Correo de los Viernes - Laicidad sin miedo: por qué el Parlamento debe invitar a León XIV

Laicidad sin miedo: por qué el Parlamento debe invitar a León XIV

Viernes 17 de julio de 2026. Lectura: 4'

Por Marcela Pérez Pascual

Veinte legisladores de los cinco partidos con representación parlamentaria solicitaron a la presidenta de la Asamblea General que convoque una Sesión Extraordinaria para recibir a León XIV, en el marco de su visita oficial a Uruguay en noviembre. La respuesta desde algunas bancadas no se hizo esperar: se habló de “grave violación de la laicidad republicana”.

El pedido invoca, con precisión, la doble condición del Papa: Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y autoridad moral de alcance global. Y esta misma semana el cardenal Daniel Sturla informó que, para no exponer la visita a esa polémica, es probable que el Papa no pronuncie un discurso ante el Parlamento, aunque no descartó que pase a saludar a las autoridades en el Palacio Legislativo. Conviene, de todos modos, distinguir bien de qué estamos hablando.

León XIV no vendría al Parlamento como cabeza de la Iglesia Católica ni como “representante de Dios en la Tierra”, según la fórmula con que algunos caricaturizan el debate para ganarlo por cansancio. Vendría como Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, un Estado soberano, con territorio, gobierno y reconocimiento internacional pleno, con el que Uruguay mantiene relaciones diplomáticas desde 1885. Que esa persona revista además una autoridad espiritual sobre mil cuatrocientos millones de católicos no cambia su investidura protocolar al cruzar el umbral del Palacio Legislativo. Es una particularidad del cargo, no un obstáculo para ejercerlo.

Pensemos el argumento al revés, que es la mejor forma de probar su consistencia. Si mañana visitara Uruguay un pastor protestante que fuera, a la vez, Jefe de Estado de un país con el que tenemos relaciones diplomáticas, ¿alguien dudaría en recibirlo en el Parlamento? Y si viniera el rey Carlos III, que no solo reina sino que es además gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, ¿a alguien se le ocurriría objetar su recepción invocando la laicidad? A nadie, porque todos entenderíamos que se recibe al Jefe de Estado, no al jerarca religioso. Con el Papa debería aplicarse exactamente el mismo criterio. Lo contrario no es defender la laicidad: es aplicarla con vara distinta según de qué religión se trate, lo cual ya no es laicidad sino prejuicio.

Nuestra Constitución establece en su artículo 5 que el Estado no sostiene religión alguna. Es una norma clara, y el batllismo la construyó con orgullo: el Estado no privilegia a ningún culto sobre otro. Pero no sostener una religión no es lo mismo que negarse a recibir, en su investidura de gobernante, a quien profesa una.

Conviene aquí distinguir dos cosas que se confunden con demasiada frecuencia: la laicidad institucional, que es un principio jurídico de neutralidad del Estado frente a los cultos, y el laicismo ideológico, que es una postura que ve en toda manifestación religiosa una amenaza a combatir. La primera es patrimonio de todos los uruguayos, creyentes y no creyentes; la segunda es una opción política respetable, pero que no puede disfrazarse de neutralidad constitucional para imponerse sobre el resto.

Cuando se sostiene que escuchar a León XIV en el Parlamento es “apoyarlo” o “prestigiarlo”, se está deslizando, sin decirlo, del primer terreno al segundo. El propio Parlamento uruguayo es, además, la sede del pluralismo: allí conviven representantes de todas las convicciones sin que la presencia de unos excluya la de otros. Escuchar no es adherir, y no hay motivo para sostener lo contrario cuando quien habla es, también, huésped de Estado.

Hay, además, un antecedente propio. Cuando en 1987 Juan Pablo II visitó Uruguay, el entonces presidente Julio María Sanguinetti mantuvo en pie, en Tres Cruces, la cruz erigida para la misa papal: no como privilegio religioso, sino como reconocimiento de un hecho histórico. La laicidad bien entendida distingue entre lo institucional y lo cultural. Y el precedente internacional, bien mirado, es más elocuente de lo que parece: Estados Unidos, con su Primera Enmienda y su separacionismo estricto, sin concordato ni financiamiento estatal a iglesia alguna, recibió a Francisco en su Congreso en 2015. España, que sí mantiene con la Santa Sede una relación de cooperación institucional desde 1979, recibió a este mismo León XIV hace apenas un mes. Son dos modelos de relación Iglesia-Estado casi opuestos entre sí, y ninguno de los dos entendió resentida su propia neutralidad: en ambos casos se recibió a un Jefe de Estado, no se rindió culto a un jerarca religioso.

Que el Papa termine solo saludando a las autoridades en el Palacio Legislativo, que llegue a dirigirse a la Asamblea General, o que finalmente no pise el Parlamento, es una decisión que corresponde a la Santa Sede y a los tiempos de una gira exigente. Pero esa decisión no le corresponde a Uruguay, y por eso mismo la Asamblea General debe cursar la invitación igual, sin condicionarla a lo que el Vaticano resuelva: invitar es, en sí mismo, el gesto que corresponde a un Estado que recibe a otro, y no algo que dependa de que el Parlamento se deje paralizar por una frase pensada para escandalizar.

Si el Parlamento llega a recibirlo, hable o solo salude, eso no será un homenaje a la Iglesia. Será un acto de política exterior hacia un Estado amigo, y una demostración de que la madurez republicana no necesita cerrarle la puerta a nadie para probar que es laica. Sin esa distinción, no hay debate racional. Solo hay reflejo.