Edición Nº 1081 - Viernes 22 de mayo de 2026

Laicidad: El escudo de la libertad republicana y los “mambos” del Estado

Edición Nº 1081 - Viernes 22 de mayo de 2026. Lectura: 4'

Por Marcela Pérez Pascual

En los últimos días, el debate político uruguayo ha vuelto a situar en el centro de la escena un principio fundamental que no solo define nuestra identidad institucional, sino que constituye el pilar invisible sobre el que se basa nuestra convivencia democrática: la laicidad. Lamentablemente, este concepto, tantas veces defendido por los fundadores de nuestra República y celosamente custodiado por el Batllismo, ha sido objeto de interpretaciones erróneas y de sutiles, pero peligrosos, avances corporativos e institucionales, que nos obligan a levantar la voz de alerta.

Hace poco, unas declaraciones públicas del presidente Yamandú Orsi llamaron poderosamente la atención al afirmar que en el Uruguay “nos fuimos de mambo” con la laicidad. Semejante expresión denota una profunda incomprensión de lo que este principio significa para la salud republicana. No nos “fuimos de mambo”; por el contrario, nos quedamos cortos si permitimos que el concepto se erosione o se relativice según la conveniencia del gobernante de turno. Como bien ha señalado en reiteradas ocasiones el expresidente Julio María Sanguinetti desde las páginas de este semanario, la laicidad no es una mera abstención religiosa, ni mucho menos un “anticlericalismo” anticuado. La laicidad es el marco de garantías que asegura que el Estado no asuma una verdad oficial, ni religiosa, ni filosófica, ni, mucho menos, política o ideológica. La laicidad constituye el marco imprescindible para la libertad de conciencia y la convivencia republicana. No es un instrumento para excluir creencias ni para imponer silencios, sino una garantía de igualdad frente al Estado.

La laicidad es, por definición, el respeto absoluto a todas las creencias y convicciones humanas. Su sentido más profundo radica en que las instituciones públicas pertenecen a todos los ciudadanos, piensen como piensen. Cuando el Estado adopta o promueve una postura política o ideológica desde un organismo público, rompe ese pacto fundacional y fragmenta la sociedad. Una educación y una institucionalidad laicas son aquellas que forman personas libres y con pensamiento crítico, donde los ciudadanos y los estudiantes acceden a distintas corrientes de pensamiento y no a una visión oficial y sesgada de la realidad.

Este desvío conceptual que banaliza la laicidad se traduce de forma material en la gestión de los gobiernos de izquierda. El ejemplo más flagrante lo estamos viviendo estos días con la campaña publicitaria desplegada por la Intendencia de Montevideo en la vía pública. Queremos ser categóricos: la búsqueda de los desaparecidos es una causa que merece y debe tener el tratamiento institucional y humano que corresponde; es un imperativo ético que los familiares tengan las respuestas que legítimamente demandan y merecen recibir. Precisamente por el respeto, la altura y la seriedad que una causa tan dolorosa exige de toda la sociedad, jamás debería ser utilizada desde el aparato del Estado mediante campañas con consignas que adquieren un evidente contenido ideológico o un sesgo político-partidario.

La memoria histórica y el dolor nacional merecen respeto, pluralidad y profundidad, no una propaganda institucional financiada con los impuestos de todos los contribuyentes. El uso de recursos públicos para moldear relatos ideológicos desde una gestión comunal representa una clara violación al principio de laicidad que tanto nos enorgullece.

Mientras la Intendencia de Montevideo destina esfuerzos y dineros públicos a dirimir batallas culturales y sembrar consignas, la realidad de la capital nos golpea en la cara a diario. Montevideo atraviesa un evidente deterioro urbano que no admite más distracciones: calles en mal estado, veredas rotas, deficiente iluminación, notorias carencias en el transporte público y problemas de limpieza crónicos que se observan en cada rincón de la ciudad. La comuna capitalina debería priorizar de una vez por todas la gestión, la recolección de residuos y la recuperación de los espacios públicos para los vecinos, en lugar de utilizar el aparato estatal como un dinamizador de visiones partidarias.

Frente a la tentación de relativizar la laicidad o tildarla de “excesiva”, desde el Partido Colorado debemos reafirmar que este principio es la máxima garantía de la igualdad, la libertad de conciencia y la convivencia pacífica. Defender la laicidad no es una postura del pasado; es defender el porvenir de una República de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Hoy, más que nunca, nos toca preservarla de los “mambos” de quienes confunden el patrimonio de todos con la trinchera de unos pocos.



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