La transición tutelada, el chavismo funcional y los intereses de Washington en Venezuela
Viernes 6 de febrero de 2026. Lectura: 4'
 La caída de Nicolás Maduro abre una nueva etapa en Venezuela: celebrada como victoria por su desenlace, pero marcada por una transición ambigua que parece privilegiar acuerdos geopolíticos y energéticos por encima de una democratización real.
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026 marcó un hito en la historia reciente de Venezuela. El líder chavista que gobernó por más de una década fue detenido y trasladado a Estados Unidos, bajo acusaciones vinculadas al narcotráfico y otros cargos internacionales. La operación —pese a sus cuestionables implicancias jurídicas y soberanas— fue recibida con alivio por muchos venezolanos hastiados por años de crisis económica, represión y corrupción. Sin embargo, celebrar únicamente la caída de Maduro sin analizar con rigor lo que viene después sería poco más que ingenuo.
A apenas un mes de aquel episodio, el panorama político venezolano está lejos de una transición democrática plena. La interina Delcy Rodríguez, antiguamente vicepresidenta, ejerce ahora como jefa de Estado con el respaldo tácito de Washington y de buena parte del aparato militar y político que sostuvo al chavismo durante años. Su gobierno ha consolidado un gabinete que incluye figuras estrechamente vinculadas al antiguo régimen —entre ellas Daniella Cabello, hija del poderoso Diosdado Cabello, ahora ministra de Turismo— y el nombramiento de Félix Plasencia como representante diplomático en Washington, con el objetivo de reanudar relaciones bilaterales y gestionar una agenda común con Estados Unidos.
Esta aparente normalización diplomática y apertura política tiene varias aristas que merecen atención crítica. Por un lado, la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas y el diálogo formal con la administración Trump se inscriben en el marco de una estrategia pragmática de estabilización y reapertura económica, que incluye, entre otros aspectos, permitir exportaciones petroleras a Estados Unidos y aprobar reformas legales al sector hídrico con participación privada.
No por casualidad, el petróleo —el eje estructural de la economía venezolana— ha vuelto a ser moneda de cambio. La venta y exportación de crudo, debilitado durante años por la mala gestión y las sanciones, ahora registra incrementos significativos con el nuevo control operativo por parte de actores más alineados con las políticas estadounidenses. La apertura a inversiones privadas y a operadores internacionales no solo desmantela parcialmente el viejo modelo estatista, sino que también coloca al país nuevamente en la mira de las grandes petroleras y de intereses geoestratégicos que trascienden la narrativa democrática.
Si bien hay señales positivas —como algunos beneficios económicos iniciales y gestos de amnistía a presos políticos—, estos no garantizan una democratización institucional. Organizaciones de derechos humanos y actores opositores han advertido que estas medidas responden, más bien, a concesiones tácticas en un contexto donde Washington busca asegurar estabilidad y acceso a recursos estratégicos, antes que presionar por reformas profundas en el sistema político venezolano.
La oposición tradicional y liderazgos democráticos observan con escepticismo. Según reportes periodísticos internacionales, muchos venezolanos sienten que la transición “no ha iniciado” realmente: la hegemonía del aparato chavista permanece, simplemente reconfigurada bajo nuevos nombres y con mayor interlocución con Estados Unidos, pero sin cambios sustanciales en las reglas de juego político que permitan un ejercicio libre de la democracia.
Esta ambigüedad se refleja asimismo en la retórica oficial de Washington. Donald Trump y su administración han insistido públicamente en que la intervención tuvo por objetivo evitar un desastre humanitario y restablecer el orden, mientras que al mismo tiempo presionan por acuerdos económicos y energéticos que favorezcan los intereses estadounidenses. Algunos legisladores han señalado que la estrategia podría estar priorizando un “chavismo funcional” —una versión suavizada del régimen capaz de cooperar con Washington— en lugar de una completa transición a sistemas democráticos institucionalizados.
En síntesis, la caída de Maduro debe celebrarse por lo que representa para millones de venezolanos que sufrieron bajo su gobierno: una apertura real a la posibilidad de cambio. Aun así, esta victoria está lejos de consumarse como un triunfo democrático pleno. La transición política en Venezuela está siendo forjada en un terreno donde confluyen intereses estratégicos, energéticos y geopolíticos, que no necesariamente coinciden con los valores democráticos que sectores significativos de la sociedad anhelan. El desafío, pues, no está solo en desalojar a un tirano del poder, sino en construir instituciones que garanticen derechos, competencias políticas libres y un Estado de derecho independiente.
La comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, tiene en sus manos la responsabilidad de asegurar que la Venezuela que surge no sea solamente un aliado pragmático para sus objetivos, sino una sociedad verdaderamente libre y soberana.
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