o salvaguardas. Estas preocupaciones también fueron compartidas por colegas en actividad, pero el proceso siguió su curso.

Con la cercanía de las elecciones, el proyecto quedó asociado al gobierno del presidente Lacalle, más que como política de Estado. Ese cambio lo cargó de tensiones políticas adicionales. Aunque la necesidad operacional seguía intacta, el cambio de gobierno lo dejó prácticamente sentenciado e incluso derivó en sanciones disciplinarias hoy cuestionadas, que probablemente generen recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Poco después, el presidente Orsi anunció en conferencia que iniciaría acciones para rescindir el contrato por defectos en las garantías del proveedor. Aunque la rescisión no se concretó entonces, la declaración generó incertidumbre en toda la cadena del proyecto, desde el astillero Cardama y sus subcontratistas hasta la propia Armada.

Desde el principio, el proyecto tuvo defensores y detractores, tanto dentro como fuera de la Armada. Algunos se manifestaron abiertamente. Otros lo hicieron bajo anonimato o seudónimos, o mediante filtraciones a periodistas. La controversia fue constante y terminó instalando el tema en la agenda pública semanal, lo que aumentó aún más las tensiones.

Para entonces, el actual gobierno ya había realizado el segundo y tercer pago (8,2 y 12,23 millones de euros). A ello se suma el primer desembolso efectuado por la administración anterior (8,2 millones), además de otros costos desconocidos (observadores en Vigo, auditorías de Bureau Veritas e investigaciones sobre las garantías del contrato en el Reino Unido y España).

Finalmente, el viernes 13 de febrero de 2026, el presidente anunció la rescisión del contrato con el astillero y el inicio de acciones legales, junto con investigaciones internas. El mensaje acusó falsedades en las garantías y dejó entrever cuestionamientos a la transparencia del proceso y a la gestión del contrato en la administración anterior.

Más allá de consideraciones sobre el diseño, sobre si los defectos detectados por Bureau Veritas son corregibles o no, o sobre la solvencia operativa y financiera del astillero, este proyecto naufraga por causas políticas. La situación me recuerda la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El Gatopardo, que no trata de barcos, pero describe un mecanismo similar. Ante un cambio en el equilibrio de poder, lo que era política de Estado pasa a ser proyecto del adversario y, como tal, un blanco a destruir. El nuevo gobierno cancela, redefine y reordena, mientras la necesidad estratégica permanece postergada pese a su urgencia y criticidad.

La novela transmite la sensación de decadencia del viejo mundo aristocrático y la constatación de que el nuevo orden no es tan distinto en lo esencial. Es la misma sensación que, salvo excepciones, nos ofrece la actual casta política. La competencia por el poder termina priorizando posiciones e influencia antes que resultados estratégicos. Se cumple así el principio gatopardista de cambiar para que nada cambie.

Mientras tanto, la necesidad estratégica en el frente oceánico sigue postergada. La política partidaria se impuso sobre la política del Estado y la Armada seguirá operando con medios obsoletos, al menos en el mediano plazo. En su última conferencia de prensa, el presidente Orsi mencionó interés por otros países y proveedores, y “lanchas rápidas”. Dos precisiones:

Reiniciar el proceso implicará nuevas demoras y tampoco asegura un proveedor más sólido que el actual.
Las lanchas rápidas no resuelven la necesidad de OPVs. Carecen de la autonomía, permanencia y capacidad operativa necesarias en aguas oceánicas.

No me parece que Cardama fuera la opción a elegir. A los riesgos que advertí tempranamente se suma ahora la imposibilidad de cumplir con los plazos y, de confirmarse, la falsedad de las garantías. Pero, a esta altura, teniendo en cuenta los desembolsos realizados y el contrato firmado, lo lógico sería actuar con pragmatismo y renegociar las condiciones con el proveedor, buscando mitigar los daños. Uruguay necesita las OPVs y a Cardama no le conviene la cancelación del proyecto. Ambos lados tienen mucho que perder, por lo que una negociación racional podría ser una solución adecuada.

Por otro lado, rescindir el contrato provocará que el proceso derive en un arbitraje o juicio internacional, donde el gobierno pretenderá recuperar dinero y Cardama demandará. El escenario más probable es enfrentar un litigio que durará años, en el que la recuperación de pagos es incierta y se corre el riesgo de ser condenado, además del impacto diplomático y reputacional.

El gobierno optó por rescindir. Para el modelo mental empresarial, racional, donde se busca maximizar el beneficio o minimizar pérdidas, esta decisión no parece lógica. Pero el gobierno no sigue este modelo mental, sino el maquiavélico, donde el objetivo es buscar el beneficio de un grupo de poder: ¿qué decisión me fortalece y debilita a los otros? Bajo esa óptica, la decisión del gobierno sí tiene sentido.

Hundir el proyecto fue una maniobra oportuna para desacreditar a los actores políticos asociados al proyecto, que seguramente serán competidores en las próximas elecciones. Los costos, porque no dude que habrá y grandes, no recaerán en quienes tomaron la decisión. Los pagará el Estado, es decir, todos nosotros.