La policía del pensamiento
Viernes 5 de junio de 2026. Lectura: 3'
Por Luis Hierro López
Reaparecen en Uruguay gestos de persecución política que tienen rasgos fascistas muy preocupantes.
El Pit Cnt y sus organizaciones satélites acaban de hacer una denuncia penal contra el ciudadano uruguayo-israelí Roni Kaplan, vocero del Ministerio de Defensa hebreo, por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Kaplan, nacido en Montevideo, es economista de profesión, y estudió filosofía y ciencias políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es un vocero, no una autoridad militar o política, y accedió a su posición por su manejo del idioma español. Aparece en los lugares de la conflagración, dando cuenta de las situaciones y tratando de informar.
Hace pocos días, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir reconoció que tiene la intención de desarchivar y volver a tratar un proyecto de ley, que estuvo sobre la mesa durante el período legislativo anterior, que busca castigar a aquellas personas que nieguen públicamente el terrorismo de Estado cometido en el período comprendido entre 1968 y 1973 y durante la dictadura cívico-militar. La reacción de Valdomir se debe a la discusión sobre la cantidad de personas desaparecidas, ya que la Comisión para la Paz estableció que son 31, y los sectores militantes manejan centenares. Algo así se quiso hacer en Argentina para imponer la “verdad dogmática” de que los desaparecidos fueron 30.000 y no 8.500 como surge de las informaciones oficiales.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo acaba de cesar de sus funciones –a solicitud previa de Familiares– en el Ejército a la abogada Lourdes Figueredo, asesora del Comandante en Jefe del Ejército, por haber participado en un “acto político”, al asistir a una reunión del Parlamento Europeo en la que se analizó la situación de los militares uruguayos procesados y sostener que hay condenas sin pruebas, algo que llegaron a reconocer el expresidente Mujica y su señora Topolanski.
También pesa sobre la abogada la acusación de que defiende a los militares procesados, como si eso mismo fuera un delito…
El Frente Amplio ingresa así en una nueva etapa, la de la persecución política de estilo fascista. Podrá decirse que las acciones no son todas del Frente Amplio y que, por lo tanto, la acusación es exagerada, pero no lo es. El Frente Amplio es el responsable de esas acciones persecutorias, las promueve o por lo menos no las impide, y en esa medida admite que procedimientos claramente antidemocráticos sean asumidos como políticas oficiales.
Los tres casos mencionados no son exactamente iguales, pero demuestran un grado de rencor y de dogmatismo que lamentablemente caracteriza a las organizaciones supuestamente vinculadas a la defensa de los derechos humanos, cuando en realidad se trata de militantes radicales que sufren la hemiplejia de condenar para un lado y no mirar para el otro, y que no defienden ningún principio sino su interés sectorial y particularísimo.
Estos militantes creen tener la única verdad y juzgan al resto de los uruguayos desde la supuesta altura de una condición ideológica y moral que les daría superioridad. Ese es el principio del fascismo y del nazismo, creer que hay seres humanos mejores que otros, por su cultura, por su raza, por su pensamiento, lo que les daría derecho a juzgar a otros sin respetar los procedimientos y las garantías judiciales que deberían ser sagradas en una República.
No todos los ciudadanos frenteamplistas piensan y sienten como estos militantes. Pero es necesario que esa otra parte de la izquierda reaccione y empiece a ponerle límites a los fascistas de turno que siguen ganando espacios en favor del totalitarismo y que tienen la fuerza de imponer sus persecuciones al nivel del Estado.
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