Correo de los Viernes - La vieja receta del fracaso: el PIT-CNT insiste en jugar con el dinero ajeno

La vieja receta del fracaso: el PIT-CNT insiste en jugar con el dinero ajeno

Viernes 10 de julio de 2026. Lectura: 5'

La propuesta del PIT-CNT de crear una “banca de inversión” para canalizar el ahorro nacional hacia emprendimientos productivos no representa una innovación económica, sino el regreso de una idea que ha fracasado una y otra vez allí donde el poder político sustituyó al mercado en la asignación del crédito. Detrás de un discurso de desarrollo y empleo se esconde una concepción insensatamente estatista que pondría en riesgo el ahorro de los ciudadanos y multiplicaría exponencialmente las posibilidades de ineficiencia y corrupción.

Cada cierto tiempo, el PIT-CNT desempolva las mismas recetas económicas que viene promoviendo desde hace décadas. Cambian los gobiernos, cambian las circunstancias internacionales, cambia la realidad tecnológica y financiera, pero la central sindical permanece aferrada a un recetario que parece detenido en los años setenta.

La reunión mantenida con el presidente Yamandú Orsi no fue la excepción. Entre las propuestas presentadas volvió a aparecer una de las viejas obsesiones del sindicalismo uruguayo: la creación de una banca de inversión o banca de desarrollo. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, lo expresó con claridad al reclamar “el establecimiento de una banca de inversión en Uruguay que canalice el ahorro nacional hacia emprendimientos productivos que generen trabajo”.

La frase suena atractiva. ¿Quién podría oponerse a utilizar el ahorro nacional para generar empleo? El problema aparece cuando se analiza cómo funciona realmente un banco y cuáles son los riesgos de convertir una institución financiera en una herramienta de política económica.

En primer lugar, la propuesta parte de una peligrosa confusión entre dinero público y dinero privado. Los depósitos bancarios pertenecen a los ahorristas. No son recursos disponibles para que un gobierno o una central sindical los orienten hacia los proyectos que consideren políticamente deseables.

Cuando un banco comienza a otorgar créditos no porque sean financieramente sólidos sino porque cumplen objetivos sociales o políticos, el riesgo aumenta inevitablemente. Los préstamos dejan de evaluarse con criterios estrictamente económicos para responder a prioridades fijadas desde el poder político. Es exactamente allí donde empiezan a incubarse las pérdidas.

La historia económica está llena de bancos estatales de desarrollo convertidos en cajas de financiamiento para proyectos inviables, empresas amigas o emprendimientos incapaces de devolver los créditos recibidos. El resultado suele ser el mismo: una cartera repleta de préstamos incobrables que termina siendo absorbida por toda la sociedad mediante rescates financiados con impuestos.

No existe magia financiera. Si un banco presta mal, alguien paga la cuenta. Y ese alguien termina siendo el contribuyente.

Hay además un problema técnico que resulta imposible ignorar. Los bancos comerciales deben administrar cuidadosamente la liquidez. Reciben depósitos que los clientes pueden retirar en cualquier momento o en plazos relativamente cortos. En cambio, los grandes proyectos productivos requieren financiamiento durante muchos años.

Pretender utilizar depósitos de corto plazo para financiar inversiones de largo plazo rompe uno de los principios más elementales de la actividad bancaria: el adecuado calce entre activos y pasivos. Si muchos depositantes decidieran retirar simultáneamente su dinero mientras esos recursos permanecen inmovilizados en inversiones de largo plazo, el banco enfrentaría serios problemas de liquidez.

Precisamente por eso los sistemas financieros modernos establecen estrictas reglas prudenciales para evitar ese tipo de descalces.

La propuesta tampoco supera un examen de necesidad institucional. Uruguay ya dispone de instrumentos para promover el crédito productivo. El Banco República desarrolla desde hace años líneas específicas destinadas al agro, a las pequeñas y medianas empresas y a distintos sectores productivos. Existen además mecanismos de garantías, fondos de apoyo e instrumentos administrados por diversas agencias públicas orientados al fomento de la inversión.

Crear una nueva estructura paralela difícilmente agregue valor. Lo más probable es que multiplique costos administrativos, burocracia y superposición de competencias.

Pero quizá el aspecto más revelador sea el trasfondo ideológico de la propuesta.

El planteo parte de una premisa característica del pensamiento marxista más rancio: que el mercado asigna mal el capital y que el Estado, asesorado por organizaciones sociales o sindicales, puede decidir mejor hacia dónde debe dirigirse la inversión.

La experiencia internacional —toda ella— demuestra exactamente lo contrario.

Las decisiones de inversión tomadas bajo criterios políticos suelen privilegiar la rentabilidad electoral antes que la económica. Se financian sectores “estratégicos” definidos por afinidades ideológicas, se sostienen empresas inviables para preservar empleos temporales y se socializan pérdidas que jamás habrían sido aceptadas por un inversor privado.

No es casualidad que los países con sistemas financieros más sólidos procuren separar cuidadosamente la política de la administración del crédito. La independencia técnica de los bancos no constituye un capricho liberal; es una condición indispensable para proteger el ahorro de millones de personas.

El PIT-CNT vuelve así a ofrecer un catálogo de soluciones donde el Estado concentra más poder, administra más recursos y asume más riesgos con dinero ajeno.

Lejos de representar una estrategia moderna de desarrollo, la banca de inversión imaginada por la central sindical constituye una reedición de un modelo que ya ha demostrado sus limitaciones. Es la persistencia de una visión según la cual el crecimiento económico puede planificarse desde un escritorio y el crédito distribuirse según prioridades políticas.

Uruguay necesita exactamente lo contrario: reglas estables, instituciones sólidas, seguridad jurídica, incentivos a la inversión privada y un sistema financiero prudente que proteja el ahorro de sus ciudadanos.

Porque cuando los ideólogos comienzan a decidir dónde debe invertirse el dinero de los demás, lo que suele terminar desarrollándose no es la economía, sino el déficit.

Afortunadamente, nadie en el gobierno piensa —creemos— en llevar adelante semejante dislate.