La política del reestreno: la urgencia no admite pausas
Edición Nº 1077 - Viernes 17 de abril de 2026. Lectura: 3'
Por Alicia Quagliata
El reciente anuncio del plan “Más Barrio” en la Torre Ejecutiva desnuda una realidad preocupante: se ha priorizado el impacto de una nueva marca por sobre la celeridad que exige la emergencia habitacional, malgastando un año de gestión en un relanzamiento que bien pudo ser una transición natural.
En la gestión pública, la verdad no reside en los discursos, sino en los expedientes. El evento del pasado 7 de abril ha sido presentado como una revolución, pero detrás de la puesta en escena lo que queda al descubierto es una “siesta administrativa” de más de doce meses.
Este tiempo fue utilizado para maquillar procesos que ya tenían el motor encendido. Para el vecino que sobrevive entre el barro y la carencia, la diferencia entre este nuevo esquema y el anterior Plan Avanzar es casi imperceptible, aunque para el presupuesto sea sustancial.
¿En qué se diferencia el “Más Barrio” del “Avanzar”?
Mientras que el plan de 2022 nació como una respuesta de infraestructura pura —ladrillos, saneamiento y realojos—, la nueva propuesta desplaza el eje hacia la “recuperación del territorio”. La diferencia real se traduce en la entrada del Ministerio del Interior en la mesa de decisiones.
A esto se suma un refuerzo de 50 millones de dólares de la CAF destinados, fundamentalmente, a seguridad y convivencia. Es decir: donde antes el foco era la urbanización, hoy la prioridad es el control policial como paso previo a la obra civil.
Es necesario ser precisos: esta articulación con la seguridad no solo es justificada, sino necesaria. Nadie con honestidad intelectual puede cuestionar que el Estado debe entrar con garantías en zonas críticas. El problema no es el fondo de la medida, sino cómo se utilizó esta “nueva mirada” como escudo para la parálisis administrativa.
La estafa de la espera
Que una medida sea necesaria no la convierte en una excusa para detener el reloj. La coordinación entre ministerios es una obligación permanente del Estado, no un evento extraordinario que requiera un año de preparación escénica.
Lo que realmente ocurrió es que se utilizó el diseño de esta etapa para encubrir un vacío de gestión. Mientras el dinero dormía en las cuentas del Fideicomiso Integración Social y Urbana, el gobierno se tomó un recreo para que la foto del reestreno fuera perfecta y el logotipo combinara con el nuevo relato de seguridad ciudadana.
La maquinaria no se detuvo del todo únicamente por la inercia técnica del plan anterior; las obras ya firmadas siguieron su curso porque los fondos estaban blindados jurídicamente por el fideicomiso. Pero el motor de los nuevos proyectos se apagó por una decisión puramente cosmética.
El costo de la postergación
Se prefirió postergar nuevos frentes de obra para que no quedaran pegados a la denominación anterior. El 7 de abril no fue un comienzo; fue el final de una larga e injustificada pausa publicitaria en la que se priorizó la sincronización del anuncio sobre la urgencia de los llamados a licitación.
Esta pulsión por refundar lo que ya estaba en marcha tiene un costo humano inaceptable, generando un cuello de botella que pone en jaque las metas del 2030. No se puede ejecutar en cuatro años lo que requiere cinco; la física de la construcción no entiende de cronogramas electorales.
La dignidad no puede esperar al diseño
Resulta de una profunda frivolidad observar cómo se antepone el lanzamiento de una marca a la urgencia de quienes esperan. Detrás de cada mes de demora en las licitaciones, hay familias que siguen pisando barro mientras el saneamiento aguardaba a que el gobierno terminara de elegir su eslogan favorito.
El Estado no es un botín para la propaganda; es una posta que se debe entregar con celeridad. El vecino no necesita patrulleros en los discursos ni música de fondo en la Torre Ejecutiva; necesita que el Estado respete la continuidad y entienda que cada día perdido en imagen es una traición a su urgencia.
Menos maquillaje y más rigor en la gestión. La dignidad de los uruguayos no puede seguir esperando a que el gobierno termine de diseñar el próximo cartel de obra.
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