Correo de los Viernes - La prisión domiciliaria que la política no quiso resolver

La prisión domiciliaria que la política no quiso resolver

Viernes 11 de setiembre de 2026. Lectura: 6'

Por Juan Carlos Nogueira

La prisión domiciliaria para los presos de edad avanzada vuelve periódicamente al debate político, pero quienes tuvieron los votos para resolverla evitaron pagar el costo de hacerlo, explica Nogueira.

En 2021, Cabildo Abierto presentó un proyecto sobre prisión domiciliaria para presos mayores de 65 años. La iniciativa generó resistencias dentro de la propia coalición y durante años no logró alcanzar acuerdos.

Dos años después, la coalición de gobierno encontró una fórmula diferente. En diciembre de 2023, el Senado aprobó un proyecto impulsado por la nacionalista Carmen Asiaín que permitía a los mayores de 65 años acceder a la prisión domiciliaria cuando la reclusión afectara su salud o dignidad, dejando la decisión en manos de un juez. Cabildo Abierto pretendía una solución más amplia y preceptiva para los mayores de 70 años, pero su propuesta fue rechazada. La iniciativa aprobada por el Senado tampoco llegó a convertirse en ley, pese a que la coalición de gobierno tenía mayoría parlamentaria.

En diciembre de 2025, Pedro Bordaberry, de regreso en el Senado, presentó su proyecto Reconciliación, Verdad y Nunca Más. Entre otras medidas, proponía prisión domiciliaria para condenados mayores de 75 años por hechos anteriores al 1.º de marzo de 1985. Paralelamente, el diputado Rodrigo Goñi presentó otra iniciativa, con un criterio diferente. Ninguna prosperó.

En agosto de 2026, Bordaberry volvió a insistir. Esta vez, el diputado Juan Martín Jorge, perteneciente a su sector, Vamos Uruguay, presentó un aditivo a la Rendición de Cuentas que permitía solicitar prisión domiciliaria a personas de 65 años o más, imputadas o condenadas por hechos cuyo inicio de consumación hubiera ocurrido hacía más de treinta años. Aunque la norma no mencionaba expresamente a los militares, sus efectos alcanzaban claramente a los presos de Domingo Arena y del Anexo de la Guardia Republicana.

Y volvió a repetirse la historia. El aditivo de Vamos Uruguay fue retirado antes de ser votado. No tenía los apoyos necesarios y había generado resistencias incluso dentro del Partido Colorado. Entonces Cabildo Abierto tomó la iniciativa y presentó un texto equivalente. Esta vez sí llegó al pleno de Diputados. Y fue rechazado ampliamente.

Para una parte importante del sistema político, cualquier modificación que pueda beneficiar a los militares condenados por delitos cometidos durante la dictadura resulta políticamente inaceptable.

Pero esa explicación no alcanza. Si el problema hubiera sido únicamente la oposición del Frente Amplio, la coalición que gobernó entre 2020 y 2025 podría haber encontrado una fórmula propia. Blancos y colorados aprobaron en el Senado una solución que contemplaba a los mayores de 65 años. Sin embargo, no lograron convertirla en ley. El obstáculo no fue solamente el Frente Amplio, sino también la falta de acuerdo dentro de la propia coalición. El problema no era solo jurídico. Era político. Resolverlo tenía un costo.

Para buena parte de la oposición, defender abiertamente la prisión domiciliaria de los militares presos tiene un costo político demasiado alto. Pero tampoco resulta sencillo sostener lo contrario sin entrar en contradicción con la defensa de la igualdad ante la ley y de los derechos de los presos de edad avanzada.

El episodio de 2026 lo mostró con particular claridad. Bordaberry impulsó el tema, pero su sector no logró reunir los votos necesarios ni siquiera dentro del Partido Colorado. Los blancos tampoco tenían una posición común y el aditivo fue retirado antes de ser votado. Y cuando el diputado cabildante Álvaro Perrone lo presentó nuevamente, resultó difícil no ver allí oportunismo político.

La insistencia de Bordaberry también puede leerse como parte de la construcción de su perfil político. En un Partido Colorado que busca recuperar espacio frente al Frente Amplio y al Partido Nacional, la defensa de esta iniciativa le permite diferenciarse de Andrés Ojeda y ocupar un espacio propio. Bordaberry obliga a hablar de un asunto que buena parte de la oposición preferiría mantener fuera del centro de la escena.

Nada de esto invalida la legitimidad de la cuestión humanitaria planteada. Bordaberry puede defenderla por razones jurídicas, humanitarias o de convicción personal. Que una posición tenga rédito político no significa que sea falsa ni que quien la sostiene no crea en ella.

Parece que nadie está dispuesto a pagar el costo político de resolver el problema. Para la izquierda, cualquier concesión puede ser presentada como una forma de impunidad. Para buena parte de la derecha, asumir abiertamente la defensa de los militares condenados puede tener un costo electoral. Y para los partidos que pretenden construir una oposición amplia, el asunto introduce una división interna que resulta más conveniente evitar.

Cinco años después, la prisión domiciliaria para presos de edad avanzada sigue sin generar un acuerdo dentro de la oposición.

Eduardo Lust sostiene que el tema no le interesa a la Coalición Republicana. Si realmente hubiera existido voluntad de resolver la situación de los militares ancianos presos, afirma, se habría hecho cuando la oposición tenía mayoría parlamentaria.

La crítica de Lust apunta a una contradicción difícil de negar. Durante cinco años, los partidos que hoy integran la oposición tuvieron mayoría parlamentaria: hubo proyectos y negociaciones, pero no una solución. Ahora, con una correlación de fuerzas mucho menos favorable, el tema vuelve al centro de la discusión y se convierte nuevamente en una bandera política.

Sin entrar aquí en la discusión —jurídica, histórica y política— acerca de si cada uno de los militares presos cometió los delitos por los que fue condenado, hay otra paradoja que suele quedar fuera de este debate.

Quienes hoy discuten la prisión domiciliaria de esos militares lo hacen dentro de las instituciones democráticas uruguayas. Lo hacen en el Parlamento, ante jueces y bajo las garantías de la Constitución. Las Fuerzas Armadas están, además, subordinadas al poder civil.

Pero esas mismas instituciones no pueden darse por descontadas cuando se analiza el período que precedió a la dictadura. Cabe entonces preguntarse: ¿qué habría ocurrido con la democracia uruguaya si las Fuerzas Armadas no hubieran derrotado a las organizaciones guerrilleras que desafiaban al Estado?

Tal vez no habría Parlamento. O, si lo hubiera, podría haber terminado convertido en una institución meramente formal, subordinada a un poder político sin competencia democrática efectiva. La historia posterior de otros países latinoamericanos demuestra que la existencia de un Parlamento no garantiza por sí sola la existencia de una democracia.

Es una pregunta contrafáctica y no podemos saber cuál habría sido la respuesta. Pero eso no debería llevarnos a borrar del relato histórico el papel que tuvieron las Fuerzas Armadas en el enfrentamiento con una insurgencia que buscaba alterar violentamente el orden político, ni tampoco el hecho posterior de que sectores de las propias Fuerzas Armadas terminaran convirtiéndose en protagonistas del quiebre institucional.

Una democracia no debería tenerle miedo a su propia historia, ni siquiera a las partes que incomodan a unos y otros.

Cuando los partidos que hoy integran la oposición tenían los votos, no resolvieron el problema. Ahora que ya no los tienen, algunos han descubierto que hay que hacerlo.

Los presos envejecen y mueren mientras la política continúa postergando qué hacer con ellos.