Correo de los Viernes - La prensa que el poder no puede elegir

La prensa que el poder no puede elegir

Edición Nº 1099 - Viernes 25 de setiembre de 2026. Lectura: 5'

La demanda presentada por CNN, MS NOW y Politico tras la revocación de sus credenciales plantea una cuestión que excede a Donald Trump y a los medios afectados: si un gobierno puede seleccionar quiénes lo cubren según el tono de sus informaciones.

Donald Trump nunca ocultó su hostilidad hacia buena parte de la prensa estadounidense. Durante años convirtió la expresión “fake news” en una etiqueta destinada a desacreditar a medios, periodistas e informaciones que consideraba falsos, injustos o simplemente perjudiciales. Ahora ha dado un paso más: su administración retiró las credenciales de acceso a la Casa Blanca de periodistas de CNN, MS NOW —la antigua MSNBC— y Politico.

Los tres medios presentaron este lunes una demanda ante la Justicia federal de Washington. Sostienen que fueron expulsados por el contenido de su cobertura y que la decisión viola tanto la libertad de prensa protegida por la Primera Enmienda como las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda. También solicitaron una orden judicial urgente que les permita recuperar el acceso mientras se tramita el caso.

La secuencia deja poco espacio para las interpretaciones benévolas. Trump anunció el viernes que prohibiría el ingreso de los tres medios porque difundían, según él, noticias falsas. Al día siguiente, las credenciales electrónicas de varios de sus corresponsales habían sido desactivadas. A una periodista de Politico, además, le fue confiscado el pase cuando intentó ingresar al complejo presidencial. No hubo una infracción concreta, una advertencia previa ni un procedimiento en el cual los afectados pudieran defenderse.

La Casa Blanca argumenta que no está atacando a la prensa libre, sino combatiendo informaciones falsas, deliberadas y coordinadas que Trump llegó a calificar como una amenaza para la seguridad nacional. El vicepresidente J. D. Vance defendió la decisión en nombre de una supuesta “equidad básica”. Pero ninguno de esos argumentos resuelve la cuestión esencial: ¿quién determina qué medio es legítimo y cuál merece ser expulsado?

Es perfectamente posible cuestionar la imparcialidad de CNN, el marcado sesgo ideológico de MS NOW o determinadas prácticas de Politico. También es indudable que algunos medios estadounidenses han confundido con demasiada frecuencia la información con la militancia y que cometieron errores importantes durante las presidencias de Trump. La Primera Enmienda, sin embargo, no fue concebida para proteger únicamente a una prensa equilibrada, rigurosa o favorable al gobierno. Protege también a la prensa hostil, injusta, tendenciosa e incluso equivocada, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan cuando se incurre en difamación u otras conductas ilícitas.

Un presidente puede responder, desmentir, exhibir errores, conceder entrevistas a otros medios y recurrir a la Justicia si considera que ha sido víctima de una falsedad jurídicamente sancionable. Lo que no debería poder hacer es utilizar el acceso a la sede del Poder Ejecutivo como premio para quienes lo elogian y como castigo para quienes lo incomodan.

La discusión jurídica, de todos modos, no es tan simple como podría parecer. La Casa Blanca no es una plaza pública abierta a cualquier persona. Existen razones de seguridad y limitaciones de espacio que obligan a establecer acreditaciones y a seleccionar qué periodistas ingresan en ámbitos reducidos, como el Salón Oval o el avión presidencial. Ningún medio posee un derecho automático a ocupar un lugar determinado junto al presidente.

Pero una vez que el gobierno establece un sistema general de acreditaciones, no puede administrarlo arbitrariamente ni utilizarlo para discriminar opiniones. En 1977, una corte federal sostuvo que la concesión o revocación de credenciales debía apoyarse en criterios definidos y respetar garantías mínimas de procedimiento. En 2018, durante la primera presidencia de Trump, el juez Timothy Kelly ordenó restituir provisionalmente la credencial del periodista de CNN Jim Acosta porque había sido retirada sin el debido proceso. Significativamente, Kelly es también el magistrado al que fue asignada la nueva demanda.

Existe, sin embargo, un precedente más reciente y menos favorable para los demandantes. En 2025, la administración Trump restringió el acceso de Associated Press porque la agencia continuaba utilizando la denominación golfo de México en lugar de golfo de América. Un juez consideró que ese castigo vulneraba la Primera Enmienda, pero un tribunal de apelaciones permitió que la Casa Blanca mantuviera parte de las restricciones en espacios presidenciales reducidos.

La nueva demanda presenta una diferencia relevante. No se trata solamente de excluir a un medio de algún acto limitado por razones de espacio, sino de desactivar credenciales permanentes, impedir el ingreso al complejo de la Casa Blanca y castigar expresamente a tres organizaciones por el contenido general de su cobertura. Esa amplitud podría fortalecer considerablemente la posición de los demandantes.

El conflicto ya produjo, además, una reacción que atraviesa las divisiones ideológicas. Las cinco cadenas que integran el sistema de cobertura televisiva compartida —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— resolvieron suspender su participación después de que CNN fuera apartada del turno que le correspondía. El llamado pool permite que una cámara registre actividades presidenciales y distribuya las imágenes entre numerosos medios. Sin ese mecanismo, la Casa Blanca puede terminar difundiendo principalmente el material que ella misma produce y selecciona.

Ese es el aspecto más preocupante del episodio. El perjudicado inmediato puede ser un periodista o una empresa periodística, pero el afectado final es el ciudadano. El acceso de la prensa al poder no constituye un privilegio concedido para beneficio de los medios. Es una herramienta para que la sociedad conozca qué hacen sus gobernantes, escuche preguntas que ellos preferirían evitar y disponga de versiones diferentes de la narración oficial.

Trump tiene razones para desconfiar de muchos medios y derecho a denunciarlos públicamente. Sus partidarios tampoco están obligados a creerles ni a consumir sus contenidos. Pero permitir que el presidente determine qué periodistas pueden cubrirlo según le agrade o no lo que publican significaría reconocerle la potestad de escoger a sus propios fiscalizadores.

La libertad de prensa no garantiza una prensa virtuosa. Garantiza algo más modesto y, al mismo tiempo, más importante: que el poder no pueda silenciarla por considerarla incómoda. La Justicia deberá resolver ahora el alcance concreto del derecho de acceso. Pero el principio democrático en juego debería admitir menos dudas: la Casa Blanca pertenece a la institución presidencial, no al presidente que transitoriamente la ocupa.