Correo de los Viernes - La primera Rendición de Cuentas de Orsi: mucho más que un ajuste de partidas

La primera Rendición de Cuentas de Orsi: mucho más que un ajuste de partidas

Viernes 26 de junio de 2026. Lectura: 5'

La primera Rendición de Cuentas del gobierno de Yamandú Orsi no aumentará el gasto global, pero redefinirá prioridades, reasignará recursos y abrirá un debate de fondo sobre el modelo de Estado y de política social que el oficialismo pretende consolidar durante este período.

La próxima Rendición de Cuentas será, probablemente, el primer gran examen político del gobierno de Yamandú Orsi. No porque vaya a incorporar un incremento significativo del gasto público —el propio Ministerio de Economía ha señalado que ello no ocurrirá— sino porque mostrará, por primera vez, cuáles son las prioridades reales de la administración y cómo piensa financiarlas.

Durante la reciente interpelación parlamentaria al ministro Gabriel Oddone quedó claro que el Poder Ejecutivo mantendrá el compromiso de no aumentar el gasto global previsto en la Ley de Presupuesto. Sin embargo, también anunció que habrá reasignaciones para fortalecer determinadas áreas consideradas estratégicas, entre ellas la seguridad pública, el empleo, la atención a las personas en situación de calle y las políticas dirigidas a la infancia.

El mecanismo fue explicado con particular crudeza por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien sostuvo que el gobierno realizará “recortes de grasa” para generar espacio fiscal.

La expresión no pasó inadvertida. Si existen gastos que pueden eliminarse sin afectar el funcionamiento del Estado, surge inevitablemente una pregunta: ¿cuáles son esos gastos y por qué permanecían financiándose hasta ahora? Porque toda reasignación presupuestal supone que alguien gana recursos y alguien los pierde. La verdadera discusión comenzará cuando el proyecto revele cuáles serán los organismos o programas que verán reducidas sus partidas para financiar las nuevas prioridades oficiales.

En definitiva, la Rendición de Cuentas no será una discusión sobre cuánto gastar, sino sobre dónde gastar. Y esa diferencia puede resultar mucho más trascendente que un simple incremento presupuestal.

Uno de los capítulos más relevantes será, sin duda, el referido a las políticas de infancia.

El gobierno ya adelantó que propondrá unificar las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, el Bono Crianza y la Tarjeta Uruguay Social en un único instrumento de transferencia para hogares vulnerables con menores de 18 años. Asimismo, anunció un incremento de las prestaciones, especialmente para los niños de entre cero y tres años, en una medida cuyo costo rondaría los 31 millones de dólares y que, según el Ministerio de Economía, resulta compatible con las metas fiscales.

En principio, la iniciativa encuentra receptividad incluso entre legisladores de la oposición. Existe un amplio consenso respecto a que la pobreza infantil constituye una prioridad nacional y que el Estado debe concentrar esfuerzos para combatirla.

Sin embargo, el acuerdo comienza a resquebrajarse cuando la discusión abandona los objetivos y se concentra en los instrumentos.

La primera interrogante refiere al financiamiento. Diversos legisladores blancos y colorados han planteado que acompañarán el aumento de las prestaciones siempre que el gobierno explique con claridad de dónde surgirán los recursos permanentes para sostenerlas. La pregunta resulta razonable si el propio Poder Ejecutivo insiste en que no incrementará el gasto total.

Pero existe una discusión todavía más profunda.

El informe final del denominado Diálogo Social recomendó eliminar las condicionalidades actualmente exigidas para acceder a determinadas transferencias, entre ellas la obligación de que los niños asistan regularmente a los centros educativos. El Poder Ejecutivo todavía no ha definido públicamente si incorporará esa recomendación en la Rendición de Cuentas.

La eventual eliminación de esas exigencias ha generado un rechazo prácticamente unánime entre los principales referentes de la oposición.

El senador colorado Robert Silva calificó esa posibilidad como un “error garrafal” y sostuvo que la obligatoriedad de concurrir a clases ha demostrado resultados positivos. En términos similares se pronunciaron el senador nacionalista Sergio Botana y el diputado Pablo Abdala, quien incluso sostuvo que eliminar esas condiciones sería un “gravísimo error”. Desde el Partido Colorado, Gabriel Gurméndez y Conrado Rodríguez también manifestaron reservas, aunque coincidieron en respaldar la prioridad otorgada a la primera infancia.

El debate no es menor porque refleja dos concepciones diferentes acerca del papel que deben cumplir las políticas sociales.

Una entiende que las transferencias económicas deben estar asociadas a determinadas responsabilidades familiares, particularmente en materia de educación y salud, de manera de favorecer la movilidad social y evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza. La otra privilegia el acceso universal a las prestaciones, reduciendo o eliminando las contraprestaciones exigidas a los beneficiarios.

No se trata simplemente de una discusión administrativa. Lo que está en juego es el modelo de política social que Uruguay pretende desarrollar durante los próximos años.

Combatir la pobreza infantil exige recursos y sensibilidad, pero también políticas capaces de generar oportunidades permanentes. La asistencia económica resulta indispensable frente a la emergencia, pero difícilmente pueda transformarse, por sí sola, en una herramienta suficiente para quebrar el ciclo de exclusión si no se acompaña de educación, formación, empleo y responsabilidades compartidas.

Por eso, cuando el Poder Ejecutivo remita finalmente la Rendición de Cuentas al Parlamento, la atención no debería concentrarse únicamente en los millones de pesos que cambian de una columna a otra.

Lo verdaderamente importante será descubrir cuáles son las prioridades que el gobierno está dispuesto a financiar, qué gastos considera prescindibles para hacerlo y, sobre todo, cuál es la concepción de Estado y de política social que comenzará a consolidarse durante este período. En esa discusión se jugará bastante más que una simple redistribución de partidas presupuestales.