En países en América Latina, una mayoría piensa que el ejecutivo trabaja para debilitar al poder judicial. Eso es miope, afirma Michael Reid en una columna para Letras Libres que reproducimos.

En marzo de 2014 un "doleiro" (cambista de dólares) fue detenido en Brasil por haber recibido pagos ilegales procedentes de contratos inflados en la construcción de una refinería en el estado de Pernambuco. Poco después Paulo Roberto Costa -el exdirector de refinación y abastecimiento de Petrobras, el gigante petrolero controlado por el Estado brasileño- fue también detenido. Fue el comienzo de la investigación judicial conocida como Operação Lava Jato, que adquiriría dimensiones continentales y metería a expresidentes en la cárcel. Decenas de políticos y ejecutivos de empresas de construcción fueron procesados y muchos sentenciados por participar en un esquema en que alrededor de 2.1 mil millones de dólares de contratos amañados fueron dirigidos a políticos. En Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pasó 580 días encarcelado en una comisaría por supuestamente haberse beneficiado. En Perú tres expresidentes han pasado periodos en la cárcel y otro, Alan García, se suicidó cuando los fiscales llegaron a su casa. En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas fue condenado. En 2016 Odebrecht, la empresa de construcción acusada de corrupción con doce países latinoamericanos, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos donde reconoció su culpabilidad en el pago de sobornos y aceptó una multa de 3.5 mil millones de dólares.

Operação Lava Jato fue llevado a cabo por una nueva generación de jueces y fiscales más capacitados que sus antecesores. Usaron nuevos instrumentos de investigación, incluyendo acuerdos de delación premiada y el intercambio de información financiera entre investigadores de distintos países. Se atrevieron a usar la detención preventiva de los poderosos para forzar su colaboración y confesiones. Parecía marcar un antes y después en la lucha contra la corrupción en América Latina.

Sin embargo, diez años más tarde la clase política está en plena campaña de revancha. El año pasado José Antonio Dias Toffoli, un magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, anuló gran parte de las pruebas obtenidas en las investigaciones de Lava Jato. Toffoli también está anulando las multas multimillonarias dictadas contra las empresas de construcción. Antes, otro magistrado, Edson Fachin, había anulado las sentencias contra Lula dictadas por Sergio Moro, un juez de Curitiba, argumentando que no tenía jurisdicción. En Perú la fiscalía ha abierto un expediente contra Rafael Vela y José Domingo Pérez, los dos fiscales que investigaron a los expresidentes. En varios otros países las investigaciones sobre el esquema fueron bloqueadas antes de que arrancaran.

Detrás de estos acontecimientos hay una historia triste de politización de la justicia que amenaza al Estado de derecho, y que se aplica tanto a las investigaciones como a su desmontaje. El juez Moro parecía estar decidido a tumbar a Lula como fuera. Lo sentenció a casi diez años por supuestamente haber recibido corruptamente un tríplex en un balneario, a pesar de que nunca lo ocupó y que la evidencia en el caso fue muy débil. La credibilidad de Moro se vio afectada después por la publicación de mensajes que mostraron una coordinación ilícita entre él y el fiscal en el caso; por haber filtrado ilícitamente un acuerdo que incriminó a Lula poco antes de la elección de 2018, y por haber aceptado el cargo de ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro. Las sentencias dictadas por Moro no solo eran cuestionables sino desproporcionadas.

En Perú también había un claro sesgo de los fiscales, pero de signo político opuesto. Se abusó de la detención preventiva. Keiko Fujimori, la lideresa de la oposición de derecha, pasó más de dieciocho meses en la cárcel por una donación de Odebrecht de un millón a su partido, aunque eso estaba tipificado como una falla administrativa y no como delito penal en el momento en que ocurrió. Tachar a partidos políticos legales de "organizaciones criminales" solo lleva al descrédito de la política democrática. En Perú los fiscales filtraron sistemáticamente alegaciones no probadas a los medios, y eso hizo que se perdiera por completo la presunción de inocencia, que es la diferencia entre la justicia y la tiranía.

Pero el péndulo se va al otro extremo, de la judicialización de la política a una vuelta a la impunidad. Hubo evidencia contra Lula en otros casos, y sobre todo contra Odebrecht y muchos otros políticos. Que se produjera un abuso de las delaciones premiadas y la detención preventiva no quiere decir que se deba renunciar por completo a estos instrumentos. (En Ecuador, una corte temporalmente liberó a Glas, quien pidió asilo político en la embajada mexicana en Quito. Para impedir eso el gobierno de Daniel Noboa allanó la embajada, una torpeza que viola el derecho internacional.)

Todo esto preocupa porque se inserta en un cuadro mayor de debilitamiento de la independencia judicial y del Estado de derecho en América Latina, e incluso más allá de ella. Según la ONG World Justice Project (WJP) el mundo vive "una recesión en el Estado de derecho" (rule of law) desde hace varios años. Eso se aplica a Estados Unidos, donde los republicanos han maniobrado para conseguir una mayoría blindada en la Corte Suprema, cuyos dictámenes (sobre el aborto, por ejemplo) la están alejando cada vez más de la opinión pública. Encuestas hechas por el WJP en Estados Unidos mostraron que en 2021 solo un 24% pensaba que un alto funcionario que comete un delito acabaría procesado, mientras que en 2014 un 60% pensaba que sí. Y no digamos en España, donde los dos partidos principales están enfrascados en una lucha por ejercer influencia sobre los nombramientos judiciales.

Tal como señalaron pensadores como Montesquieu y James Madison, la separación de poderes y la independencia judicial están en la base del buen gobierno. Son cimientos de la democracia. Hay todavía ejemplos de independencia judicial en países como México y Argentina y sobre todo en Chile y Uruguay. Sin embargo, las encuestas del WJP en 2023 revelaron que en dieciocho países en América Latina una mayoría piensa que el ejecutivo trabaja para debilitar al poder judicial. Eso es miope. Un poder judicial fuerte e independiente es la mejor garantía de la prosperidad y la seguridad, que deben interesar a los políticos honestos.