La trampa del ladrillo
Viernes 20 de febrero de 2026. Lectura: 2'
Por Alicia Quagliata
La arquitectura de la emergencia no admite distracciones. Sin embargo, lo que observamos hoy en la gestión de la vivienda en Uruguay es una compleja transición burocrática que amenaza con transformar las promesas en un inventario de expedientes. Mientras los anuncios oficiales hablan de una inversión histórica, la realidad en el territorio dicta una sentencia de espera que agota cualquier margen de paciencia.
El análisis de la situación actual expone una brecha insalvable entre la planificación y la ejecución, lo que nos advierte que el horizonte de 2029 corre el riesgo de ser un espejismo. Debemos comprender que el financiamiento no levanta muros por sí solo. El “Plan Avanzar”, nacido en 2022 y hoy mutado bajo el esquema de “Más Barrio”, se encuentra atrapado en una inercia donde el relato político viaja a una velocidad y la obra pública a otra muy distinta.
Es justo reconocer que el diseño actual incluye obras de infraestructura vitales. Se instalan redes de saneamiento, iluminación y vialidad que transforman el entorno. Pero el desafío de “hacer ciudad” no se agota en el cordón cuneta. La diferencia entre nuestra visión y los modelos de gestión que vemos en otros niveles —esos que parecen enamorados de la “ciudad escenografía”, donde el vecino es un eterno usuario tutelado— es que nosotros proyectamos ciudadanos con derechos plenos.
La Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU) se enfrenta hoy a una parálisis administrativa que genera dudas razonables. Se ha adoptado un modelo que, en los hechos, prioriza la apertura de llamados para listas de prelación orientadas a la contratación de técnicos, mientras la publicación de nuevas licitaciones de obra es alarmantemente escasa. Se sobrevive ejecutando lo licitado en la administración anterior, un ritmo que, a todas luces, no alcanza para cubrir la emergencia. Es inadmisible que la gestión derive en una “administración de la pobreza”, donde se maquilla la cifra sumando ejecuciones heredadas para encubrir la falta de iniciativa propia.
Cuestiono, con la responsabilidad de la técnica, la viabilidad de seguir postergando las adjudicaciones firmes. Un presupuesto sin obra terminada es solo una intención contable. Mientras algunos sectores de la oposición parecen cómodos manteniendo al habitante de la periferia en una dependencia eterna del favor estatal, nosotros debemos exigir la eficiencia que el presupuesto FISU (Fideicomiso Integración Social y Urbana) habilita.
La vivienda debe ser el motor de la clase media y el refugio del vulnerable, no un engranaje de control burocrático. Si no recuperamos la capacidad operativa frente a los retrasos técnicos actuales, el saldo para 2029 será una deuda social impagable. Sería un error histórico dejar que los anuncios nos condenen a un país de maquetas y a una República de promesas a medio construir.
|
|
 |
La continuidad del Estado y el caso Cardama
|
Los suicidas
Julio María Sanguinetti
|
Maneco y la coherencia democrática
|
El control del relato pesa más que la tradición parlamentaria
|
Rigidez laboral y competitividad en riesgo
|
Robert Silva pone en jaque una política educativa sin rumbo claro
|
Periodismo sesgado y política sin límites
|
Carnaval y política: el debate sobre la crítica selectiva
|
Uruguay recupera alas de combate
Santiago Torres
|
Casupá: represa sin presa
Elena Grauert
|
CONAPROLE y su enfermiza relación con un sindicato irracionalmente combativo
Tomás Laguna
|
Cuando la identidad busca refugio
Angelina Rios
|
Las OPV y el gatopardismo del poder político
Juan Carlos Nogueira
|
La trampa del ladrillo
Alicia Quagliata
|
El poderoso vecino
Susana Toricez
|
La alarma está encendida en el Reina Sofía
|
La Moncloa bajo sospecha
|
Quién es “El Cangrejo” y por qué su nombre resuena en conversaciones entre Marco Rubio y el poder cubano
|
El arancel que volvió como boomerang
|
Frases Célebres 1069
|
Así si, Así no
|
|
