Laicidad: mucho más que la separación entre Iglesia y Estado
Viernes 5 de junio de 2026. Lectura: 4'
Por Marcela Pérez Pascual
Las declaraciones de Yamandú Orsi sobre una supuesta exageración de la laicidad en Uruguay reavivaron un debate tan antiguo como vigente. Como señala la autora, más allá de la separación entre Iglesia y Estado, la tradición republicana uruguaya concibe la laicidad como un principio de neutralidad estatal frente a toda doctrina religiosa, política o ideológica, una garantía esencial para la libertad, la igualdad y la convivencia democrática.
Las recientes declaraciones del Presidente Yamandú Orsi, afirmando que en Uruguay “nos fuimos de mambo” con la laicidad, volvieron a poner sobre la mesa un debate que atraviesa algunos de los rasgos más profundos de nuestra identidad republicana. A ello se sumó la reciente campaña impulsada por la Intendencia de Montevideo sobre los desaparecidos durante la dictadura, utilizando espacios públicos y recursos estatales para difundir mensajes de contenido político e ideológico.
Ambas situaciones reabrieron una discusión que suele aparecer periódicamente en nuestro país: ¿qué entendemos realmente por laicidad?
Con frecuencia se la reduce a la simple separación entre Iglesia y Estado o a la ausencia de una religión oficial. Sin embargo, la tradición laica uruguaya ha construido un concepto mucho más amplio y exigente.
La laicidad constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra convivencia democrática. Supone que el Estado no adopte ni promueva posiciones oficiales en materia religiosa, pero también que mantenga neutralidad frente a las distintas corrientes filosóficas, políticas e ideológicas que conviven legítimamente en la sociedad.
No se trata de una formalidad histórica ni de una mera característica institucional. Es una garantía esencial de libertad y de igualdad para todos los ciudadanos.
La esencia de la laicidad está en que todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias o ideas, puedan sentirse igualmente representados y respetados por el Estado.
Precisamente porque el Estado pertenece a todos, no puede asumir como propia una visión política, ideológica o religiosa determinada.
Uruguay construyó buena parte de su estabilidad institucional y de su convivencia pacífica sobre esa idea republicana: un Estado neutral que no impone creencias religiosas ni visiones políticas o ideológicas.
Por eso resulta equivocado presentar la defensa de la laicidad como una exageración o como un exceso cultural uruguayo. Muy por el contrario, es uno de los rasgos más valiosos de nuestra tradición democrática.
Precisamente porque la laicidad no supone indiferencia frente a los grandes temas nacionales, resulta necesario reflexionar sobre cómo deben abordarse determinadas causas desde las instituciones públicas. La causa de los desaparecidos durante la dictadura merece el mayor respeto, sensibilidad y compromiso institucional. Sus familiares tienen derecho a obtener respuestas y el Estado tiene el deber de continuar procurando verdad y esclarecimiento.
Pero precisamente por tratarse de un tema tan doloroso y trascendente, su abordaje desde organismos públicos debe realizarse con pluralidad, profundidad y sentido republicano, evitando transformar al aparato estatal en un instrumento de propaganda ideológica.
Existe una diferencia sustancial entre promover memoria, reflexión y búsqueda de verdad, y utilizar recursos públicos para difundir mensajes políticos desde instituciones que representan a toda la ciudadanía.
Cuando el Estado abandona esa neutralidad, aunque sea en nombre de causas legítimas, se debilita un principio esencial de nuestra convivencia democrática.
La laicidad también tiene una dimensión educativa y cultural muchas veces olvidada: supone una educación verdaderamente plural, orientada a formar ciudadanos libres, capaces de acceder a distintas corrientes de pensamiento y construir críticamente su propio juicio, sin imposiciones ni visiones únicas promovidas desde el poder público.
En ese sentido, la laicidad constituye también una herramienta de emancipación intelectual y de integración social. Su finalidad no es formar ciudadanos que piensen de determinada manera, sino personas capaces de pensar por sí mismas. La educación pública uruguaya ha sido históricamente la principal garante de ese ideal republicano, promoviendo la formación de ciudadanos libres, con pensamiento crítico y capacidad para construir autónomamente sus propias convicciones. Pero además, junto con la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza, la laicidad ha contribuido decisivamente a igualar oportunidades entre personas provenientes de distintos contextos económicos, sociales y culturales, convirtiendo a la escuela pública en uno de los más poderosos instrumentos de cohesión e integración nacional. La verdadera educación laica no transmite verdades oficiales ni procura moldear conciencias: brinda a cada persona los conocimientos y herramientas necesarios para desarrollar libremente su propio proyecto de vida.
Defender la laicidad no significa silenciar debates ni negar dolores históricos. Significa preservar un marco de respeto e igualdad donde todas las personas puedan convivir en libertad, sin que el Estado incline la balanza hacia una determinada visión ideológica.
Quizás el verdadero riesgo no sea que Uruguay “se haya ido de mambo” con la laicidad. Tal vez el riesgo sea comenzar a relativizar uno de los principios que mejor han protegido nuestra convivencia republicana a lo largo de la historia.
Porque la laicidad no constituye un exceso de la cultura uruguaya; constituye, precisamente, uno de los pilares sobre los que Uruguay edificó su convivencia democrática, republicana y plural.
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