Correo de los Viernes - La sensatez siempre paga

La sensatez siempre paga

Viernes 31 de julio de 2026. Lectura: 7'

La exitosa emisión internacional de deuda confirmó una verdad que Uruguay ha aprendido a fuerza de experiencia: la confianza se construye con responsabilidad, previsibilidad y respeto por las reglas de juego. La rectificación del gobierno respecto de las AFAPs no sólo despejó una incertidumbre innecesaria, sino que demostró que, cuando se envían las señales correctas, los mercados responden. La sensatez, al final, siempre paga.

Hay una vieja máxima de la política económica que Uruguay ha aprendido a fuerza de crisis y sacrificios: la confianza cuesta décadas construirla y puede perderse en apenas unos días. Por eso, cuando un gobierno decide rectificar un rumbo que amenazaba con erosionar esa confianza, corresponde decirlo con claridad. No porque implique renunciar a las discrepancias, sino precisamente porque reconocer los aciertos fortalece la credibilidad de quien critica los errores.

La exitosa emisión internacional de deuda concretada esta semana constituye una demostración palmaria de esa realidad. El Estado uruguayo obtuvo US$ 1.250 millones de financiamiento nuevo mediante la reapertura de bonos globales en pesos y dólares, dentro de una operación total de US$ 1.697 millones que, además, permitió recomprar títulos de corto plazo y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública. Más significativo aún fue el dato que realmente observan los mercados: la demanda alcanzó el equivalente a US$ 3.353 millones, prácticamente el doble de lo finalmente emitido. Los inversores, locales y extranjeros, hablaron con sus decisiones.

No se trató únicamente de una operación técnicamente exitosa. Fue, sobre todo, una prueba de confianza. Una prueba que el gobierno necesitaba superar luego del innecesario sobresalto provocado por el llamado “Diálogo Social” y las recomendaciones sobre el régimen de AFAPs.

Durante semanas, el país asistió con preocupación a la posibilidad de que se eliminara la relación comercial entre las administradoras y los trabajadores para trasladarla a un organismo estatal. Aunque se procuró presentar la iniciativa con distintos matices, el mercado entendió perfectamente su significado: una alteración profunda de las reglas de juego de uno de los pilares del sistema previsional.

El resultado fue inmediato. Se instaló incertidumbre precisamente donde Uruguay siempre había exhibido una de sus mayores fortalezas: la previsibilidad.

No se trató de una interpretación caprichosa de los analistas. El propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, reconoció posteriormente que el gobierno decidió postergar la emisión internacional prevista para el primer semestre debido al fuerte “ruido” generado alrededor del “Diálogo Social” y del futuro de las AFAPs. Es decir, el Poder Ejecutivo sabía perfectamente que las señales enviadas al mercado estaban afectando las condiciones para acceder al financiamiento.

Ese ruido no era inevitable. Era un daño autoinfligido.

Por eso saludamos la semana pasada la rectificación del gobierno cuando, luego de mantener conversaciones con las administradoras, resolvió abandonar aquella propuesta y sustituirla por un mecanismo competitivo basado en rentabilidad y menores comisiones. Hoy los hechos terminan de confirmar que aquella marcha atrás fue la decisión correcta.

Las opiniones recogidas tras la emisión son particularmente ilustrativas.

Salvador Ferrer, gerente general de Nobilis —empresa de intermediación de valores— y expresidente del BROU, fue contundente al afirmar que la colocación “vuelve a demostrar que Uruguay mantiene un activo fundamental que es la confianza de los mercados internacionales”. Pero fue todavía más lejos al advertir que la reapertura del debate sobre cambios estructurales en las AFAPs había generado “una incertidumbre que, a mi juicio, era innecesaria y suponía un cierto daño autoinfligido para un país cuya principal fortaleza es la estabilidad y la previsibilidad”. Difícil resumir mejor lo ocurrido.

En términos similares se expresó Denisse Toledo, de Puente Uruguay —empresa de servicios financieros. La especialista destacó que la sobredemanda demuestra que tanto inversores nacionales como internacionales continúan confiando en la deuda uruguaya y resaltó que el bono en pesos pudo colocarse a un rendimiento inferior al de su emisión original, reflejando mejores condiciones de financiamiento. Al mismo tiempo, reconoció que existía un menor apetito de algunos inversores extranjeros y que persistían interrogantes vinculados al contexto macroeconómico y a las perspectivas del peso. En otras palabras: Uruguay conservó su reputación, pero el episodio dejó cicatrices que nunca debieron producirse.

También Felipe Herrán, de Balanz Uruguay, interpretó que la operación “despeja” cualquier duda sobre la confianza de los inversores extranjeros, valida el proceso de desinflación y confirma la continuidad profesional de la Unidad de Gestión de Deuda, una de las instituciones técnicas más respetadas del Estado uruguayo.

Todo ello confirma que actuar con responsabilidad paga. Siempre paga.

Paradójicamente, pocos días antes el propio ministro Oddone había reaccionado con dureza frente a algunos comentarios opositores realizados tras una licitación doméstica declarada desierta en unidades previsionales. Recordó entonces que “la credibilidad y la confianza de Uruguay es un logro de todos y está por encima de cualquier interés particular”.

Tiene razón.

Pero precisamente por eso corresponde recordar que quien primero comprometió esa credibilidad fue el propio gobierno.

No fueron los mercados quienes imaginaron un cambio radical en el sistema previsional. Fue el Poder Ejecutivo el que incorporó esa propuesta del “Diálogo Social”. No fueron los analistas quienes inventaron el problema. Fueron las señales contradictorias enviadas desde el propio gobierno las que introdujeron una incertidumbre completamente evitable.

Afortunadamente, terminó prevaleciendo la sensatez.

Naturalmente, esa rectificación provocó la reacción iracunda del PIT-CNT, que anunció un paro para el 11 de agosto.

Marcelo Abdala sostuvo que “los acuerdos están para cumplirse” y lamentó que se hubiera descartado la recomendación de centralizar la gestión comercial de las AFAPs. Sergio Sommaruga fue todavía más lejos al calificar la decisión como “una torpeza política”, acusando al gobierno de modificar acuerdos alcanzados durante el “Diálogo Social” y cuestionando que las AFAP y la oposición fueran quienes celebraran el cambio de rumbo.
Esa postura revela una diferencia profunda de prioridades.

Mientras el movimiento sindical considera que la prioridad consiste en sostener un acuerdo político alcanzado en el “Diálogo Social”, el gobierno terminó comprendiendo que existe un bien superior que proteger: la confianza del país frente a quienes financian su deuda, invierten en su economía y evalúan permanentemente la calidad de sus instituciones. Y de paso, cumplir —nada menos— con la voluntad popular.

Porque hay un aspecto institucional que no debería pasar inadvertido. El cambio de rumbo del gobierno no sólo restableció la confianza de los mercados. También significó, en los hechos, reconocer un dato político que nunca debió ignorarse: apenas nueve meses atrás, la ciudadanía rechazó en las urnas una reforma constitucional que tenía como uno de sus ejes centrales la eliminación de las AFAPs y el desmantelamiento del sistema mixto de seguridad social. Podrán discutirse reformas, ajustes y mejoras. Lo que difícilmente resulte compatible con el respeto a la voluntad popular es intentar alcanzar por la vía de un “Diálogo Social” aquello que los uruguayos ya habían descartado en las urnas. La legitimidad democrática también exige escuchar los pronunciamientos del soberano cuando no coinciden con las preferencias de determinados actores políticos o sindicales.

Paradójicamente, el gobierno terminó defendiendo ante los mercados lo mismo que antes había defendido ante los ciudadanos: que la estabilidad institucional y las reglas de juego son un activo del país. La diferencia es que primero pareció olvidarlo cuando cedió a las presiones surgidas del “Diálogo Social” y sólo volvió a recordarlo cuando comprobó el costo que esa vacilación tenía para la confianza.

No deja de resultar llamativo que quienes hoy reclaman preservar la “credibilidad” del “Diálogo Social” parecieran minimizar la importancia de preservar la credibilidad internacional del Uruguay.

Porque esa credibilidad no pertenece a un gobierno ni a un partido. Tampoco al PIT-CNT, a las AFAPs o a la oposición. Es un patrimonio colectivo construido durante décadas por administraciones de distinto signo político, por equipos técnicos altamente profesionales y por una cultura institucional que ha permitido al país diferenciarse positivamente dentro de la región.

La emisión de esta semana demuestra que ese capital sigue existiendo.

Pero también demuestra otra cosa: que los mercados observan atentamente las decisiones políticas. Que las señales importan. Que la previsibilidad tiene valor económico. Y que, cuando un gobierno corrige un rumbo que amenazaba con deteriorar ese activo, la respuesta llega rápidamente.

La enseñanza trasciende esta emisión de deuda.

Uruguay puede debatir reformas, revisar instituciones y discutir modelos de desarrollo. Lo que no puede hacer es transmitir la impresión de que las reglas fundamentales cambian por presión sectorial o por mayorías circunstanciales. Esa incertidumbre siempre tiene un costo.

Esta vez, afortunadamente, el gobierno rectificó a tiempo. Y los mercados respondieron.

La lección es sencilla y conviene no olvidarla.

En materia de confianza, de credibilidad y de estabilidad institucional, la sensatez siempre paga.