Correo de los Viernes - La “paz total”: crónica de un fracaso anunciado en Colombia

La “paz total”: crónica de un fracaso anunciado en Colombia

Edición Nº 1079 - Viernes 1 de mayo de 2026. Lectura: 4'

El ambicioso plan de Gustavo Petro para negociar simultáneamente con guerrillas y bandas criminales terminó agravando la violencia en Colombia. Lejos de ser un tropiezo circunstancial, el fracaso de la “paz total” expone errores de diagnóstico que se arrastran desde hace décadas y que hoy vuelven a traducirse en más territorio perdido, más poder para los grupos armados y menos capacidad estatal.

La apuesta de Gustavo Petro por la llamada “paz total” nació con ambición refundacional: cerrar definitivamente el ciclo de violencia que durante décadas marcó a Colombia mediante negociaciones simultáneas con guerrillas, disidencias, grupos narcotraficantes y estructuras criminales. La idea, presentada como un giro histórico frente a políticas anteriores, buscaba integrar a todos los actores armados en procesos de diálogo, ofreciendo incentivos judiciales y políticos bajo la premisa de que la violencia tenía raíces sociales y económicas que el Estado debía reconocer.

Sin embargo, más que una innovación sólida, la “paz total” fue en gran medida una reedición ampliada —y desordenada— de estrategias previas que ya habían mostrado límites estructurales. El antecedente inmediato es el acuerdo con las FARC en 2016, que lejos de pacificar completamente el territorio derivó en la fragmentación de la guerrilla y el surgimiento de disidencias. A esto se sumó la persistencia del ELN y el crecimiento de economías ilegales, especialmente el narcotráfico, que siguieron financiando la violencia.

Una estrategia sin control ni jerarquías

El diseño de la “paz total” partía de una premisa cuestionable: que todos los actores armados podían ser tratados bajo un mismo paraguas político. En la práctica, esto implicó abrir múltiples mesas de negociación sin coordinación efectiva, debilitando la capacidad del Estado para imponer condiciones. La ausencia de una jerarquización clara (¿quién negocia primero?, ¿quién obtiene beneficios?, ¿qué pasa ante incumplimientos?) generó incentivos perversos: grupos armados aprovecharon los ceses al fuego para reorganizarse, expandirse territorialmente y fortalecer sus economías ilegales.

El resultado ha sido el opuesto al prometido. Informes recientes coinciden en señalar un recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país, con aumento de homicidios, desplazamientos y control territorial por parte de grupos ilegales. La fragmentación criminal no solo no se redujo, sino que se sofisticó.

La narrativa del “fracaso nacional”

Ante la evidencia, Petro ha intentado diluir responsabilidades. Su afirmación de que el fracaso de la paz “no es personal sino nacional” busca trasladar el problema a una supuesta falla estructural del país. Pero ese argumento ignora que su política profundizó errores históricos: subestimó la naturaleza económica del conflicto, sobrestimó la voluntad de negociación de actores criminales y debilitó la presión estatal en nombre del diálogo.

No se trata de un problema abstracto ni inevitable. Es el resultado de decisiones concretas: flexibilizar el uso de la fuerza sin garantías de cumplimiento por parte de los grupos armados, multiplicar interlocutores sin capacidad de control y otorgar legitimidad política a organizaciones cuya lógica principal sigue siendo el negocio ilícito.

Una continuidad ideológica con costos reales

El fracaso de la “paz total” no puede entenderse sin una mirada más amplia sobre cierta tradición de la izquierda latinoamericana, que tiende a interpretar la violencia armada como una consecuencia casi exclusiva de desigualdades sociales, minimizando su dimensión criminal y económica. Esa lectura ha llevado, una y otra vez, a procesos de negociación mal diseñados, donde el Estado cede antes de consolidar condiciones mínimas de seguridad.

En el caso colombiano, esta visión choca con una realidad persistente: buena parte de los grupos armados ya no responden a motivaciones ideológicas sino a incentivos financieros ligados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Pretender integrarlos políticamente sin desmantelar esas estructuras es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, funcional a su fortalecimiento.

¿Qué puede esperarse?

El panorama a futuro es complejo. Es probable que el gobierno de Petro intente recomponer parcialmente su estrategia, reduciendo el número de procesos abiertos y endureciendo condiciones. Sin embargo, el daño ya está hecho: los grupos armados han ganado tiempo, recursos y territorio.

Más allá del ciclo político inmediato, el desafío estructural persiste. Colombia enfrenta un dilema que arrastra desde hace décadas: cómo combinar negociación y fuerza sin caer en los extremos de la concesión indiscriminada o la represión ineficaz. La experiencia reciente sugiere que cualquier política que ignore la naturaleza híbrida —política y criminal— de estos actores está condenada al fracaso.

La “paz total” prometía cerrar una era. En cambio, confirma una constante: cuando la estrategia parte de diagnósticos equivocados, el resultado no es la paz, sino una nueva fase del mismo conflicto.