La oportunidad del Acuerdo Transpacífico en un mundo globalizado
Viernes 28 de noviembre de 2025. Lectura: 5'
Por Elena Grauert
El CPTPP desafía a Uruguay a repensar su Estado, su economía y su lugar en el mundo.
Conmemorar los 40 años de democracia hoy es un acto de reconocimiento y también de alerta.
Uruguay y las democracias atraviesan momentos de lucha por conquistar los centros, el justo medio y defender la paz, frente a ataques de populismos de izquierda y de derecha, al resurgimiento de movimientos nazis, a la intolerancia al pensamiento confrontativo y a una grave escasez de proyección a largo plazo, indispensable para la supervivencia de la democracia.
El mundo se ha achicado y los Estados nacionales del siglo XIX y XX van decayendo frente a una industria de megaempresas que están en movimiento y en la que todos los países compiten por atraer inversiones. Hace poco, el ministro Oddone hablaba de la instalación de más data centers en Uruguay, como sucedió con Google.
En esa línea de apertura, saludamos el ingreso al Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), un acuerdo comercial moderno que incluye a once países y abarca una amplia gama de temas, por lo que un país que se incorpora debe realizar ajustes en su legislación y políticas internas. Lo mismo ocurrirá si se termina aprobando el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Son cambios importantísimos, que requieren apertura y un crecimiento económico real, no a los ritmos que hoy tiene Uruguay.
Esos grandes proyectos fueron parte de la visión del Partido Colorado desde siempre: Luis Batlle Berres, en los años cincuenta, buscó abrir el mercado norteamericano, y durante el gobierno de Julio María Sanguinetti se impulsaron la política forestal y las zonas francas, que dinamizaron una economía estancada, con altísimos niveles de pobreza, muy bajos salarios y el enorme flagelo de la inflación endémica.
Aquel fue un esfuerzo de largo plazo que transformó la matriz productiva. La forestación se consolidó como el principal producto de exportación, generó trabajo y valor agregado con la instalación de plantas de celulosa e incluso contribuyó a la descentralización territorial.
El CPTPP fue presentado el 20 de noviembre de 2022 por el entonces diputado Ope Pasquet ante el Comité Ejecutivo Nacional, que apoyó la iniciativa de incorporarse al denominado “Acuerdo Transpacífico”, ratificando lo expresado por ese mismo órgano el 13 de septiembre de 2021: “Uruguay debe aspirar a incorporarse a este grupo de naciones de vanguardia en el comercio internacional […] que permitan articular nuestra vocación regionalista con una apertura al mundo que es hoy indispensable para el desarrollo nacional y la creación de las fuentes de trabajo que nuestra sociedad reclama”.
Por tanto, se aplaude el desafío. Es enorme, porque requiere revisar los monopolios, fortalecer y modernizar el Poder Judicial para dar respuestas rápidas y adecuadas, y revisar la política tributaria, sus objetivos, fines y mecanismos de cumplimiento. Todo ello con el objetivo de crecer, generar inversión, ser un país abierto de cara al mundo y competir con los demás para atraer empresas y personas que se radiquen, generen empleo, avances tecnológicos y un hub de desarrollo.
Para lograrlo, es necesaria una reforma del Estado que lo haga más eficiente, que no sea un fin en sí mismo, sino un instrumento. Revisar el cumplimiento y la pertinencia de cada uno de sus órganos es fundamental, porque lamentablemente existe una tendencia a crecer, solicitar más impuestos y crear nuevos organismos, pero sin revisar el cumplimiento de los objetivos.
La experiencia demuestra que cada órgano que se crea luego se llena, crece y genera más gasto. Por eso, antes de crear nuevos organismos, deberíamos auditar los existentes. Ahorrar en gastos y trámites, e invertir en mejor calidad: ese debería ser el destino de los fondos públicos, para que lleguen a la ciudadanía en servicios de calidad como seguridad, educación y seguridad social.
Ahora tendremos un gobierno que apoya la incorporación a estos tratados, lo que implicará grandes cambios. Y quienes defienden la “máquina de impedir” volverán a oponerse, como ya lo hicieron, reclamando más impuestos, más Estado y más cargos. En nombre de una supuesta justicia social, esas posturas generan una fuerte oposición dentro del propio gobierno, con discursos populistas que no cambiarán la vida de las personas ni aliviarán la pobreza o la infancia vulnerada. La única forma es educar, invertir, crecer, generar empleos genuinos y emprender. Se debe enseñar a pescar y no esperar ser pescado; entregar dinero sin nada a cambio ni seguimiento efectivo solo genera más pobreza.
No hay magia: la riqueza no se genera mediante impuestos. Basta ver las zonas francas y los edificios construidos allí: cuando se vuelca dinero a actividades productivas, se crece. Todo esto está frente a nuestros ojos, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Los países compiten por atraer talento y capital; las empresas operan sin fronteras; la inteligencia artificial desborda las regulaciones clásicas; y los Estados nacionales —tal como los conocimos— enfrentan el desafío de sostenerse en un entorno de movilidad global.
El Tratado Transpacífico, como el acuerdo con la Unión Europea, implica competencia, mercados y calidad. Se necesita que las empresas inviertan en tecnología, generen riqueza en el país y puedan exportar, lo que requerirá madurez. Como lo fue el proyecto forestal, pero ampliado a otros sectores: un Estado que rinde cuentas, un Parlamento que controla, un gobierno que no se escuda en consignas para justificar impuestos improvisados y una sociedad que entienda que la libertad económica es parte integral de la libertad política.
El desafío es inmenso, pero vale la pena, porque no existe futuro ni políticas sociales reales si no se logra ese crecimiento.
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