La trasparencia no puede generar castas
Viernes 23 de octubre de 2026. Lectura: 4'
Por Elena Grauert
La trasparencia es un componente de la libertad que fortalece la democracia, pero su defensa no justifica que se invierta la carga de la prueba ni que se excluya a los ciudadanos del derecho a ser elegidos.
Hace unas semanas, el senador Daniel Caggiani, haciendo gala de su más absoluto dirigismo conceptual y dogmatismo ideológico, presentó un proyecto de ley que exige la exclusividad parlamentaria, por el cual se prohibiría que los legisladores pudieran realizar o tener otra actividad.
En cada elección nacional se ponen nuevamente en juego las 99 bancas de la Cámara de Representantes y las 30 del Senado.
Cada cinco años se abre la cancha y entran todos a jugar y competir. La pregunta es qué tipo de Parlamento queremos: ¿está funcionando el Poder Legislativo de forma que represente realmente a la ciudadanía? ¿Debería modernizar su funcionamiento? ¿Cuál es verdaderamente la calidad legislativa?
Por otra parte, sería bueno medir cuánto inciden la falta de trasparencia, los acomodos, los ñoquis y las contrataciones en la credibilidad de los partidos. Negarlo sería una forma de hipocresía. Pero también sería un error creer que toda respuesta que se presente con la etiqueta de “transparencia” mejora automáticamente la democracia.
Las normas de transparencia son una herramienta de control, pero no pueden ser sanciones anticipadas, ni invertir la carga de la prueba, ni generar una pesada carga económica que dependa del Estado y que conlleve una mayor concentración de poder.
La propuesta de exigir exclusividad absoluta a los legisladores podría ser una forma de excluir de la política a las personas comunes, los trabajadores, los pequeños empresarios, los profesionales y, en general, a la clase media propiamente dicha. Si para legislar tengo que ser un burócrata alejado de la realidad económica y del resto de la sociedad, lo que sucede es que los representantes dejan de representar a la ciudadanía y se convierten en verdaderos burócratas, pasando a formar parte de una casta, ya que el principio de rotación libre y de representación se rompe.
Para evitar el riesgo de que los representantes cometan abusos en beneficio propio, se pretende imponer una norma que atenta contra la república, que tiene entre sus principios fundamentales el derecho a elegir y ser elegido libremente; una norma que termina consolidando el poder en “grandes señores que viven y vivirán eternamente del Estado”.
Hoy la tasa de rotación o recambio de diputados y senadores en el Parlamento es del 52%. En la Cámara de Diputados, la tasa de rotación es del 57%, aproximadamente 56 de sus 99 representantes, y en el Senado, del 33%, lo que refleja una mayor continuidad en la cámara alta.
Esto demuestra que la condición de representante es transitoria y no necesariamente constituye un medio de vida. También reafirma que la norma propuesta podría incentivar una disminución del recambio, que de por sí es sano y contribuye a que las cosas se hagan correctamente, pues la competencia electoral evita que los representantes se eternicen en el poder. Pero, además, no permitirles otros medios de vida llevaría a simulaciones, ocultando propiedades, sociedades o empleos mediante testaferros, y favorecería a quienes tienen mayor poder económico o corporativo. La propia norma generaría la opacidad que pretende combatir.
Quizás las normas que impiden ocupar los cargos durante más de un número determinado de períodos sean más democráticas que imponer trabas o prohibiciones laborales a los políticos o representantes nacionales.
¿Quién podría aceptar un cargo si durante cinco años no pudiera ejercer su profesión, mantener una actividad empresarial o percibir otra fuente de ingresos? En los hechos, podrían hacerlo con mayor facilidad quienes cuentan con ahorros, patrimonio familiar o una estructura que los sostenga. Para un abogado independiente, un médico, un pequeño empresario, un docente o un trabajador que depende de su ingreso mensual, la participación política pasaría a ser una apuesta mucho más costosa o quedaría directamente inhibida.
La norma no escrita dice que no se debe legislar para resolver un caso concreto o corregir un defecto particular; tampoco se puede prejuzgar porque hayan existido actos de corrupción. Mantener la imparcialidad y la honestidad de las personas se logra estableciendo normas claras y sanciones severas. Las incompatibilidades deben ser reguladas con claridad, pero también atendiendo a los principios generales y a la simple lógica. Un legislador no debería votar en asuntos que privilegien a un sector o empresa de los que forme parte o en los que tenga interés. Sería bueno incluso que, antes de comenzar cada legislatura, se aclararan en forma concreta a cada uno las materias o actos en los que no puede pronunciarse.
En obras como Los fundamentos de la libertad y Camino de servidumbre, Friedrich Hayek advirtió sobre los riesgos de una intervención estatal que, bajo la promesa de mayor seguridad o control, termina restringiendo la libertad individual y favoreciendo la concentración del poder.
La defensa de la libertad y de los principios republicanos más clásicos, como la presunción de inocencia, constituye la quintaesencia de la lógica y del deber ser. Cualquier norma que pretenda anticiparse a las conductas individuales o invertir ese principio corre el riesgo de lograr exactamente lo contrario de lo que busca: opacidad, concentración del poder y privilegios para unos pocos.
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