Correo de los Viernes - La trazabilidad no controla a los pobres: controla al Estado

La trazabilidad no controla a los pobres: controla al Estado

Viernes 17 de julio de 2026. Lectura: 7'

Las políticas sociales pueden discutirse desde muchas perspectivas: su cobertura, su monto, su eficacia o su financiamiento. Pero hay un principio que debería estar fuera de toda controversia: cuando el Estado destina recursos públicos a un objetivo específico, tiene la obligación de poder demostrar que esos recursos efectivamente sirvieron para alcanzarlo. Ese principio es el que el gobierno parece dispuesto a abandonar.

La Rendición de Cuentas propone sustituir, para miles de hogares vulnerables, un sistema que al menos conservaba cierto grado de trazabilidad del gasto por otro en el que el dinero llegará mediante transferencias bancarias o efectivo, sin restricciones sobre su utilización. El argumento oficial es conocido: las familias deben tener libertad para decidir cuáles son sus necesidades y controlar ese gasto sería una forma de paternalismo.

El planteo resulta atractivo como consigna política, pero profundamente equivocado como criterio de administración pública.

Porque la trazabilidad no existe para controlar a los pobres: existe para controlar al Estado.

Los recursos que financian esas prestaciones no pertenecen al gobierno. Son recursos aportados por toda la sociedad mediante impuestos con una finalidad claramente definida por el Parlamento: proteger el desarrollo de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Cuando el Estado renuncia a verificar si esos recursos efectivamente contribuyen a ese objetivo, deja de administrar una política pública para convertirse simplemente en un distribuidor de dinero.

Y esa diferencia no es menor.

Una política pública no se define por el monto que distribuye, sino por los resultados que obtiene.

Para saber si esos resultados existen es indispensable poder evaluar. Y para evaluar es imprescindible contar con algún grado de trazabilidad. No porque todos los beneficiarios vayan a utilizar mal los recursos, sino porque el administrador público tiene el deber de demostrar que los fondos públicos cumplieron el propósito que justificó extraerlos del bolsillo de los contribuyentes.

Ese es el verdadero debate.

No se trata de sospechar de las familias. Se trata de exigir responsabilidad al Estado.

El falso argumento del “paternalismo” y el “clasismo”

El ministro Gonzalo Civila advirtió contra el riesgo de caer en una forma de “paternalismo”. Y el ministro Gabriel Oddone hizo lo mismo, agregando advertía en esos planteos “un tema de clase”.

Sin embargo, esa caracterización confunde dos planos completamente distintos.

El paternalismo supone sustituir la voluntad de una persona por la decisión de otro respecto de su propia vida. Aquí nadie propone eso.

Lo que se plantea es algo mucho más elemental: si un programa presupuestal fue creado para mejorar la alimentación, la salud, el desarrollo o las condiciones de vida de niños vulnerables, el Estado debe poder acreditar que los recursos asignados mantienen una razonable vinculación con esos fines.

No se controla a la persona: se controla el cumplimiento del objetivo de la política pública.

La diferencia es sustancial.

En cuanto a la caracterización de “clasismo”, hasta parece indigno del ministro Oddone.

Ninguna otra política pública funciona sin evaluación

Resulta llamativo que quienes reclaman indicadores, monitoreos y auditorías para prácticamente todas las áreas del Estado sostengan ahora que resulta improcedente verificar el destino de recursos destinados específicamente a la infancia.

El Estado controla de todo un poco. ¿Por qué habría de ser inadmisible controlar la eficacia de una política dirigida precisamente a quienes se pretende proteger?

La respuesta parece ser que hacerlo implicaría desconfiar de los beneficiarios. Pero esa conclusión no se sigue de ninguna parte.

Las auditorías, por ejemplo, no existen porque todos sean deshonestos. Existen porque toda administración responsable debe poder rendir cuentas.

Libertad y responsabilidad no son incompatibles

El secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, sostuvo que una madre puede necesitar utilizar esos recursos para pagar una pensión o un boleto para ir a trabajar. Nadie discute que esas situaciones existan.

Lo discutible es construir toda una política pública sobre ejemplos individuales. Porque las políticas públicas deben diseñarse para millones de decisiones, no para casos particulares.

Naturalmente, ninguna regulación puede prever todas las necesidades de una familia. Pero tampoco puede concluir, por esa razón, que toda trazabilidad carece de sentido.

Entre el control absoluto y la ausencia total de control existe un amplio espacio para mecanismos inteligentes de seguimiento, evaluación y corrección.

Renunciar a ellos no amplía derechos: reduce la capacidad del Estado para saber si está cumpliendo su misión.

La escuela no es una condición burocrática: es la salida de la pobreza

Hay un aspecto que sorprendentemente ha quedado relegado en este debate.

La verdadera política contra la pobreza no consiste en transferir dinero. Consiste en romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y para ello no existe instrumento más poderoso que la educación.

Durante décadas Uruguay entendió que las asignaciones familiares —creadas por iniciativa del gobierno de Amézaga en 1943— no han sido simplemente una ayuda económica. Han sido también un mecanismo para vincular a los niños con la escuela y con los controles de salud. No son un castigo ni una sanción: son el reconocimiento de que el interés superior del niño exige algo más que un ingreso monetario.

La escuela pública, laica, gratuita y obligatoria no es apenas una institución educativa. Es el principal instrumento de igualdad que ha construido la República desde José Pedro Varela.

Cuando un niño abandona la escuela, la pobreza deja de ser una circunstancia y comienza a convertirse en destino.

Por eso resulta tan preocupante que el debate se concentre exclusivamente en la libertad para gastar el dinero y no en la obligación del Estado de garantizar que ningún niño quede fuera del sistema educativo.

La experiencia demuestra, además, que cuando la escuela sale a buscar al niño que desertó logra recuperar a una parte muy importante de esos alumnos. Eso significa que todavía existe una oportunidad de cambiar trayectorias de vida.

Sin escuela, ninguna política social alcanza. Sin escuela, las transferencias alivian el presente, pero no modifican el futuro.

Combatir la pobreza infantil exige mucho más que distribuir recursos. Exige asegurar que cada niño permanezca dentro del sistema educativo y acceda efectivamente a los controles de salud que hacen posible su desarrollo.

Porque el verdadero objetivo nunca fue repartir dinero. Siempre debió ser ampliar oportunidades.

La evidencia no sustituye la obligación de administrar

El gobierno invoca estudios que muestran que la inmensa mayoría de las familias beneficiarias utiliza adecuadamente las transferencias y no incrementa consumos considerados superfluos. Esa evidencia merece ser tenida en cuenta.

Pero aun aceptándola plenamente, la conclusión sigue siendo la misma. Las políticas públicas no se diseñan únicamente para los casos promedio. Se diseñan para asegurar que los recursos públicos lleguen de la manera más eficiente posible al objetivo que los justifica.

La buena fe de la mayoría nunca elimina la obligación de administrar correctamente.

Si así fuera, tampoco serían necesarias auditorías, controles financieros o tribunales de cuentas.

Tampoco es correcto presentar esta reforma como si inaugurara un sistema más moderno. Las asignaciones aamiliares existen en Uruguay desde hace más de cuatro décadas y siempre estuvieron asociadas al cumplimiento de obligaciones vinculadas a la educación y la salud de los menores. Incluso el propio sistema que el gobierno propone unificar mantiene parcialmente esas contraprestaciones.

La verdadera novedad no consiste en fortalecer esas exigencias, sino en eliminar los instrumentos que permitían conservar un grado razonable de trazabilidad sobre una parte importante de las prestaciones destinadas específicamente a la infancia.

Lo verdaderamente importante

Existe, además, una discusión mucho más profunda.

Las transferencias monetarias alivian situaciones urgentes. Pero difícilmente transformen por sí solas las causas estructurales de la pobreza.

Educación, empleo, salud, vivienda, cuidados y desarrollo territorial siguen siendo los verdaderos instrumentos para quebrar la transmisión intergeneracional de la vulnerabilidad.

Precisamente por eso, cuanto más limitada es la capacidad transformadora de una transferencia de dinero, mayor debería ser la preocupación por verificar que cumpla efectivamente el objetivo para el cual fue concebida.

La política social no puede reducirse a depositar dinero y esperar que todo salga bien. Porque entonces deja de ser una política pública y pasa a ser, simplemente, una transferencia sin responsabilidad.

La libertad de las familias merece todo el respeto. La renuncia del Estado a rendir cuentas sobre el destino y la eficacia del dinero público, no.

Pero, reiteramos, la política social no puede reducirse a transferir dinero. Debe crear capacidades. Y la primera de ellas sigue siendo la misma que la República descubrió hace casi ciento cincuenta años: que un niño en la escuela vale infinitamente más que cualquier transferencia que lo mantenga fuera de ella.

La asistencia puede aliviar la pobreza; sólo la educación puede derrotarla.