La vergüenza de una ATD convertida en paupérrimo comité del PCU
Viernes 20 de noviembre de 2026. Lectura: 6'
Una asamblea convocada para asesorar sobre educación terminó pronunciándose sobre Israel, Cuba, Venezuela, Estados Unidos, el capitalismo y hasta una propuesta tributaria del PIT-CNT. Convertida en vocera oficiosa del Partido Comunista, exhibió además una pobreza intelectual impropia de un organismo que pretende asesorar a nuestra enseñanza pública.
La XXXV Asamblea Nacional Técnico Docente de Educación Inicial y Primaria ha protagonizado uno de los episodios más vergonzosos de la vida institucional de nuestra enseñanza pública. Un organismo creado para aportar conocimientos, experiencias y recomendaciones pedagógicas terminó convertido en una tribuna de militancia ideológica, con pronunciamientos que parecen extraídos de una declaración del Comité Central del Partido Comunista de Uruguay (PCU). Y, para peor, expresados con una pobreza intelectual que debería avergonzar a quienes tienen la responsabilidad de contribuir al mejoramiento de nuestra educación.
No es una exageración retórica. Basta cotejar sus resoluciones con los documentos oficiales del PCU. La condena a Israel, la defensa del régimen cubano frente a Estados Unidos, la denuncia del imperialismo norteamericano, la interpretación de los acontecimientos venezolanos, la demonización del capitalismo y el respaldo al impuesto al 1% más rico coinciden sustancialmente con las posiciones de ese partido. Una coincidencia tan extensa y sistemática que resulta imposible ignorar. La Asamblea terminó funcionando como una suerte de vocero oficioso del PCU, aunque sin la menor voluntad de aportar algo intelectualmente elaborado a sus consignas. No sabemos si medió alguna coordinación política, ni necesitamos suponerla: basta leer lo que resolvieron.
Conviene recordar qué significa la sigla ATD: Asamblea Técnico Docente. No Asamblea Política Docente, ni Asamblea Sindical Docente, ni Congreso de Solidaridad con Cuba. La ley le encomienda una función consultiva en asuntos educativos. Sus integrantes tienen, naturalmente, todo el derecho a militar donde quieran y a expresar las opiniones políticas que les plazcan. Pero no tienen derecho a confundir sus preferencias ideológicas con el mandato institucional que recibieron.
El documento comienza denunciando la prepotencia capitalista, ejercida por sus gangsters y sus esbirros, a quienes atribuye la responsabilidad de conducir a la humanidad hacia circunstancias semejantes a las que precedieron al fascismo y la Segunda Guerra Mundial. No estamos ante una reflexión pedagógica, sino ante una proclama de barricada. Y ni siquiera ante una proclama particularmente inteligente. La acumulación de consignas, simplificaciones históricas y descalificaciones ideológicas revela una indigencia argumental verdaderamente alarmante. Que semejante elementalidad provenga de una asamblea que lleva la palabra «técnica» en su denominación constituye una ironía demasiado amarga para nuestra educación.
Pero lo más grave aparece cuando la Asamblea se ocupa de Israel y los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Allí sostiene que Israel había sido advertido de un ataque de la resistencia palestina y utiliza esa circunstancia para presentar como premeditada la posterior ofensiva israelí en Gaza.
La expresión es inadmisible. Aquella jornada, Hamás asesinó civiles, secuestró personas y cometió atrocidades que ninguna causa política puede justificar. Que los servicios de inteligencia israelíes hubieran recibido advertencias sobre un posible ataque no transforma a sus víctimas en responsables de lo ocurrido ni convierte a sus asesinos en respetables integrantes de una resistencia.
Juan Pedro Mir, exdirector de Educación durante el gobierno de Tabaré Vázquez, reaccionó con una dureza plenamente justificada. Denunció que la ATD trivializaba la masacre del 7 de octubre y escribió: «Antisemitismo en modo Nazi». Una acusación extraordinariamente severa, por cierto, pero comprensible ante un documento que llama resistencia a una organización terrorista mientras omite la dimensión criminal de aquella matanza.
La posición sobre Cuba no es menos escandalosa. La Asamblea denuncia otro supuesto genocidio, esta vez atribuido al bloqueo estadounidense y a las restricciones energéticas. Pero no encuentra espacio para condenar la dictadura comunista que gobierna la isla desde hace más de seis décadas, la ausencia de elecciones libres y competitivas, la persecución de disidentes, los presos políticos o la supresión de libertades fundamentales. Para esta particular asamblea pedagógica, la responsabilidad siempre parece encontrarse en Washington, jamás en La Habana.
La misma lógica se extiende a Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro es presentado como víctima de un secuestro, sin una reflexión equivalente sobre el autoritarismo de su régimen. Y continúa con las denuncias contra la OTAN, los sectores neopentecostales, el neoliberalismo y los empresarios. Es el repertorio habitual del PCU, reproducido con una fidelidad que no deja de sorprender y una superficialidad argumental apabullante. La escuela uruguaya, entretanto, sigue aguardando las grandes soluciones pedagógicas que justificarían semejante despliegue de energía deliberativa.
En el plano nacional, la ATD llega al extremo de respaldar expresamente la iniciativa tributaria promovida por el PIT-CNT para gravar al 1% más rico de la población. Podrá ser una buena o una mala propuesta, pero constituye una decisión de política fiscal que corresponde discutir a los partidos, las organizaciones sociales, el Parlamento y la ciudadanía. ¿Qué competencia técnica especial tiene una Asamblea de maestros para emitir una declaración institucional sobre ese o cualquier otro impuesto?
Robert Silva, expresidente de ANEP y senador del Partido Colorado, ha señalado con razón el problema de fondo: un órgano asesor de la enseñanza pública fue transformado en una tribuna de militancia política. Su denuncia apunta al carácter institucional de la desviación, no al derecho individual de los docentes a tener opiniones. Silva recuerda, además, una disposición constitucional que algunos parecen haber olvidado: el artículo 58 establece que los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política, y prohíbe el proselitismo en los lugares y horas de trabajo.
La referencia es particularmente pertinente. No significa, por sí sola, que cada declaración de la Asamblea constituya una infracción constitucional comprobada. Pero plantea una interrogante institucional ineludible: ¿hasta dónde puede utilizarse un organismo público de asesoramiento educativo para difundir posiciones identificables con las de una organización partidaria? La libertad política de los docentes es indiscutible; su utilización de una representación institucional para propósitos ajenos a las competencias del organismo es algo muy diferente.
Es significativo que las objeciones de Mir y Silva provengan de trayectorias partidarias diferentes. No estamos ante una simple controversia entre el gobierno y la oposición, ni ante una disputa entre izquierdas y derechas. Estamos ante una cuestión elemental de respeto a las instituciones educativas.
La contradicción alcanza dimensiones grotescas cuando se recuerda que, en junio pasado, las propias Mesas Permanentes de las ATD reivindicaron públicamente su naturaleza técnico-pedagógica, su independencia de los lineamientos político-partidarios y los límites de su función asesora. Apenas cuatro meses después, una Asamblea Nacional de Primaria e Inicial aprueba una declaración que parece empeñada en desmentir aquellas afirmaciones palabra por palabra.
La educación pública uruguaya pertenece a todos los ciudadanos. A los que votan al Frente Amplio y a los que votan a la Coalición Republicana; a los que profesan distintas religiones y a los que no profesan ninguna; a los que defienden el capitalismo y a los que lo combaten. Ninguna organización partidaria, sindical o ideológica tiene derecho a apropiarse de sus instituciones.
Por eso corresponde exigir explicaciones a las autoridades de ANEP y revisar los mecanismos que permiten semejantes desviaciones. No para restringir la libertad de expresión de los maestros, sino para impedir que la representación técnico-docente sea utilizada como vehículo de propaganda política.
La pregunta final es tan sencilla como demoledora: ¿para qué se convocó a una Asamblea Técnica de Educación Inicial y Primaria? ¿Para estudiar cómo aprenden a leer, escribir y razonar mejor nuestros niños, o para elaborar un manifiesto sobre las bondades de Cuba, los crímenes del capitalismo y las posiciones internacionales del Partido Comunista?
La escuela de Varela no es un comité de base. Y no vamos a resignarnos a que pretendan convertirla en uno.
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